Mariano Rajoy en el mitin ofrecido en Valencia de cara a las elecciones generales de junio. FOTO: Eva MáñezVALÈNCIA. Las últimas informaciones publicadas en diversos medios nacionales apuntan a una intensificación de las conversaciones entre el Gobierno de Mariano Rajoy y Cataluña. Sorpresa. Tal y como ha venido sucediendo en las últimas décadas, todo apunta a que el Ejecutivo central de turno busca el apoyo de nacionalistas vascos y catalanes para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que el PSOE ya ha anunciado que va a rechazar.
Y no solo eso. En esta ocasión, el proceso soberanista abierto en Cataluña complica el escenario: una vuelta de tuerca que invita a Rajoy y a su oficial avanzada en las conversaciones, Soraya Sáenz de Santamaría, a abrir un abanico de posibilidades que, por otra parte, es deseado desde al menos una parte del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCat), antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Así, una resolución del conflicto catalán podría permitir a Rajoy matar dos pájaros de un tiro: poner fin a la amenaza soberanista y sacar adelante los PGE con el apoyo de los nacionalistas, como han venido haciendo los gobiernos sin mayoría absoluta, del PP y del PSOE, desde Felipe González.
Con este escenario, ¿cómo afecta esta situación al llamado problema valenciano? Son movimientos que no dejan indiferentes a las fuerzas que componen el Gobierno valenciano, especialmente a Compromís, cuyo portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, ya reclamó públicamente en una entrevista concedida a Valencia Plaza estar a la espera de la llamada de Sáenz de Santamaría para negociar los PGE.
Esa llamada, dos meses después, no se ha producido. Un indicativo que evidencia que las negociaciones no van dirigidas, por lo menos de momento, a contar con los diputados de Compromís para sacar adelante los PGE, pese a que podrían ser decisivos si existiera el respaldo de Ciudadanos, Coalición Canaria y PNV. Sumarían 175 diputados y al PP le bastaría una abstención para sacarlos adelante.
En esta línea, Compromís exigió este lunes en un acto en el que participó el propio Baldoví y el síndic de Les Corts, Fran Ferri, la puesta en marcha de un Plan de Choque de Inversiones por parte del Ministerio de Fomento "para destinar, al menos, 1.200 millones anuales entre 2017 y 2020" en inversiones en la Comunitat Valenciana. Una petición que se incluyó en la PNL presentada sobre este asunto que ira al pleno de Les Corts precisamente este miércoles.
Sería una de las claves de la 'agenda valenciana' que Compromís ni siquiera ha tenido ocasión de mostrar a Sáenz de Santamaría, mientras observa como Rajoy tiene sobre la mesa una carta con las 12 medidas de la 'agenda vasca' que le envió Iñigo Urkullu a principios de año -están pendientes de una cita en La Moncloa- y los 46 puntos de la 'agenda catalana', de los que el Gobierno está dispuesto a negociar 45, todos menos el del referéndum.
Existen claves que invitan a pensar que hay ciertos mimbres para una solución acordada entre los gobierno español y catalán y entre el PP, PDeCat y ERC. Así, algunos sectores de la antigua Convergència parecen buscar una pista de aterrizaje de la aventura soberanista en forma de un acuerdo con base económica y competencial. Un partido, el expresidido por Artur Mas, que viene acaparando portadas de los medios en los últimos años no solo por su viraje independentista, sino también por numerosos presuntos casos de corrupción.
Por otro lado, la ocasión es buena para el PP. Descartada una reforma constitucional amplia a corto plazo, la formación popular puede buscar vías de acomodar las aspiraciones catalanas de blindaje competencial dentro de la Constitución vía disposición adicional, además de una oferta de carácter económico y fiscal -financiación e infraestructuras- que los populares pudieran diseñar de cara a aplacar los ánimos del nacionalismo moderado catalán. Cabe recordar que PDeCat ya accedió a un acuerdo para elevar a la popular Ana Pastor a la presidencia del Congreso, una circunstancia que luego no fue acompañada de un voto favorable a la investidura de Rajoy, pero que evidenció que los exconvergentes podían abrirse a negociar.
Además, al Gobierno de Rajoy le conviene cerrar la puerta a cualquier vía que pudiera surgir de un congreso socialista en el que Pedro Sánchez saliera vencedor dada la nueva imagen casi prosoberanista que viene ofreciendo el exlíder del PSOE. Así pues, el PP tiene la ocasión para cerrar el debate con un pacto que le permita desinflar la baza independentista y sacar los presupuestos adelante.
En este sentido, ya en abril del año pasado el Govern de Catalunya liderado por Carles Puigdemont remitió a La Moncloa 46 puntos para un acuerdo. Un documento que se ha revitalizado estos días cuando se han hecho públicos los contactos: desde Madrid, solo descartan hablar sobre el primer apartado dirigido a la celebración de un referéndum. El resto, es negociable.
Así, uno de los puntos a los que se refiere el Govern de Catalunya en su documento es el de la financiación autonómica. Ahora bien, Carles Puigdemont no acudió a la Conferencia de Presidentes celebrada en enero donde precisamente se debatió sobre la reforma del sistema: de hecho, el propio Rajoy remarcó -al igual que su partido subrayó en las ponencias de su congreso- que no habrá negociaciones bilaterales en este punto.
En el texto remitido por Puigdemont se refleja que Cataluña es "el segundo territorio en capacidad tributaria y el penúltimo en recursos recibidos (términos reales) y el penúltimo en recursos recibidos (términos reales)". Además, se subraya que el Gobierno español debería "adelantar recursos a cuenta de la revisión del modelo".
Así, aunque no se concreta al detalle, es evidente que la petición catalana implica una dedicación específica e incremento de recursos hacia su territorio, lo que invita a recordar las palabras de Rajoy en la propia Conferencia de Presidentes, cuando avisó a las CCAA de que la recaudación sigue estando 20.000 millones de euros por debajo de 2007.
En el particular menú a la carta remitido por Cataluña también hay un epígrafe dedicado al Corredor Mediterráneo, que desliza la necesidad de acelerar las obras en este territorio además de una serie de infraestructuras estratégicas para la región demandante.
En el documento también se refleja la exigencia de inversiones equiparables al PIB estatal -18,9% en 2016- comparándolo con los datos de los últimos años, el 10,7% en el último año.
Precisamente sobre asuntos similares ha sido especialmente reivindicativo tanto el Gobierno valenciano e incluso los grupos de la oposición: la Comunitat arrastra un problema de financiación, deuda e infraestructuras igual o mayor que Cataluña pero, a la vista del rumbo que está tomando el Gobierno central en sus posiciones negociadoras, todo apunta a que el 'problema valenciano' acuñado por el presidente, Ximo Puig, amenaza con ser orillado.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
