Foto: KIKE TABERNEREl día 31 de diciembre de 2019 las autoridades sanitarias de la República Popular China comunicaron a la OMS varios casos de neumonía de etiología desconocida, posteriormente se identificó al virus SARS-CoV-2 como agente causal, en la ciudad de Wuhan. A 12 de abril, se tiene constancia de 1.780.909 contagios confirmados y 108.852 fallecidos. En nuestro país, a fecha del 10 de abril se habían producido 16.353 fallecidos, el 86.8% en personas de 70 o más años. El motivo de esta alta tasa de mortalidad en adultos mayores puede atribuirse, y así es en parte, al alto porcentaje de enfermedades crónicas y a la mayor vulnerabilidad de este colectivo ligada a conceptos geriátricos como la fragilidad que conlleva una menor capacidad intrínseca. Sin embargo, hay otros factores que explican la alta tasa de contagios y de mortalidad en espacios concretos como son las residencias y centros sociosanitarios.
Independientemente de la prontitud o tardanza a la hora de reaccionar, desde el inicio de la pandemia se ha incrementado la dotación hospitalaria de elementos clave para la atención a los pacientes con Covid-19. También se ha hecho un esfuerzo por proveer de más respiradores y camas hospitalarias totales así como en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, un colectivo –que representa al 4% de los adultos mayores– quedó en el olvido. Son las personas que viven en residencias, con problemas concretos como un alto grado de dependencia física, una alta prevalencia de deterioro cognitivo y demencia, una elevada comorbilidad (la presencia de varias enfermedades crónicas de forma concomitante) y que, en un porcentaje importante, se encuentran en la etapa final de su vida.
Estas personas se encuentran en espacios de convivencia cercana y de interacción en grupo y son atendidos por profesionales dedicados a su cuidado, requiriendo un contacto físico intenso para ayudarles en actividades básicas como asearse o vestirse; pues muchos de los residentes no son capaces de hacer estas tareas de forma autónoma. Todo este contexto ha favorecido la propagación de la infección entre los trabajadores y residentes de estos centros; de ahí que, una vez el virus ha entrado, sus efectos sean demoledores.
Por eso, el pasado 24 de marzo, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) propuso al Ministerio de Sanidad un plan urgente y único a nivel nacional para residencias y centros sociosanitarios públicos y privados que contiene nueve puntos. Este documento empieza señalando la necesidad de prevenir la entrada del coronavirus en estos centros y continúa enfatizando el requerimiento de realizar una correcta detección, y diagnóstico, de los casos positivos en los centros, tanto de profesionales como de residentes. Para ello, es imprescindible un plan de actuación único que abarque tanto a residencias públicas como privadas en el que las derivaciones al hospital de agudos se basen en criterios de gravedad de los síntomas, situación funcional, calidad de vida y pronóstico vital mediante una valoración geriátrica que permita una decisión individualizada. Los pacientes con Covid-19, que no requieran hospitalización, deben de ser tratados en unidades aisladas y específicas, para poder separar rápidamente a estos adultos del resto de internos de la residencia y evitar la propagación de la enfermedad. Será necesario aislar a todo el centro cuando las características de la residencia no permitan el aislamiento por unidades.
En este mismo sentido, para un correcto aislamiento, las unidades de Covid-19 han de ubicarse en hospitales de media estancia, hospitales de apoyo o unidades de atención intermedia; residencias con capacidad de aislar a los pacientes afectos; y unidades habilitadas específicamente para la presente situación (alas desocupadas de hospitales de agudos, residencias acabadas pendientes de apertura, hoteles equipados específicamente, grandes espacios equipados para tal fin como pabellones deportivos, etc.).
Asimismo, es imprescindible dotar adecuadamente a las residencias de equipos de protección individual (EPIs), fármacos, material sanitario y personal para una correcta atención de los pacientes. Por último, el criterio de la derivación de enfermos desde y a la residencia debe ser autorizado y monitorizado por un equipo con experiencia clínica y conocimiento de la situación del hospital y de las residencias de cada territorio. Estos criterios de derivación no pueden basarse en la edad (como también señala la Declaración de la European Geriatric Medicine (EUGMS) sobre la epidemia de Covid-19), sino de la situación funcional, cognitiva y pronóstica del paciente. En la misma línea, la EUGMS enfatiza la necesidad de realizar esfuerzos para que los pacientes geriátricos dados de alta en unidades hospitalarias de agudos puedan proseguir los tratamientos de rehabilitación encaminados a evitar discapacidades transitorias o permanentes en centros especializados o en domicilios.
En esta batalla que tratamos de ganar cada día, venceremos si identificamos rápidamente a los casos, si protegemos a los cuidadores (dotándolos de EPIs), si aplicamos los planes diseñados por las autoridades sanitarias y si informamos a las familias y a la sociedad de cómo estamos lidiando cada día con este virus al que vamos a derrotar. Debemos aprender de los errores propios y ajenos y de la experiencia acumulada en los territorios donde el coronavirus ha golpeado con más fuerza para prevenir los efectos devastadores de la Covid-19 en estos centros. Podemos conseguirlo.
Francisco José Tarazona Santabalbina es Vocal Clínico de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Finance Director. Executive Board. European Geriatric Society (EUGMS)
