Crepúsculo constitucionalista

Había una época en la que bastaba con pronunciar la palabra "constitucionalista" para generar un efecto inmediato en el PSOE. Los dirigentes del partido, los cuadros medios, incluso algún militante, se estremecían de inmediato ante la amenaza de que los socialistas no fueran considerados suficientemente constitucionalistas. Pero nunca más. Tras la investidura, aupado sobre los hombros de los enemigos de España (véase "enemigos de la derecha española"), que son muchos y diversos, todo ha cambiado. Pedro Sánchez ha probado la sangre constitucionalista... y le ha gustado. Tal vez ya no vuelva a probar otra cosa. 

El presidente del Gobierno había oscilado toda su carrera entre el deseo de mandar (con el apoyo de Podemos y los nacionalistas e independentistas) y el pavor a las críticas del constitucionalismo. La tensión entre ambos parámetros le ha llevado a una carrera zigzagueante, con continuos cambios de criterio que podríamos resumir en que cuando Sánchez se ponía constitucionalista su mensaje era "caña a los indepes", y cuando se ponía plurinacional la cosa cambiaba a "de cañas con los indepes".

Pero ya no más, parece. Tras la repetición electoral, a la que Sánchez llegó abjurando de cualquier componenda con "los que quieren romper España", el presidente hizo las cuentas (disponibles desde 2015) y descubrió que la Antiespaña suma, y que los votos socialistas (que tampoco parece que se hayan deteriorado apenas por efecto de la funesta vinculación con la Antiespaña, la verdad sea dicha), añadidos a los de la Antiespaña, son suficientes para gobernar. Es más: son la única opción posible, puesto que ya se ha encargado el constitucionalismo, en sus distintas encarnaciones, de volar todos los posibles puentes.

Y, tras constatar esta realidad, Pedro Sánchez no ha perdido el tiempo y ha decidido convertir en suyos, y por mucho tiempo, los renuentes votos de la Antiespaña, que están con Sánchez sin apenas entusiasmo y porque la alternativa es peor. Y para ello, se ha apresurado en reunirse con Quim Torra, en organizar la Mesa de diálogo y en aceptar las fechas propuestas por el president de la Generalitat. Todo bastante razonable, en realidad (el necesario diálogo y el paso atrás después de anunciar una fecha sin haberlo consensuado previamente); pero totalmente contrario a lo anunciado en la campaña electoral de noviembre. ¡Esos votos independentistas, buenos son para apuntalar al Gobierno!

Lo mismo cabe decir del PNV, con quien, en plena precampaña electoral de las nuevas elecciones autonómicas en el País Vasco, se acuerda el traspaso a esta comunidad autónoma de prácticamente todas las competencias del Estado que quedaban pendientes. Este traspaso estaba ya acordado en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, así que podemos considerar que Sánchez no hace sino cerrar un proceso que ha durado cuarenta años. Pero arriesgaré a aventurar que tal vez, si Sánchez no necesitase los votos del PNV para aprobar casi cualquier cosa, habríamos esperado unos cuantos años más para llevarlo a cabo. 

Finalmente, los partidos de ámbito regional y provincial que apoyaron la investidura de Sánchez también irán recibiendo lo suyo, no se preocupen. Incluso Compromís, a pesar de que ahora la ministra Montero anuncie un nuevo retraso en la reforma de la financiación autonómica (¡qué sería de un calendario de reforma de la financiación sin sus retrasos y alteraciones conducentes a que dicha reforma tampoco se pueda llevar a cabo este año, por novena o décima vez!).

¿Y Unidas Podemos? el socio de Gobierno del PSOE es el más satisfecho de todos: está en el Gobierno. Y ello, al parecer, es suficiente para virar o matizar sus planteamientos en muchas cuestiones. Ha sido llegar al Gobierno y considerar que, después de todo, tampoco están tan mal las cosas. Si hay que aplaudir a Felipe VI para aumentar el salario mínimo, pues se aplaude, claro que sí. Si hay que decirles a los agricultores que "aprieten", en lugar de darles una mínima respuesta a sus problemas, pues se hace. Si hay que reducir significativamente el objetivo más diáfano del nuevo Ministerio de Consumo (regular la lacra de las apuestas deportivas), pues se reduce, que hay que ser responsables y buscar el consenso. 

Porque, misteriosamente, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que había hecho de dicho problema su principal bandera y propósito de estar en el Gobierno, ahora asume que la regulación de los anuncios de apuestas deportivas no afectará a los partidos de fútbol, reduciendo significativamente su impacto. No vayan a molestarse los clubes de fútbol, que no queremos que Zozulya y los organizadores de la Supercopa del cambio se entristezcan. 

No descarten que Pedro Sánchez defienda en las próximas elecciones que, gracias a él, se ha ampliado el rango del constitucionalismo, porque a este paso nadie va a ganar a Unidas Podemos en su defensa de determinados parámetros del statu quo. Mientras tanto, al otro lado ha comenzado la reconstrucción de la oposición. Y ha comenzado por donde era previsible que se iniciara el asunto: la disolución de Ciudadanos en la "gran familia del centroderecha", el PP. Disolución que se ha acelerado mucho, eso sí, por el gusto que parece tener la nueva líder, Inés Arrimadas, por inmolarse lo antes posible, imagino que a cambio de obtener un mínimo peso en el PP. Una medida lógica si se busca maximizar los votos de la derecha, pero insuficiente mientras éstos sigan divididos entre el PP y Vox, y no haya una reunión, de nuevo, en la "gran familia del centro (y la extrema) derecha". Mientras esto no suceda, y mientras Pedro Sánchez tenga bien amarrados los votos de la Antiespaña, hay socialismo para rato.