La formación naranja propone además un pacto nacional anticorrupción a todos los partidos para extender su aplicación a CCAA y ayuntamientos
VALENCIA (X.A./EP). Ciudadanos continúa estudiando los matices del Pacto Anticorrupción que días atrás firmó junto al PP de cara a dar vía libre a un posible respaldo a la investidura de Mariano Rajoy en la sesión del próximo 30 de agosto.
Así, si el secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, incidía este lunes en que la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, debería dejar su escaño si resulta imputada, la formación naranja anunció ayer que está recabando información sobre la situación del diputado del PP por Castellón Óscar Clavell, procesado por prevaricación y malversación en su etapa de alcalde de Vall d'Uixó (Castellón) para decidir si exige su acta a la dirección del PP en el contexto de la negociación abierta para la investidura de Mariano Rajoy.
Clavell fue procesado por un juzgado de Nules (Castellón) por malversación, prevaricación y fraude en un caso de su etapa de alcalde de Vall d'Uixó, el mismo municipio del que fue primera edil la actual presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig.
En el auto de procedimiento abreviado, la juez de Nules aprecia indicios de delito en el comportamiento de Clavell respecto al pago de casi 707.000 euros en facturas de la empresa contratada para la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos, todo ello "pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio" le advirtió de que éste "no se estaba ejecutando correctamente". Una situación que se produjo precisamente cuando estaba sustituyendo a Bonig en el puesto.
Según recoge el auto, Clavell "pese a los defectos de las facturas y pese a la oposición de los funcionarios correspondientes, validó personalmente su aptitud para el cobro, lo que permitió el abono de las mismas".
Sin embargo, el procesamiento fue recurrido en primavera a la vista de que Clavell era diputado. En junio, el PP volvió a presentarlo en su lista al Congreso por Castellón y revalidó su escaño, con lo que el tema se ha parado.
Habida cuenta de que el pacto anticorrupción de PP y Ciudadanos exige la salida inmediata de los miembros del Gobierno y de las Cortes investigados por corrupción, Ciudadanos ha pedido información para determinar si el caso de Clavell es un episodio de corrupción política o de mala praxis. Si fuera el primer caso, exigirán su destitución.
Por otro lado, en la noche de este martes Ciudadanos dio un paso más en este sentido al proponer a todos los partidos un "pacto nacional contra la corrupción y por la regeneración democrática" para extender medidas como la separación inmediata de cualquier cargo público a los imputados por corrupción en todas "las instituciones municipales, autonómicas y provinciales".
Además, el partido de Albert Rivera justificó esta nueva propuesta alegando que el acuerdo firmado con el Partido Popular sólo afecta a los imputados por corrupción de Congreso, Senado y Gobierno porque el acuerdo se rubricó entre "grupos parlamentarios".
"El objetivo de este Pacto Nacional será que los imputados por corrupción política tengan que abandonar sus cargos públicos" en ayuntamientos, parlamentos regionales y diputaciones, según detalló Ciudadanos en el citado comunicado.
Un acuerdo de estas características afectaría de lleno a día de hoy a dirigentes como los nueve concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia investigados en la presunta trama del blanqueo en el consistorio que se encuentra en fase de instrucción.