CSIF pide más inspectores en València para atender el aumento de buques desviados desde Barcelona

VALÈNCIA. La situación creada en Cataluña tras la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre están teniendo un impacto indirecto positivo sobre el tráfico de contenedores del Puerto de València. Tan es así que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de que el incremento en la carga de trabajo, especialmente en los dos últimos meses, en el Punto de Inspección Fronteriza (PIF) del puerto de València hace necesario un refuerzo urgente del personal.

El sindicato atribuye ese pico de trabajo a que numerosos contenedores que tenían como destino previsto Barcelona han entrado finalmente en España por València, según ha especificado en un comunicado.

Aunque CSIF no ofrece cifras concretas sobre los buques desviados o de la cantidad de contenedores descargados en València que inicialmente se dirigían a Barcelona, el sindicato señala que el volumen de expedientes tramitados ya ronda los 150.000 en 2017, mientras que 2015 y 2016 ascendió a unos 120.000.

El presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, aseguró el pasado viernes que por el momento se tienen datos sobre tres cruceros que cancelaron su escala en Barcelona para atracar en València, pero explicó que los datos sobre el movimiento de mercancías aún no está disponible.

Por ello, CSIF ha urgido a la Delegación del Gobierno en la Comunitat a reforzar con más inspectores, técnicos y administrativos el PIF del Puerto de València encargado de supervisar las entradas de productos de origen animal y vegetal. El sindicato señala que la carga se ha multiplicado por la llegada de más contenedores en los últimos dos meses y la falta de cobertura de bajas.

El sindicato informa que el PIF afronta este aumento de atención "con una plantilla muy mermada y sobrecargada". En concreto, en el cuerpo de inspectores existen seis bajas por cubrir, explica en el comunicado, de forma que únicamente cuentan con cinco técnicos en activo y dos administrativos.

"Esta circunstancia obliga en demasiadas ocasiones a los inspectores a asumir también tareas administrativas, con lo que detraen tiempo y recursos a su labor de inspección", lamentan.

CSIF reclama la cobertura urgente de esas seis bajas y un incremento de plantilla de un 30%, de manera paralela a la mayor carga de trabajo, que también se aprecie en más técnicos y administrativos. También el sindicato, ante la situación del PIF, pidió una evaluación de riesgos psicosociales en la última reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral de Administración General del Estado en la provincia de Valencia.