VALÈNCIA. La Generalitat ha cerrado el ejercicio 2017 con un resultado económico-patrimonial negativo de 1.368 millones, lo que implica una reducción del del 48% respecto a las pérdidas registradas en el ejercicio anterior, cuando el resultado fue de 2.636 millones. El resultado está condicionado, según ha destacado la Conselleria de Hacienda, por los 147,5 millones de provisiones dotadas para afrontar la ejecución de sentencias judiciales derivadas del anterior Consell.
Tres de las sentencias que han provocado ese "agujero" se refieren a irregularidades en la gestión de determinadas infraestructuras, según destaca la Conselleria de Hacienda, así como una operación inmobiliaria, y una cuarta sobre la reducción de tarifas aplicables a las concesionarias de las ITV.
Con concreto, se trata de una sentencia del Tribunal Supremo y un auto del TSJ de la Comunitat que obligan a demoler las dos Torres de Benidorm, dos edificios de 22 plantas en la zona de servidumbre de costa, así como a indemnizar a los 168 propietarios de los apartamentos de lujo con el dinero que pagaron incrementado en un 20%.
La construcción de estas torres, autorizada en 2005 por el Consell del PP "pese a los informes técnicos, jurídicos y del ministerio desfavorables", ha sido considerada ilegal por vulnerar la Ley de Costas.
El impacto de esta sentencia se estimó en 72 millones en el auto del TSJCV y es lo que figura provisionado en la Cuenta General de 2017. Sin embargo, las estimaciones realizadas por la Generalitat aumentan el coste de la operación, debido a la complejidad de la demolición de las torres, hasta los 100 millones.
De este modo, el incremento del pasivo en 2017 por sentencias derivadas de "decisiones del pasado" se elevarían a 175 millones, precisa la Conselleria de Hacienda.
Otra de las sentencias cuyo coste para las arcas autonómicas ha habido que provisionar es la que reconoce las indemnizaciones exigidas por los contratistas tras la resolución unilateral por parte de la Conselleria de Infraestructuras en la anterior legislatura del contrato de concesión para la construcción y explotación de una nueva autovía en la carretera autonómica CV-95, en el tramo Orihuela Costa. El contrato, adjudicado en 2007 por 466 millones, fue resuelto por la conselleria en 2012 sin establecer indemnización a la empresa.
"La Conselleria no resolvió expresamente la petición de la indemnización de la empresa pese al dictamen del Jurídic de diciembre de 2014 instándole a hacerlo, lo que habría generado derecho a indemnización solo en concepto del daño real pero no por el beneficio dejado de percibir. El fallo, ratificado por el Supremo, fija una indemnización de 9,5 millones, más intereses", explica la Conselleria de Hacienda.
Otro fallo se refiere a las modificaciones, dilaciones y ampliaciones de plazo en ejecución de la obra Acceso norte a Alicante (Avenida Denia), que obliga a la Generalitat a abonar al contratista 14,7 millones de euros, con lo que el coste final de la obra ascenderá a 64,4 millones, un 90% más que el precio inicial de adjudicación (33,8 millones).
46 millones por las ITV
Asimismo, la Generalitat ha tenido que provisionar 46,55 millones, según la estimación realizada por la Conselleria de Economía Sostenible por las obligaciones que pudieran derivarse de la sentencia de mayo de 2017 que anuló el acuerdo del Consell del 28 de marzo de 2014 mediante el que se redujeron sin un estudio económico-financiero las tarifas de las concesionarias de la ITV en las pruebas de emisiones contaminantes y comprobación sonora.
El pleno del Consell ha aprobado este viernes la Cuenta General correspondiente a 2017 para su remisión a la Sindicatura de Comptes. Se trata de la Cuenta de la Administración y las de los organismos autónomos, así como las cuentas e informes de auditoría rendidas por las entidades públicas empresariales, las entidades de derecho público, las sociedades públicas, las fundaciones, los consorcios y las universidades.
Las cuentas de las entidades, aún no se han hecho públicas, pero la Intervención las publicará en las próximas semanas a través de la página web de la Conselleria de Hacienda.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha destacado que se trata del mejor resultado desde 2008, antes de la crisis económica y supone una minoración de casi el 80% del resultado negativo registrado en 2011 (-6.648 millones).
La evolución del resultado económico-patrimonial –el equivalente a la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas– sitúa al Consell "cerca de conseguir el saneamiento financiero de la Generalitat iniciado en 2015 y que prosiguió en 2016 con el afloramiento de provisiones y compromisos no reconocidos o centrifugados al futuro por el anterior Ejecutivo", según destaca Hacienda.
Respecto a las cuentas 409 y 411 –referidas a operaciones pendientes de aplicar a presupuesto o cuyo pago se deriva a varios ejercicios, respectivamente– cuyo importe global pasa de 1.756,9 millones en 2016 a 1.211 millones en 2017.
El descenso responde a la reducción neta de estos importes pero también a la reclasificación de determinados importes, atendiendo igualmente a las recomendaciones de la Sindicatura, que han debido consignarse en el epígrafe "Otras deuda a largo plazo".
Lla Cuenta 409 (obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto) esta asciende a 921 millones, 6,1 millones menos que en 2016, sin incluir los gastos por la financiación de los colegios construidos por el IVVSA en virtud del convenio de 1999, que tampoco se incluían en 2016.
En el global, según el Consell, figura anotaciones heredadas del pasado que no comportan una deuda efectiva, como 210 millones por los colegios construidos por Ciegsa según convenio de 2001 pendientes de reconocer, o las ayudas a la vivienda no reconocidas de la anterior etapa (21 millones).
En cuanto a la Cuenta 411, esta asciende a 289,9 millones frente a los 829,69 millones de 2016 gracias a la reclasificación que ha supuesto que solo haya que anotar el importe a abonar en 2017 del convenio con las universidades suscrito en 2008, mientras que el resto de anualidades ha pasado a registrarse en epígrafes "Otras deudas a largo plazo".
Los mismo sucede con las obras realizadas mediante el método alemán y centrifugadas al futuro en la anterior etapa, de forma que en la 411 se anotan los importes de la anualidad (34,17 millones método alemán y otros 5,3 de otras obras con pago aplazado) y se deriva el resto que vencerá en ejercicios posteriores a deudas a largo plazo, a instancias de la Sindicatura de Comptes, según especifica la Conselleria de Hacienda.
En 2015 el resultado económico patrimonial negativo se situó en 4.543 millones tras aflorar compromisos no reconocidos o centrifugados por el anterior Consell por importe de 3.084 millones. En 2016, este importe se redujo hasta los 2.636 millones después de aflorar nuevas provisiones derivadas de decisiones de la etapa anterior por 929 millones, mientras que en el ejercicio 2017 se ha rebajado aún más hasta los 1.368 millones. Cabe recordar que en 2011 se alcanzó el pico más alto con un resultado de 6.648 millones.
Sobre las principales magnitudes que componen el Balance de la Cuenta General, figura el Activo, que incluye todo bien o derecho integrado como tal en la contabilidad de la Generalitat y que asciende a 20.995,02 millones, cifra que supone un aumento del 4,06% respecto al ejercicio anterior.
Fondos Propios negativos de 29.294,80 millones
Por su parte, en el Pasivo, cuyo total general coincide con el Activo al sumar 20.995,02 millones, se refleja que los Fondos Propios negativos se sitúan en los 29.294,80 millones de euros, mientras el pasivo exigible, con un aumento del 4,16%, asciende a 50.289,8 millones debido básicamente al FLA ante la ausencia de un sistema de financiación justo y las nuevas provisiones.
El pasivo exigible está compuesto por los acreedores a largo y corto plazo, que suman 49.589,5 millones -de los que 37.131 millones corresponden al FLA- y las provisiones para riesgos y gastos tanto a largo como a corto.
Estos epígrafes, según explica la Conselleria de Hacienda, han sido reestructurados atendiendo a las recomendaciones de la Sindicatura, según se trate de deudas con el Estado derivadas del sistema de financiación, de mecanismos extraordinarios u otras deudas. Así se ofrece "un mejor desglose de la información según el origen de las deudas".
Vicent Soler y Mónica Oltra. Foto: GVA