VALENCIA. Permítanme que me remonte, así de entrada, al año 2004, y no se preocupen, que no voy a hablarles de los inicios de la burbuja inmobiliaria. Les voy a contar una historia de una empresa textil que, por entonces, andaba buscando una solución para su futuro, acechado por la deslocalización del sector y la entrada masiva de productos fabricados en China, por poner un ejemplo. La compañía decidió encomendar un informe a una consultora, PriceWaterhouseCoopers, que le marcase el camino en el proceloso mundo globalizado. Dicho y hecho. Al cabo de unas semanas, quizá unos meses, la prestigiosa compañía le presentó un prolijo informe en el que se analizaban los escenarios futuros del sector textil a cuatro años vista y proponía tres alternativas a la empresa para salir indemne de la marejada.
Uno de los supuestos implicaba no hacer nada, es decir, no deslocalizar la producción y mantener la estructura fabril como hasta entonces. El resultado: pérdidas. Otro apostaba por cerrar todos los centros de fabricación y limitarse a diseñar las colecciones de moda, que se fabricarían en lejanos y baratos países. Era el más rentable a largo plazo, pero tenía un alto coste tanto social como económico, pues los despidos no son gratis. Entre los dos había un término medio. Externalizar parte de la fabricación, con algunos cierres y despidos. La consultora recomendó esta opción. Era la más adecuada y garantizaba beneficios a medio plazo y la continuidad de la empresa sin que las medidas fueran muy traumáticas. La compañía hizo caso a la consultora y aplicó ese plan intermedio.
Cuatro años más tarde Sáez Merino cerró.
¿Qué falló? Seguramente fue un compendio de factores económicos, e incluso sociales, los que hicieron que las previsiones no se cumplieran . Vaya por delante que el informe de PwC, que en su día pude leer y estudiar con cierto detenimiento, estaba elaborado con la profesionalidad propia de uno de los líderes en consultoría empresarial del mundo. Sin embargo tengo algo más que una sospecha sobre el verdadero problema: la decisión más acertada desde el punto de vista empresarial, y visto el informe, hubiera sido la más drástica, la que se concentraba en mantener exclusivamente las actividades con valor añadido. Pero Sáez Merino era una empresa tan arraigada en las zonas donde había crecido que sus dueños no se atrevieron a dar un paso tan impopular. El informe de PwC, por tanto, encajó en una idea preconcebida.
Les cuento este episodio porque en las últimas semanas me ha venido a la memoria a raíz de la decisión de la Generalitat Valenciana de encargar a varias consultoras la reforma de la Administración valenciana. Se lo contábamos la semana pasada en ValenciaPlaza.com: el Consell ha optado por recurrir al asesoramiento externo para afrontar reformas de calado ya no solo en las empresas públicas, sino también en parcelas tan sensibles como la sanidad, pendiente de la privatización de la gestión.
ITALIA Y LOS TECNÓCRATAS
Cuando Italia atravesó el punto álgido de su crisis que desembocó en la salida del Gobierno de Silvio Berlusconi, se escribió mucho sobre el nuevo ejecutivo de tecnócratas que tomó las riendas del país transalpino. Se dijo entonces que era la solución para aplicar las reformas que se exigían desde Bruselas.
Apelar a la tecnocracia como solución a una crisis implica, por defecto, la renuncia a la política. Lo que se espera de unos técnicos son medidas con efectos cuantificables. En el contexto europeo eso significa recortes en el gasto público con el fin último de reducir el déficit, la gran obsesión comunitaria. Se asume, por tanto, esa teoría de barra de bar que acepta que con los criterios de la iniciativa privada se puede gestionar de manera más eficiente la Administración. Si los técnicos son capaces de obtener beneficios en las empresas privadas, ¿por qué no lo van a poder hacer en el sector público?
LA REFORMA DE LA GENERALITAT Y LAS CONSULTORAS
A ese mantra se ha acogido la Generalitat Valenciana, apremiada por la necesidad de poner orden en una Administración hipertrofiada. Primero con las empresas públicas en su conjunto y después con planes específicos de viabilidad para las más onerosas. Un terreno donde, ciertamente, se pueden aplicar importantes recortes, puesto que muchas de ellas habían crecido sin control ni sentido. En ese terreno los consultores y despachos de abogados contratados al efecto, PwC, Deloitte, KPMG, Improven, Garrigues o Broseta, se mueven con soltura. Saben de reestructuraciones de deuda y de plantillas.
El problema es cuando las reformas llegan a elementos sensibles. Un ejemplo: ¿Hasta qué punto se pueden recortar los gastos en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)? La empresa que gestiona las líneas de metro y tranvía presta un servicio público. Pierde 194 millones de euros al año. ¿Hay que conseguir que sea rentable? ¿Qué volumen de pérdidas es justificable? ¿Debe el 'trenet' dejar de ir a Villanueva de Castellón porque la demanda no justifica el coste? ¿Hay que rebajar las frecuencias de los trenes para ahorrar en personal? ¿Hay que subir -aún más- el precio del billete?
Estas, y aquí llegamos al meollo de la cuestión, son preguntas que requieren una respuesta política. Si las consultoras que trabajan en los planes de viabilidad del sector público valenciano aplicaran criterios estrictamente económicos, seguramente FGV no existiría. La pregunta que cabe hacerse, por tanto, es: ¿Qué directrices ha marcado el Consell a la hora de encargar estos planes a las consultoras privadas? Y a esa pregunta tengo la sensación de que hay una respuesta única: recortar gasto.
¿QUIÉN DECIDE EL MODELO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA?
La imperiosa necesidad de la Generalitat de recortar sus gastos ha llevado al Consell a afrontar una reforma de gran calado en la que se echa de menos un debate previo sobre el resultado de la misma. Incluso en el asunto más complejo que está ahora desarrollando, la privatización de la gestión sanitaria, las líneas básicas que se definieron por el vicepresidente José Císcar en su presentación, están viéndose alteradas de forma sustancial, fruto de las condiciones que están marcando las operadores sanitarias para interesarse por el proyecto. ¿Hasta dónde se puede llegar?
Este fin de semana ValenciaPlaza ha publicado una entrevista con el catedrático de la Universidad de Londres José Ginés Mora. En ella se mostraba convencido de la necesidad de afrontar reformas en la Educación, pero advertía: "Las medidas que se están tomando en educación serán un desastre, porque solo persiguen ahorrar dinero. Esto no pasa en ningún lugar de Europa".
Y esa el la clave de la cuestión. Por mucho que las pongamos en manos de profesionales, las reformas de la Administración Pública no pueden limitarse a alcanzar un único objetivo del ahorro. Enfrentarse a un cambio en la manera de gestionar los servicios públicos exige un planteamiento previo, una visión política amplia (debatida y explicada) de cuál el modelo de educación, de sanidad o televisión pública que quiere el Consell. Definir el escenario final desde la política -sea cual sean los postulados que defiende el partido en el Gobierno- es un paso previo e imprescindible. Y una vez establecido, aplicar los mecanismos para alcanzarlos. Hacer lo contrario es empezar la casa por el tejado.
Una improvisación que puede dar origen a que las consultoras planteen unas soluciones técnicamente impecables pero incompatibles con el concepto de servicio público que el Gobierno de Alberto Fabra se ha comprometido a mantener. Y ante esa disyuntiva veremos qué hace el Consell. Confiemos en que no emule a Groucho Marx: "Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros".
