VALENCIA. El pasado viernes, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, proponía recortes en los organismos estatutarios con el objetivo de disminuir gastos para las arcas autonómicas. La necesidad de austeridad está fuera de toda duda, pero entes como la Sindicatura de Comptes han demostrado que las situaciones irregulares que revelan en sus informes son merecedoras de atención por parte del Gobierno valenciano.

De hecho, el Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, ha subrayado en más de una ocasión la necesidad de profundizar en el cumplimiento de las directrices que marca el organismo para que no se queden en meras recomendaciones.

Desde años atrás, la Sindicatura de Comptes, cumpliendo su función de fiscalizar a Generalitat y entidades locales, ha advertido sobre actuaciones que evidenciaban una falta de transparencia o una gestión inapropiada en las cuentas públicas. De hecho, la justicia ha terminado dando la razón a advertencias realizadas por el organismo a lo largo de los años. Estos son algunos ejemplos:

DE LA SINDICATURA A LOS JUZGADOS

-Valencia Summit. La Sindicatura de Comptes destacaba en su informe de 2005 que se había acordado la prórroga el convenio de colaboración suscrito un año atrás para la celebración de la cumbre ‘Valencia Summit'. El coste estimado para Cacsa había ascendido a 620.942 euros más IVA, algo sobre lo que el informe llamaba la atención: "habida cuenta del importe de la colaboración de Cacsa, se considera necesario que en el expediente quede acreditado la necesidad del gasto, la excepcionalidad en la inaplicación de los principios de publicidad y concurrencia y la justificación del importe comprometido por la Sociedad".

Al año siguiente, Cacsa se comprometía de nuevo con Valencia Summit por una cantidad similar. La Sindicatura de Comptes recalcaba de nuevo la necesidad de justificación del gasto, las razones de la colaboración y la inaplicación de publicidad y concurrencia. La organización del Valencia Summit está siendo investigado a día de hoy dentro del llamado caso Nóos, que afecta a Iñaki Urdangarin.

-Las Torres de Calatrava. La Sindicatura de Comptes también constató, en su informe de 2005, los honorarios por la redacción del anteproyecto y proyecto básico de las Torres de Calatrava. 15 millones de euros, IVA excluido, de una obra cifrada en 335 millones. "Los pagos se realizan mediante cheque bancario, previa presentación de factura emitida sin IVA", subrayaba el informe, algo que podría arrojar "dudas en cuanto a la adecuada aplicación de las reglas de localización del impuesto". La Sindicatura "a la vista de las dificultades existentes para la ejecución del proyecto" consideró que se echaba en falta "la elaboración por parte de Cacsa de un estudio de necesidades justificativo de la contratación a efectuar".

Además, el organismo se detenía en los honorarios: "respecto a la cuantificación de los referidos honorarios, no hemos observado en el expediente documentación acreditativa de su determinación o de su adecuación al mercado", expresaban. En los años posteriores, los informes del organismo reiteran lo dicho respecto a estas obras. LaFiscalía investigó el cobro de los 15 millones de euros pero decretó que no existía "la figura delictiva del derroche de dinero público".

-Visita del Papa. El informe de la Sindicatura, en referencia al alquiler del suministro de equipamiento de pantallas de vídeo, sonido y megafonía para realizar la cobertura de la visita del Papa en julio de 2006, subrayó que en el expediente no constaban "las valoraciones específicas de las colaboraciones que el adjudicatario indica en su oferta para la ejecución del contrato, así como del cumplimiento de las estipulaciones al respecto previstas en el pliego".

El importe del contrato se elevaba a 6.460.000 euros -el presupuesto anual precisamente de la Sindicatura de Comptes- más IVA y el expediente se tramitó mediante procedimiento negociado sin publicidad con petición de varias ofertas bajo un pliego de condiciones que contemplaba que los criterios de adjudicación serían no solo económicos sino también de fiabilidad y viabilidad técnica y operativa. La contratación está siendo investigada actualmente dentro del conocido como caso Gürtel.

-Ciudad de la Luz. El informe de la sindicatura de cuentas ha puesto en duda en repetidas ocasiones las ayudas prestadas por Ciudad de la Luz a distintas producciones cinematográficas al considerar que no estaban suficientemente claros los procedimientos por los que se otorgaban estas subvenciones por rodar en el complejo de Alicante. Por otro lado, el organismo ha cuestionado también el contrato con Aguamarga, al considerar que no se demostraba el equilibrio entre el servicio prestado y la retribución.

En este contexto de gestión puesta en duda por la Sindicatura, hay que enmarcar la multa impuesta por la Comisión Europea de la Competencia a Ciudad de la Luz, obligando a la Generalitat a devolver los más de 200 millones invertidos en los estudios por haber distorsionado el mercado de rodaje cinematográfica.

-Orange Market.  El organismo también analizó los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo con la empresa implicada en el trama Gürtel. La Sindicatura señaló que algunos cambios no fueron "formalizados en documento administrativo contradiciendo así la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas". Además, según informó el diario El Pais en 2009, en la Declaración sobre la regularidad de las contabilidades electorales derivadas de las elecciones a las Cortes Valencianas de 27 de mayo de 2007 de la Sindicatura de Comptes, el organismo citó a 10 sociedades que no habían cumplido con "la obligación de comunicar a la Sindicatura de Comptes la prestación realizada". Una de ellas, Orange Market, que presentó posteriormente las facturas.

CUENTA GENERAL, FACTURAS EN EL CAJÓN Y OTRAS RECOMENDACIONES

Otro de los aspectos que la Sindicatura de Comptes ha recalcado reiteradamente en sus informes es el volumen de facturas en el cajón fundamentalmente en Sanidad que se han ido acumulando en los últimos años. De hecho, en el último recuento del organismo se elevaban a más de 1.300 millones de euros. Unas obligaciones de pago sin consignación presupuestaria que han salido a la luz con el plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda. Otra tarea que debió abordar la Sindicatura a petición en este caso del Eurostat, consistió verificar que las cuentas enviadas por la Generalitat para el plan.

La Sindicatura de Comptes también ha evidenciado la falta de financiación autonómica de la Comunitat Valenciana. En el resumen de fiscalización de la cuenta general de la Administración de la Generalitat, el organismo subraya que, según la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común del ejercicio 2009, realizada en julio de 2011, la financiación por habitante de la Comunitat Valenciana es la segunda más baja de todas las comunidades autónomas.

El organismo ha alertado repetidamente de otras muchas situaciones en los últimos años, desde las "dudas razonables" que le han ofrecido los derechos pendientes de cobro de la Generalitat, los elevadísimos compromisos de gastos futuros (más de 20.000 millones), la necesidad de realizar contratos públicos y con publicidad o, en el capítulo de entes públicos, los problemas de viabilidad de RTVV.

Un sinfín de recomendaciones -gran parte de ellas ignoradas por la Generalitat- que, ahora, pueden verse mermadas por la intención de recortar, con la austeridad como bandera, la institución que trabaja en la fiscalización y transparencia de las cuentas públicas.