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solicita que testifique el concejal que denunció la Gürtel 

David Serra pide que Bárcenas declare en el juicio por la presunta financiación al PPCV

25/04/2016 - 

VALENCIA, (EP). El exdiputado de las Corts Valencianes y ex vicesecretario general del PPCV, David Serra, ha pedido que declaren en calidad de testigos en el juicio por la presunta financiación ilegal del partido el extesorero de la formación a nivel nacional, Luis Bárcenas, y el exconcejal José Luis Peñas, que denunció la trama 'Gürtel'.

En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, Serra niega haber cometido delito alguno y solicita que sean interrogados durante la vista oral el supuesto cerebro financiero de la 'Gürtel' Luis Miguel Pérez; el ex delegado de Gobierno de la Comunidad Valenciana Serafín Castellano; y el exgerente del PP, Cristobal Páez, entre otros.

 Por su parte, el ex secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) ha pedido que testifiquen el presidente Mariano Rajoy y la secretaria general, María Dolores de Cospedal.

También, ha solicitado la declaración de Bárcenas, Páez, Castellano, así como la gerente nacional del partido Carmen Navarro, el ex vicepresidente de la Generalitat Victor Campos, el presidente del PP de Valencia Vicente Betoret  o el exconsejero de Justicia Fernando de Rosa, entre otros, según consta en su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press.

Costa reclama su absolución a la Audiencia Nacional, al defender que nunca ha tenido ninguna responsabilidad en la "gestión ordinaria de la tesorería" de la formación, ni en las elecciones municipales ni autonómicas, así como tampoco tuvo delegadas funciones económicas dentro del partido.

 "Los gerentes del partido dependen de la secretaría general del PP nacional al igual que todos los funcionarios del partido, siendo el PP nacional quien se encarga de su contratación y dependen orgánicamente de la gerencia nacional", señala, para incidir en que fue el partido a nivel nacional el encargado de administrar y coordinar las campañas de 2007 y 2008.

Dicho esto, la defensa de Costa expone que el PP de la Comunidad Valenciana no realizaba una contabilidad independiente, sino una "consolidada" a nivel nacional. De esta forma, una vez efectuados los asientos contables de la organización territorial de la formación, se remitían las cuentas a Madrid para su consolidación, en atención a la "estructura única del partido, con un único CIF, para todo el Estado".

Serra y Costa se encuentran entre las 20 personas que se sentarán en el banquillo en los próximos meses por financiar de forma ilegal el PPCV entre 2007 y 2008, en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.

Entre los acusados se encuentran también el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Además, se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla.

El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunitat Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional, entre los que figuran el ex consejero delegado de Repsol Ramón Blanco Balín y el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, Vicente Cotino.

 La empresa de la trama Orange Market en 2004 intervino en la realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio. En 2006, el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales. Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).

Según el juez, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".

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