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al otro lado de la colina / OPINIÓN

De transiciones energéticas y desafíos económicos

Existe tanto ruido en el ecosistema mediático-político que lo urgente nos oculta muchas veces lo importante y la Declaración de Lisboa es uno de esos casos

4/08/2018 - 

Este 27 de julio pasado se celebró, sin pena ni gloria mediática, la II Cumbre para las Interconexiones energéticas entre Portugal, Francia, España, la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en la ciudad de Lisboa. Esta reunión trata uno de los temas más vitales para nuestra economía, la energía, pero entre las huelgas de taxistas, la enésima crisis de inmigración con saltos de valla incluidos, y por supuesto los independentistas con su ensoñación o más bien enajenación mental, desafiando y atacando a nuestro Estado de Derecho, ha permitido que algo básico para el funcionamiento de nuestra forma de vida, es decir de las empresas y de nuestros hogares, como son, acuerdos sobre la energía y su precio de forma mediata, y de la interconexión de ésta entre la península Ibérica y el resto de Europa de manera inmediata, haya pasado sin apenas repercusión en la opinión pública/publicada.

A esta reunión asistieron, el Primer Ministro de Portugal, Antonio Costa y el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez como nativos de esa isla energética llamada península Ibérica, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron o dueño de la conexión de esa isla con el resto del territorio europeo, el Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, o macerador del encuentro y finalmente Emma Navarro, Vicepresidenta del BEI, o la que aporta financiación o viabilidad económica al invento, con la finalidad de estimular el progreso de las interconexiones energéticas entre esos tres países socios (UE-OTAN).

El tema de las interconexiones no es un tema baladí, piensen que éstas ayudan a minorar los diferenciales de precio entre los mercados de la energía de los diferentes países, y por tanto su existencia favorecerá la reducción de nuestras facturas eléctricas, uno de los grandes hándicaps en nuestra economía. Así es como la Declaración de Lisboa acordó alcanzar el “ambicioso” objetivo de un 10 % de interconexión con el resto de Europa en el 2020 y alcanzar el 15 % en 2030, cuando como dijo el Comisario Cañete, queda mucho por hacer en el ámbito eléctrico pues partimos de un escaso 6 %, y el resto del continente (UE) está en entornos del 80% (en el gasístico estamos un poco mejor llegamos al 16%); ya ven que parece que la cuestión energética seguirá estando en el debe de nuestra economía.

Y hablando del debe energético de España están las energías renovables, nudo gordiano, de la Transición Energética, ese otro mantra de los últimos tiempos que favorecerá, dice, una economía sostenible gracias a las renovables y a las eficiencias, pero que la última directiva europea al respecto, o acuerdo entre el Parlamento Europeo y los gobiernos miembros de la UE, aprobada este junio pasado, ha decidido que se empiece a aplicar en el 2021, con un objetivo fijado en el lejano 2030 (esto parece sacado del país del mañana, mañana) con el propósito de que los países de la UE tengan un mínimo del 32% de energías renovables, por debajo del 35% que pedía el Europarlamento y por encima del 27% exigido por los gobiernos, y muy lejano del deseable 45%, según Greenpeace, respecto al mínimo para evitar el tan manido cambio climático desastroso.

Los grupos ecologistas (sobre todo los españoles) han manifestado su alegría porque en esta directiva se prohíben los impuestos al sol y se crea el derecho (debería ser obvio) de todos los actores sociales, incluida la ciudadanía de base, a la producción, al consumo y a la distribución de su propia energía renovable (también este apartado es aplicable a partir del 2021), pero parecen olvidarse que en octubre pasado el Tribunal Supremo desestimó un recurso contra el mal llamado (según el tribunal) impuesto del sol por parte de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de energías Renovables, afirmando que no son tributos sino meras contribuciones a los costes del sistema eléctrico por parte del autoconsumidor, dado que dispone del respaldo de él para el caso que necesite hacer uso del consumo externo, y termina afirmando que el criterio del Gobierno "puede resultar objetable para la Asociación recurrente, pero no supone infracción alguna" de la Ley.

Pero ya saben el refrán, del infierno está empedrado de buenas intenciones, y cuando se interviene en la economía hay que hacerlo muy sutilmente, pues se puede pasar de subvencionar sin poner límites cuantitativos los huertos fotovoltaicos que funcionaban hasta por las noches (y claro generar su correspondiente burbuja y déficits) a poner puertas al campo y repercutir costes a los autoconsumidores de rayos solares a modo de impuesto al sol.

Y claro está, si hablamos de transición energética, es inevitable hablar de la transición económica que está suponiendo la revolución digital, y que estos días se ha materializado (en parte) en la huelga de los Taxis (representantes del mundo analógico) a los que les han cambiado las reglas del juego a mitad partido, frente a las empresas y autónomos de las licencias VTC, como Uber y Cabify, representantes de la economía, aparentemente colaborativa y digital, y que como resultado (momentáneo eso sí) ha sido una victoria táctica de los taxistas, un éxito estratégico de los VTC (han resultado aparecer como victimas en el conflicto, además de darse a conocer y liderar las descargas en internet de sus servicios) y una patada para adelante del gobierno hasta después del verano y el que dirán de las autonomías, también llamada estrategia de ganar tiempo.

Pero si existe un elemento más importante ( y yo diría que preocupante) de esa continua evolución del ecosistema económico que ha ocurrido en estos últimos días, es la finalización del plazo de consulta pública de 60 días abierta por la Reserva Federal de los USA –FED- con motivo de la propuesta de relajar la llamada Regla Volcker. Esta norma, aparecida tras la crisis del 2008 e introducida en 2013 , fue apadrinada por el expresidente de la FED Paul Volcker, y establecía una serie de límites a los Bancos que les impedía participar en especulaciones de alto riesgo con fondos de impositores para su propio lucro; esta relajación, en un entorno propicio a un recalentamiento de la economía USA (con una inflación al 2% y un crecimiento al 3% y una tasa de interés cercana al 0%) me recuerda a lo sucedido en 1999 cuando el presidente Bill Clinton derogó ley de 1933 de Glass-Steagall, que fue la semilla de la crisis de las subprime.

Si a estos lejanos nubarrones le incluimos el inicio de una posible desaceleración de la economía española, pues acabamos de conocer que por primera vez en 12 trimestres consecutivos (tres años) estamos creciendo por debajo del 3 %, estando en una tasa interanual del 2,7%, según el avance de la Contabilidad Nacional Trimestral del Instituto Nacional de Estadística (INE), nos exige a todos los actores públicos y privados, individuales y colectivos hacer nuestros deberes, porque si después de tres años de crecimiento continuado por encima del 3 %, no hemos logrado disminuir considerablemente nuestra Deuda Publica y nuestros déficits, que ocurrirá en época de vacas flacas, de quien viviremos de prestado, cuando relativamente pronto retiren los estímulos cuantitativos de la UE, y los tipos de interés suban el año que viene según Mario Draghi , y eso que, menos mal, ha dicho que cuando se den por finalizadas las compras de activos, y suban los tipos, continuaran reinvirtiendo los recursos ya invertidos durante años. En fin, un otoño que se nos avecina complicado si nos lo tomamos en serio.

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