Génova deja caer al PP de la ciudad de Valencia

VALENCIA. Jorge Carbó, la persona encargada de hacer de “imputado” en nombre del PP nacional por un presunto delito de blanqueo no ha dudado, ni por un segundo, en dejar caer a cerca de 50 miembros del partido azul en su declaración en calidad de investigado como representante del PP nacional, que es la persona jurídica investigada realmente por el citado blanqueo.

A preguntas sobre la cuenta en ‘B’ del PP de Valencia, cuenta que permance bloqueada por orden del magistrado, Carbó aseveró ante el juez instructor que el Partido Popular no sabía de la existencia de ninguna cuenta “opaca” en la que se realizaban ingresos. 

También dijo que no eran conocedores de los movimientos de esa cuenta y que no tienen competencia sobre ella. Que el partido no tenía por qué saber nada de cómo actuaba el grupo Municipal del PP de Valencia

Fuentes de toda solvencia aseveran a Valencia Plaza que, el hecho de que Carbó haya declarado que: “el PP no deja que hayan donaciones, ni de militantes ni de simpatizantes durante la campaña” ha sido la puntilla a los que hasta hace pocos meses fueron sus compañeros.

Explicaciones estériles

Según las mismas fuentes, las explicaciones dadas hoy por el Partido Popular de poco, o nada, les servirá en su defensa jurídica ya que, “el hecho de afirmar desconocer la cuenta o su funcionamiento, ni mucho menos les exime de haber tenido que auditar dichas cuentas”.

El enviado por Génova dio a conocer su línea de defensa desde el primer momento, ya que sólo admitió las preguntas del magistrado instructor Víctor Gómez y del fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce.

A punto de caramelo

La instrucción del pitufeo está a punto de llegar a su fin. De hecho, solo falta una declaración de una persona imputada y, unos documentos que faltan por llegar al juzgado para que la causa se dé por “finiquitada”.

En la pieza separada de blanqueo permanecen como imputadas 47 personas, todo el Grupo Municipal Popular, incluyendo a asesores, concejales y exconcejales, de la pasada legislatura. Todos menos cuatro asesores que están como testigos ya que se negaron a pagar los 1.000 euros que presuntamente la cajera les pedía para blanquear y que, más tarde, les eran devueltos en dos billetes de 500 euros. 

Ahora, tanto el magistrado como el fiscal centrarán su atención en la pieza de los asesores “zombies”. Asesores que presuntamente cobraban del erario público pero no iban a trabajar ni en la empresa pública Imelsa, ni en Ciegsa.