VALÈNCIA. Las cifras ya no sonríen ni a la Comunitat Valenciana ni a nadie. Este sábado se notificaron 1.690 positivos en la autonomía, récord absoluto de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, además de ascender a 808 los ingresos hospitalarios y los 125 pacientes en las UCI, según el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se encargó de mencionar en su declaración institucional.
Estos números -a los que hay que sumar los de los últimos días- sirvieron de apoyo al jefe del Consell para sus dos anuncios de este sábado: toque de queda a partir de la una de la madrugada y solicitud del estado de alarma.
Unas medidas que, al margen de la lógica imperante, no dejan de generar preguntas respecto al proceso atravesado en apenas unos días. La Comunitat Valenciana se mantiene desde tiempo atrás -aún lo hace- como la región peninsular con menor incidencia acumulada cada 100.000 habitantes. De hecho, algunos hablaban del 'milagro sanitario valenciano', aunque la propia subdirectora de Epidemiología de la Generaltat, Herme Vanaclocha, aseguraba en una entrevista a este diario la pasada semana que estas buenas prestaciones no se debían a la suerte sino al "trabajo de muchos años".
Un trabajo sanitario que el Gobierno valenciano, a la vista de los hechos, deberá mejorar. Los contrastes en apenas unos días son llamativos: el pasado 20 de octubre se lanzaba el 'Bono Viatgem CV' anunciado por Puig a finales de septiembre y, unas horas después, el propio presidente ponía sobre la mesa la necesidad de un toque de queda. Un ejemplo evidente de cómo los intentos por reflotar la economía han vuelto a chocar contra el muro de la pandemia y los índices disparados.
Una contradicción de la que no escapa siquiera el propio proceso para el toque de queda y el resto de nuevas medidas adoptadas por el Gobierno valenciano: limitación de seis personas en las reuniones familiares o sociales en espacios público y privados; jardines y zonas de esparcimiento abiertas solo hasta las 10 de la noche; prohibición de consumo en barra en los bares, con cierre de los establecimientos a medianoche y, la orden estrella: la restricción de la movilidad nocturna desde las 12 de la noche hasta las seis de la mañana.
Precisamente esta medida es, probablemente, la más complicada de justificar jurídicamente por lo que, de alguna manera, también ha sorprendido la manera de afrontarla por parte de Puig y su equipo. El pasado jueves, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, pidió la palabra en el Consejo Interterritorial con el Gobierno de España para exponer el deseo de implantar el toque de queda en la Comunitat y, para ello, el impulso del estado de alarma por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. No obstante, la consellera no formalizó la petición por escrito tal y como sí hizo Castilla y León.
Poco después, Puig se lanzaba a anunciar el toque de queda por su cuenta en la Comunitat a través de otras vías legislativas al margen del estado de alarma, mientras el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, había expresado minutos antes que esta era la vía para lograr ese objetivo. A lo largo del viernes, varias CCAA -hasta una decena- se lanzaron a solicitar el estado de alarma: incluso algunas, como Euskadi, tras recibir una negativa de su Tribunal Superior de Justicia, para las medidas deseadas, algo que también le podría pasar al Gobierno valenciano en las próximas horas.
Con esta premisa, Puig se sumó este sábado también a solicitar el estado de alarma pese a continuar con su vía alternativa para el toque de queda. En este sentido, se espera que Pedro Sánchez reúna al Consejo de Ministros este domingo para, tras las diversas peticiones de gobiernos autonómicos, decretar el mencionado estado de alarma, con lo que la medida del jefe del Consell apenas habrá durado 24 horas.
Sobre esto, fuentes próximas al Ejecutivo consideran que, tal y como ha venido reiterando el presidente, su deseo iba dirigido a una declaración global para toda España. No obstante, ante el riesgo de que el Gobierno de Sánchez pudiera demorar algunos días más la decisión, Puig se lanzó a través de su propia vía para evitar de inmediato las salidas nocturnas este fin de semana, dado que preocupan especialmente los botellones y las reuniones de carácter social en domicilios donde suelen 'olvidarse' las medidas de prevención.
Una celeridad, la de Puig, que contrasta con la parsimonia que en otras ocasiones ha tenido el Gobierno valenciano durante esta pandemia. Cabe recordar que la Comunitat fue una de las últimas regiones en aplicar el uso obligatorio de la mascarilla o que también contemporizó con el cierre del ocio nocturno hasta que el Ejecutivo de Sánchez impulsó su clausura a mediados de agosto. Esta vez, en cambio, la reacción del jefe del Consell ha sido incluso más rápida que las de otras CCAA con números mucho peores.