VALENCIA. El Ayuntamiento de Dénia (Alicante) ha sido condenada a pagar 116.000 euros de intereses y costas procesales a la empresa EA Estudio de Arquitectura SL, a la que se negó a pagar durante casi tres años una factura de 240.318 euros, que también deberá abonar. Así el total a pagar es de 356.000 euros, pero podría ser mayor, porque ambas partes están a la espera de otra sentencia del mismo tribunal respecto a otra factura impagada de 117.430 euros, a la que se sumarían costas e intereses si el Consistorio fuera condenado.
La sentencia reconoce el derecho de EA Estudio de Arquitectura SL, defendida por el despacho A. Terol Abogados, a cobrar por los trabajos del Plan General de Dénia. El anterior equipo de Gobierno, presidido por la popular Ana Kringe, se negó a pagar los honorarios devengados por la empresa adjudicataria del Plan General con la excusa de que “se habían presentado tres alternativas y ello no constituía un auténtico Plan General”, según el fallo.
Según la sentencia, si el Ayuntamiento no opone en ningún momento "que la redacción del documento preliminar del Plan General de Ordenación Urbana sea incorrecto, esté mal realizado, sea disonante con las taxativas exigencias normativas que le son aplicables y/o incumpla las previsiones recogidas en el pliego de cláusulas administrativas que rige el pacto establecido entre los litigantes, muy difícilmente va a poder concluir este tribunal que es incorrecta" la sentencia de primera instancia al señalar que el Ayuntamiento de Dénia debe pagar a EA Estudio de Arquitectura SL la factura.
Para el abogado Arturo Terol Castera, "los representantes de la Administración están para tutelar los intereses públicos y no para haciendo bandera política de sus pretensiones, incluso puedan optar por no cumplir con sus obligaciones legales en perjuicio de aquel a quien contrata, con la cobertura de que después sus equivocaciones las pagará la ciudadanía, que es exactamente lo que sucede en este caso".
Según Terol, "la imprudente y arbitraria decisión y el irracional recurso de apelación, ambas decididas y ejecutadas por el anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, ha ocasionado un sobrecoste de 116.000 euros aproximadamente, que es casi la mitad de la factura adeudada y que el supuesto de que siga sin atenderse de pago seguirá devengando intereses de demora superiores al 8,5% en virtud de la Ley de Lucha contra la Morosidad, pagos todo ellos que deberán ser atendidos con cargo a la caja pública, es decir, el exceso producido por capricho de un equipo de gobierno, lo acaba pagando el ciudadano".
"Si a ello añadimos que el Ayuntamiento adeuda por una segunda factura que también se negó a atender de pago en su momento, por cuyo motivo está también en reclamación ante los tribunales que importa la suma de 117.430,50 euros, es condenado de nuevo en costas e intereses, la deuda total podría ascender a casi el doble", añade el letrado.