Marta Sorlí
Ana Botella
Blanca Marín
Natxo CostaVALÈNCIA. Ni a PSPV ni a Compromís les gusta nada el escenario heredado del PP en materia de horarios comerciales -al menos en eso sí están de acuerdo-. Un giro liberalizador de los populares al comienzo de la primera legislatura de Mariano Rajoy trajo a las ciudades de València y Alicante las polémicas Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT), áreas en las que el gran comercio puede abrir sus puertas todos los domingos y festivos.
Tal circunstancia desató las críticas de los pequeños comerciantes, que se consideran en desventaja para competir con las grandes firmas a la hora de estirar los días de apertura; también de los trabajadores, que sumaron jornadas de trabajo en festivo con el cambio; y de los grandes establecimientos del área metropolitana, que se quedaron con la miel en los labios mientras sus vecinos urbanos se beneficiaban de la modificación.
En este clima de descontento -y de judicialización por parte de los grandes comercios que se quedaron sin su parte del pastel-, Compromís y PSPV accedieron al poder en las dos ciudades y en la Comunitat a mediados de 2015. Su compromiso era el mismo: restringir la apertura en domingo. Pero las fórmulas de ambas formaciones para conseguirlo están resultando bien distintas y carentes de puntos de encuentro.
El último choque tuvo lugar esta semana en el Congreso de los Diputados, donde Compromís llevaba al pleno una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de librar a las grandes ciudades españolas de la mencionada obligación de contar con un área liberalizada para la apertura en domingo.
Ambas formaciones coincidieron meses atrás en calificar esta PNL como la herramienta inicial para dejar en minoría a al PP en el Congreso, donde más daño podía hacerle un cambio legislativo. La idea era sumar un amplio respaldo de izquierdas que instara al Ejecutivo a suprimir la obligatoriedad de contar con zonas liberalizadas en las ciudades y, en caso de no ser escuchados por el Gobierno, repetir la operación con una Proposición de Ley que sí provocara un cambio automático en la Ley de Comercio. Pero la alianza de izquierdas no fue tal.
Compromís, que sí había contado con el voto a favor de los socialistas en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, acudió al pleno con un texto endurecido -con una autoenmienda de de la coalición planteada en los últimos días ante la que el PSOE decidió abstenerse-. La diputada Marta Sorlí fue la encargada de su defensa.
Dicha autoenmienda proponía al Gobierno que, además de eliminar las zonas de liberalización obligatoria, redujera el número mínimo de festivos anuales de libre apertura en las diferentes autonomías, fijado en la actualidad en un total de 10 días. Compromís argumentaba que tal reducción devolvía los domingos de apertura a los niveles de la etapa del PSOE al frente del Gobierno de España, pero el PSOE no entendió la incorporación de esta ofensiva de última hora y optó por desmarcarse absteniéndose en una votación en la que se impuso el criterio del PP.
Tras este nuevo desencuentro se esconden dos modos de abordar la cuestión de los horarios comerciales. Por un lado está la férrea defensa de Compromís de los intereses del pequeño comercio y los trabajadores, la postura que llevó a la coalición a tratar de tensar un poco más la cuerda -intentando arañar un nuevo avance incorporando a la PNL el asunto de los festivos autonómicos aperturables-. Y la cuerda se rompió, con el PSPV al otro lado con un discurso más moderado, que aboga por recortar la liberalización recibida pero sin hacer de la gran empresa su adversario.
Buena muestra de ello fueron las palabras de la diputada socialista Ana Botella en el debate de la PNL: "Es positivo levantar el pie del acelerador ultraliberalizador y centralizador, pero no caer en el proteccionismo", afirmó la dirigente, que también subrayó la necesidad de adaptar los horarios comerciales a "los nuevos estilos de vida".
¿Y a qué se refiere Botella con eso de "los nuevos estilos de vida"? Se trata del impacto en el comercio tradicional -el de la venta en el establecimiento- de la irrupción del comercio electrónico -en particular, el de Amazon y su imparable avance entre los consumidores-. La dirigente, como también ocurre con la secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín (PSPV), ofrece un discurso más comprensivo con esta circunstancia que afecta a centenares de grandes comercios valencianos, que argumentan contra el cierre dominical que las compras online se producen durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. "Internet no tiene horarios comerciales", afirmó en esta línea Marín en una entrevista concedida a Levante-EMV.
Por contra, a Compromís no parecen preocuparle estos mensajes de alerta de la gran empresa. El propio director general de Comercio y militante de la coalición, Natxo Costa, ha afirmado en varias ocasiones que su compromiso electoral es única y exclusivamente con los sindicatos y con el pequeño comercio -que quieren cerrar los comercios el máximo número de festivos posibles-. Tanto es así que el dirigente, que ha logrado perfilar un complejo acuerdo autonómico entre grandes y pequeños comerciantes para fijar una apertura en domingo de consenso en toda la Comunitat, auspicia en paralelo la mencionada iniciativa en el Congreso para ir más allá de su propio pacto.
Las diferencias entre Marín y Costa, sin embargo, parecen al menos lejos de reeditar el abrupto choque de trenes que se produjo entre la anterior Secretaria Autonómica de Economía, la socialista María José Mira, y el titular de la Conselleria, Rafael Climent (Compromís).
La dirigente, siguiendo el criterio marcado por la Abogacía de la Generalitat, estimó los recursos del gran comercio que restauraron la libertad horaria a las ciudades de Valencia y Alicante, tras la primera intentona de la coalición de recortar la liberalización del PP. El conseller Climent, que le había pedido que ignorara a la Abogacía y desestimara los recursos, llegó a afirmar que Mira había roto el Pacto del Botánico.
Por suerte, el enfrentamiento no llega hoy a aquel índice de tensión, pero no menos cierto es que este martes en el Congreso volvieron a primar las discrepancias sobre las coincidencias entre ambas formaciones, y ello impidió al bloque de izquierdas escenificar su ansiado rechazo mayoritario a la libertad horaria decretada en su día por el PP.
En la ciudad de Alicante, los desencuentros entre ambas formaciones a cuenta de la regulación de los horarios se hicieron especialmente intensos a partir de diciembre del año pasado, cuando se conoció la sentencia de primera instancia que reconocía el derecho de tres centros comerciales (Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante) a formar parte de una ZGAT, como la que ya amparaba al gran comercio asentado en el Centro (fundamentalmente a El Corte Inglés) desde 2013.
Lo cierto es que, hasta ese momento, PSPV y Compromís (aliados en el equipo de Gobierno) habían ido de la mano. En octubre de 2015, los dos partidos (junto a Guanyar, el tercer socio del tripartito) aprobaron el cierre total: que se eliminase la ZGAT acordada por el PP, como preveía su pacto de gobierno.
Ese régimen saltó por los aires después de que El Corte Inglés recurriese ese cambio (alegó que no se le había dado trámite de audiencia para poder alegar). El alcalde y concejal de Comercio, Gabriel Echávarri, se aferró a esa impugnación para negociar otro acuerdo completamente opuesto: libertad comercial para toda la ciudad después de conseguir un compromiso de ampliación de plantillas con la cadena de grandes almacenes, además de un límite para favorecer la conciliación de los empleados, de modo que no trabajasen más de 13 festivos al año. Echávarri llevó ese modelo a pleno en marzo de 2016, pero solo logró el apoyo de Ciudadanos. Sus socios de Compromís y Guanyar votaron en contra, junto al PP.
Dos meses después, en mayo, llegó el informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que obligó a volver a la ZGAT de 2013: la que El Corte Inglés había defendido en su recurso. Y de nuevo, surgió una nueva propuesta: perpetuar esa zona de libre apertura solo para el centro, después de que ningún otro operador comercial se sumase a los acuerdos de contratación y de limitación de festivos que sí había asumido El Corte Inglés. En esa votación, en octubre de 2016, PSOE y Compromís sí hicieron piña.
Pero llegó la sentencia favorable a los otros tres operadores comerciales y el consenso se deshizo. Compromís sí avaló que se presentase un recurso ante el TSJ (todavía pendiente de resolución) para tratar de mantener esa ZGAT. Pero, en enero, llegó el auto en el que se forzaba su ejecución provisional. Y ahí ya no hubo espacio para el entendimiento.
La Dirección General de Comercio que tutela Natxo Costa (Compromís) requirió al Ayuntamiento para que le aclarase cómo debía cumplir esa sentencia. El cruce de comunicaciones y de alegaciones se alargó hasta junio, cuando la dirección general hizo efectivo el fallo con una nueva ZGAT, esta vez de carácter estacional: se amparaba la práctica comercial para todo el gran comercio de Alicante en los domingos comprendidos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.
El PSOE, sin mediar consulta con sus socios de gobierno, recurrió esa ZGAT. La Dirección General de Comercio tiene ahora dos meses de plazo para resolverlo, junto a las impugnaciones presentadas por Anged, El Corte Inglés y el resto de centros comerciales de Alicante.
