BENIDORM (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un promotor inmobiliario de 52 años acusado de los delitos de estafa y falsificación documental tras haber percibido, presuntamente, un total de 161.000 euros por la venta de dos viviendas sobre plano de un edificio que se iba a construir en Finestrat, al parecer sin tener licencia de obra.
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional por parte de los compradores de ambas viviendas que habían abonado esa cuantía, según un comunicado de la Comisaría Provincial.
El proyecto consistía en la ejecución de 24 viviendas, para lo cual se otorgó a finales de 2019 licencia de obra mayor a la promotora, cuyo administrador era el arrestado. Entre la documentación aportada por la mercantil había un justificante de pago de las tasas urbanísticas por valor de 72.958,20 euros.
Las víctimas pagaron a la promotora la suma total 161.000 euros por la compra de dos viviendas sobre plano, cuya fecha de entrega prevista era abril de 2021.
Los agentes de la Comisaría de Benidorm encargados del caso recabaron datos e informes del departamento de urbanismo del ayuntamiento que concedió la licencia y donde se iban a construir las viviendas.
Según informó dicho departamento, una vez comenzaron las obras hubo problemas durante su ejecución que generaron molestias a vecinos y ocupación de vía pública, no contando con la autorización municipal específica.
Seguidamente revisaron la documentación presentada por la promotora para la solicitud de la licencia y detectaron en ese momento ciertas irregularidades en los pagos y fianzas de esas obras. A pesar de constar un justificante de pago de las tasas entre la documentación presentada por la cantidad de 72.958,20 euros para la solicitud de la licencia, ese dinero nunca llegó a ser ingresado en las arcas municipales, según la nota de prensa de la Policía Nacional.
Por ello se ordenó la paralización de las obras y se abrió un expediente de infracción administrativa urbanística para iniciar la caducidad de la licencia, al no cumplir con los requisitos establecidos para su concesión.
Tratándose de una licencia no válida, se entendía que las obras habían empezado sin ampararse en autorización alguna y el ayuntamiento concluyó que, si bien contaba con la preceptiva licencia urbanística para obra mayor, no se dio cumplimiento a las condiciones para su eficacia por parte de la promotora, según el comunicado de la Comisaría Provincial.
Finalmente, según el informe emitido por el consistorio y dado que el administrador de la promotora había aportado un justificante de ingreso bancario por las tasas supuestamente falso, sumado al hecho denunciado por las víctimas, los agentes lo detuvieron por los presuntos delitos de falsedad documental y estafa.
