Foto: EVA MÁÑEZ VALÈNCIA. Es la Generalitat Valenciana la que debe tramitar la multa a los organizadores de las Paellas Universitarias de 2019 por el incumplimiento de la normativa de espectáculos. Es lo que se deduce de un informe elaborado por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de València para dar respuesta a las discrepancias surgidas entre la administración autonómica y la municipal sobre quién debía de encargarse de tramitar esta sanción, ejemplo paradigmático de muchas otras.
Como publicó este diario, ambas instituciones mantienen un conflicto competencial porque los hechos constitutivos de infracción se produjeron en el impás en el que se estaban trasladando las competencias sobre las multas por infracciones de la Ley de Espectáculos. El 4 de abril se suscribió un convenio por el que se traspasaban estas funciones de la Generalitat al Ayuntamiento, pero no se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) hasta el 13 de mayo. En medio de este período, el 12 de abril concretamente, se produjeron los incumplimientos de la normativa.
Es por ello que desde el área de Alcaldía se solicitó un informe a la Asesoría Jurídica municipal con el objetivo de desentrañar la cuestión. Así, el órgano explica en el documento al que ha tenido acceso Valencia Plaza que en el convenio no se encuentran incluidas las sanciones cuyas actas "sean anteriores a la fecha de publicación del convenio en el DOGV". Es decir, que la imposición de la multa a Paellas Universitarias correspondería según este criterio a la Generalitat Valenciana.
El acta de esta sanción es, en realidad, una entre muchas. La Generalitat, y concretamente la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre), dirigida por José María Ángel, pretende trasladar al consistorio multitud de actas en una situación similar a esta, según recoge la Asesoría: "Se desprende que es voluntad de la administración autonómica remitir una cantidad importante de actas, que va más allá de las acaecidas en las fechas más próximas a la firma y publicación del convenio".
El escrito de la Asesoría subraya que aunque "legalmente podría tramitarse" toda infracción registrada antes de la firma del convenio, sería necesario hacer antes una adenda al mencionado acuerdo. Y es que, continúa el órgano, "existen dudas jurídicas razonables que podrían ocasionar, en sede jurisdiccional, la anulación de sanciones impuestas". Una hipotética situación que el Ayuntamiento del 'cap i casal' prefiere evitar.
En ese sentido detalla que el Ayuntamiento de València dispone de unos medios concretos para tramitar unas 2.000 actas al año, que es lo que previó el acuerdo entre ambas instituciones. Ahora bien, la legislación estatal establece que la delegación de competencias "habrá de mejorar la eficiencia [...], contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
Unas consideraciones que, según la Asesoría Jurídica municipal, hacen que la pretensión de la administración autonómica sea "contraria a Derecho" ya que supondría "un desequilibrio económico" y una "alteración de las condiciones legales básicas". Y en esa línea, señala que no puede argumentarse que el Ayuntamiento obtendrá nuevos ingresos con estas multas para sufragar los nuevos gastos, ya que para ello sería necesario un nuevo estudio económico y la reforma del convenio.
En todo caso, insiste, "la administración autonómica dispone de los medios personales y materiales necesarios para la tramitación de estas actas", pues pese a que ya no tramita las infracciones acaecidas en València ciudad, lo sigue haciendo con las que se registran en el resto de municipios de la Comunitat.
Según el concejal encargado del Procedimiento Sancionador, Carlos Galiana, el consistorio ya está trabajando en las sanciones graves y muy graves, y lo hace "desde el primer día" que se produjo el traspaso de competencias por parte de la Generalitat Valenciana "en virtud de las peticiones vecinales y del propio consistorio". Así, destaca que la concejalía va "al día" en la tramitación de las infracciones. "En general, estos expedientes ponen orden en casos de graves incumplimientos de las ordenanzas municipales y garantizan que se respeten y se cumplan los derechos de la ciudadanía frente a grandes eventos o empresas", recuerda el edil.
Huelga recordar que el Ayuntamiento de València ya impuso una multa a los organizadores de las Paellas Universitarias por el incumplimiento de la ordenanza de ruido. que ascendió a apenas 1.200 euros, tal y como publicó este diario. La multa que ahora es objeto de discusión competencial sería mucho mayor. Los técnicos deberán estudiar el caso y dirimir la cuantía: si se multa a los organizadores por celebrar las Paellas sin autorización, se les aplicaría la sanción de una falta grave, de hasta 300.000 euros; por contra, si el motivo de la sanción es haber llevado a cabo el festival desoyendo una resolución denegatoria del Ayuntamiento, se consideraría una falta muy grave, con multa de hasta 600.000 euros.
