Divalterra otorgó a tres periódicos el 82% de su campaña de publicidad

VALENCIA. La antigua Imelsa, empresa de la Diputación de Valencia rebautizada como Divalterra a principios de junio de 2015, invirtió 62.306 euros en la campaña de publicidad para dar a conocer la marca con un reparto. El 82% de dicha inversión fue a parar a sólo tres medios, según el informe de los servicios jurídicos incorporado por el Partido Popular a la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que fue archivada al no hallar el fiscal indicios de delito.

El documento, firmado por el letrado y el auditor de la antigua Imelsa, José Luis Vera y José Luis Pellicer, respectivamente, es el informe en el que los letrados dejan caer la sospecha de un posible "fraccionamiento indebido de contratos" por parte del entonces codirector-gerente Víctor Sahuquillo para evitar que superasen los 18.000 euros, ya que a partir de esa cifra necesitaba la firma mancomunada de la otra directora-gerente, Agustina Brines.

El informe fue aireado el pasado mes de noviembre y publicado en los medios, incluido Valencia Plaza, pero nunca se explicitó cuál era el objeto del contrato sobre el que el auditor expresaba esas dudas. Era el de la campaña de publicidad "Presentación de Divalterra", con un presupuesto de 70.000 euros, adjudicado a 14 medios de comunicación –cinco periódicos digitales, cuatro en papel, dos agencias, dos emisoras de radio y una televisión–  por un total de 62.306 euros.

Según el informe, aportado por el PP en su denuncia y al que ha tenido acceso este periódico, el 82% de esa cantidad fue a parar a sólo tres medios, Levante (18.000), El Mundo (18.000) y Las Provincias (15.050). El resto se lo repartieron los once medios restantes. Valencia Plaza firmó un contrato de 675 euros. El listado completo es el siguiente:

Si bien la modalidad de contratación con cada medio –contrato de difusión publicitaria– en lugar de en un solo "contrato de publicidad" con una agencia es una fórmula legal, el auditor señala que la decisión de optar por esta modalidad debió ser mancomunada. Sólo la firmó Sahuquillo, que dada la cuantía de los contratos individuales, no necesitó a partir de entonces la firma de Brines.

En cuanto al intento de eludir facturas de más de 18.000 euros, las sospechas del auditor en el informe aportado por el PP recaen sobre un único contrato, el de Levante, negociado inicialmente por un importe de 30.000 euros, que finalmente se ajustó a 18.000, reduciéndose "los servicios a prestar", es decir, el formato de los anuncios.

En otro informe que el PP no aportó a la denuncia, el auditor señalaba a la empresa que diseñó la nueva imagen de Divalterra, Social Nova Marketing, como beneficiaria de contratos que sumaban 30.000 euros, aunque ninguno de ellos superaba los 12.000, según publicó en su día Las Provincias. 

No se evaluó el resultado de la campaña

Uno de los aspectos que el PP denunció y que consta en la tercera de las conclusiones del informe es que "no consta en el expediente evidencia de la consecución de los objetivos y de la eficiencia y eficacia de la contratación efectuada, ni informe que recoja valoraciones finales del órgano de contratación sobre la estrategia de comunicación utilizada". 

También destacaba la conclusión del informe que señala que en estos 14 contratos "se han vulnerado los requisitos de contratación que exigen, cuanto menos, informe previo de necesidad y de existencia de crédito antes de cualquier licitación o contratación".

La denuncia del PP también hacía referencia a la contratación de la letrada Emma Ramón, que compartió despacho con el entonces director de los servicios jurídicos, José Luis Vera, así como dos informes de auditoría, uno interno y otro externo, que reflejan una serie de irregularidades contables y administrativas en Divalterra.

La denuncia se presentó el 29 de noviembre de 2016. Víctor Sahuquillo fue cesado a finales de diciembre y la Fiscalía Anticorrupción archivó la denuncia a principios de enero de este año.