Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La división que generó la reforma del Impuesto de Sucesiones la semana pasada entre PSPV, Compromís y Unides Podem volvió a repetirse este martes, pero esta vez, con las enmiendas a la Ley de Bienestar Animal. Una norma que pretende erradicar los abandonos e impedir el maltrato animal, pero que también prohíbe que en cada vivienda haya más de cinco mascotas o permite a los ayuntamientos implantar una tasa por tener un gato o un perro.
Los socios del tripartito habían ido de la mano hasta ayer, martes. Sin embargo, los socialistas decidieron presentar una enmienda a última hora para, en línea con el debate y discurso que mantienen en el ámbito estatal, excluir a los perros de caza del trato que reciben los animales del ámbito doméstico. Una demanda de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, las organizaciones agrarias LA UNIÓ y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), que sostenían que esta ley "atacaba" su "actividad".
El texto acordado en un principio por el tripartito definía el maltrato a un animal como toda conducta "por la cual se ejerce una acción u omisión o comportamiento violento sobre un animal que provoque lesiones que menoscaben gravemente su salud". Sin embargo, el PSPV introdujo este martes, todo seguido, una salvedad: "excepto las posibles lesiones que pudieran sufrir los animales de compañía que hacen tareas o actividades específicas en el ejercicio de sus funciones específicas".
Previamente, habían definido que los perros con funciones específicas son aquellos dedicados "a la caza, trabajo, pastoreo, rescate, asistencia, con fines deportivos o los utilizados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".
El cambio en la norma, además de atender las peticiones del sector -que pedía que se tuvieran en cuenta "los intereses del mundo rural"-, fue apoyado por el Partido Popular y por Ciudadanos. Por lo que, aunque contó con el voto en contra de Compromís y Unides Podem, logró salir adelante.
La división, más allá de ser llamativa porque supone una fractura más en el seno del Botànic, no hace más que replicar la fractura que ha surgido también en el ámbito estatal entre Podemos y PSOE. La Ley de Bienestar Animal elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en manos del partido de los círculos, inició su trámite parlamentario a principios de octubre y desde entonces ha levantado ampollas tanto en el ámbito político como social.
La norma estatal pretende exactamente lo mismo que la autonómica: poner fin al abandono y al sacrificio de animales de compañía y silvestres en cautividad, además de unificar las distintas normativas que ya existen en las Comunidades Autónomas, de manera que prevé también una modificación del Código Penal para todo el territorio nacional.
El punto que ha generado más disensiones, como en la Comunitat, es el que afecta a los perros de caza. Según el texto inicial, deberían recibir el mismo trato que los animales domésticos, pero el PSOE, en solitario y sin acuerdo con Podemos, ha presentado una enmienda que pretende excluir de la futura ley a estos perros utilizados con fines cinegéticos, junto con otros animales auxiliares, entendiendo que su situación y sus necesidades son diferentes.
Un planteamiento que ha despertado las críticas de animalistas, que ya se han manifestado ante diferentes instituciones contra la enmienda socialista.
