Foto: MINISTERIO DE TRANSPORTESVALÈNCIA (EFE). El drenaje de la cuenca del Poyo se paralizó por incompatibilidad con la ley de protección de la huerta en la Comunitat Valenciana, aunque tras lo ocurrido con la Dana, el Ministerio para la Transición Ecológica "supone" que la Generalitat dará luz verde a la tramitación del proyecto, según han informado hoy fuentes del Miteco.
El proyecto de Vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia plantea una conexión desde el barranco del Poyo, aguas arriba de Paiporta (entre Paiporta y Picanya), hasta el nuevo cauce del río Turia.
"Actualmente, este proyecto está paralizado porque resulta incompatible con la ley de protección de la huerta", aprobada en 2018 durante el mandato del Gobierno del Botànic que presidía Ximo Puig.
La misma fuente ha asegurado que "viendo el inaudito episodio de avenidas sucedido la semana pasada, con unos caudales de tal envergadura, es cierto que esta solución presentaría problemas".
En una situación como la vivida, "hubiera sido muy arriesgado llevar el agua del barranco del Poyo al Turia, porque el nuevo cauce ya llevaba unos caudales muy importantes, casi al máximo de su capacidad".
Ante esta situación, desde la Confederación se opta por una alternativa dirigida a mejorar la capacidad de desagüe del barranco del Poyo aguas debajo de la A-3.
Este proyecto está redactado y la ejecución de las obras hay que someterla a la evaluación coste-beneficio, tal y como establece la Directiva de Protección Contra Inundaciones. "Ahora mismo, nos encontramos en esta fase", añaden las fuentes.
"A fecha de hoy tenemos ya proyectos con tramitación ambiental finalizada, con previsión de licitación, otros aún en tramitación ambiental (alguno desestimado por oposición de ayuntamientos y Generalitat)".
Según los datos facilitados a Efe por el Miteco, el 16 de diciembre de 2011 la secretaría de Estado de Cambio Climático (Teresa Ribera) formula declaración de impacto ambiental favorable al Proyecto (Informativo) de Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera con una serie de condiciones.
En 2017 la declaración de impacto ambiental caduca al no haberse iniciado el proyecto. "Los recortes del PP dejaron entre un 25% y un 30% la disponibilidad presupuestaria precrisis para políticas de agua".
"En 2018 tenemos que volver a iniciar la tramitación con el análisis coste-beneficio del proyecto. En fecha actual, la actualización del proyecto "está pendiente de resolver la compatibilidad de la propuesta" con los requisitos ambientales y paisajísticos de la Generalitat, añaden las fuentes.
