'Eau de Paris' y las reversiones

7-11-18. Mientras algunos siguen defendiendo las bondades de dejar en manos privadas las más importantes responsabilidades públicas y mirar hacia otro lado, en toda Europa se está produciendo una tendencia hacia la reversión o vuelta a lo público, bautizada también como la “remunicipalización”. Los motivos se acumulan: la falta del éxito esperado, la pérdida de control sobre la calidad del servicio, el incremento de tarifas, la presión social o las finalizaciones de los contratos, tal y como recoge el Informe Greenwich.

El caso del agua es una tendencia mundial. En Paris, mediante la empresa pública de agua 'Eau de Paris' el primer año se redujo la tarifa en un 8% gracias al ahorro inmediato de 35 millones anuales, además de prohibir el corte de suministro a las familias que no pueden pagar. En Berlín la misma batalla se ganó por la presión social, mediante referéndum, con un 98,8% a favor de la gestión pública. En otros muchos municipios se ha seguido la misma tónica. Curiosamente mientras Alemania, Troika mediante, instaba a Grecia a privatizar el servicio de agua, la tendencia en los municipios alemanes era su remunicipalización.

Pero, ¿no era más económico privatizar? los datos hablan por sí solos: el Tribunal de Cuentas en su informe nº 1010 ya señalaba que el incremento de costes por la privatización de los distintos servicios municipales podía ir del 22% al 90% respecto a la gestión directa. ¿Y la transparencia? Dado que es una empresa privada, la administración (incluidos sus órganos de control, como la Sindicatura de Cuentas) tiene que hacer un acto de fe con los datos cocinados que ésta ofrece.

Evidentemente ni todos los casos son iguales ni hay que demonizar la colaboración público-privada, que forma parte del día a día de cualquier administración pública. Pero tampoco es legítimo demonizar todo lo público, calificarlo de ineficiente per se y pretender ofrecer rentabilidad económica a las empresas sobre cualquier servicio público -por esencial que sea- a costa de incrementos de tarifas, empeorar la calidad o aumentar la precariedad laboral.

En nuestra Comunitat, fueron muchas las privatizaciones abordadas por los gobiernos del PP y detrás de la mayoría hoy hay un proceso judicial o una sentencia condenatoria firme, poniéndose de relieve que, tras su discurso ideológico, había intereses ocultos en forma de mordidas y otras prebendas, que han causado daño tanto a la calidad de los servicios públicos, como a las arcas públicas, como al prestigio de una parte del empresariado valenciano.

La privatización de nuestros derechos, como la sanidad, convertido por el PP en un lucrativo negocio para algunas multinacionales a costa de calidad y precariedad laboral, es un claro ejemplo al que el Consell del Botànic le está poniendo remedio.

Pero la cuestión es, cuando una administración quiere revertir el servicio que fue privatizado ¿cómo se vuelve a lo público?

En tal caso, se ha de abordar qué ocurre con el personal que venía prestando servicios para la empresa privada. Obviamente, éste conserva intactos sus derechos laborales merced, en su caso, a la subrogación o traslado de las obligaciones a la nueva empleadora, la administración pública. Así está previsto tanto en el art. 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, como en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva 2001/23.

Por otra parte, es sabido que el acceso a la condición de empleado público viene limitado por el art. 103 de la Constitución Española y el Texto Refundido del Estatuto del Empleado Público, además del veto expreso de la Ley 3/2017 a la consolidación del personal ante la extinción del contrato de servicios. Esto es, se exige un proceso selectivo en el que se cumplan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, o lo que viene a ser lo mismo, superar unas oposiciones.

Entonces ¿cómo se conjuga la obligada subrogación, y el necesario respeto a los derechos laborales, con la prohibición de acceder a la condición de empleado público sin oposición ni prueba alguna? En el caso del Departamento de Salud de La Ribera la respuesta fue declarar al personal subrogado a la Generalitat en situación de “a extinguir”, al ser personal laboral que ocupa plazas de personal estatutario.

Posteriormente, en Les Corts aprobamos la reforma a la Ley de Salud valenciana, incorporando a su art. 7.4 que, en caso de subrogación del personal, la condición en la que seguirían en sus puestos es la de personal “a extinguir”, hasta el cese por las causas legales de extinción de los contratos laborales. De este modo, la normativa sanitaria valenciana sí que ofrece una respuesta ante la subrogación, a tener en cuenta para las futuras reversiones, como la anunciada en los Presupuestos del Departamento de Salud de Denia y el servicio de resonancias magnéticas, en trámite. Y ello para seguir recuperando la gestión pública de nuestra sanidad, que nunca debió venderse como un negocio.

No es el único caso en el que se ha aplicado esta fórmula legal, pues ya en el año 2013 el gobierno del PP la utilizó al extinguir sociedades mercantiles, para salvar a unos pocos elegidos. Al mismo tiempo despidió a más de 3000 personas con sus más de 15 ERE, muchos de ellos anulados por Sentencia por vulneración de derechos laborales. El gobierno del Botànic funciona precisamente a la inversa: garantizando los derechos laborales y el empleo de las personas que están prestando el servicio público.

Obviamente, los puestos que ocupa el personal “a extinguir” no pueden ser convocados a oposición, y su relación con la administración se rige en términos laborales: aplicación del Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo vigente.

¿Quiere esto decir que sin haber aprobado una oposición tienen un puesto para toda la vida? Lo que tienen es un nuevo empleador, la administración pública, pero su régimen jurídico es el mismo que el que tenían: un contrato laboral y, en consecuencia, la aplicación de la normativa laboral, a todos los efectos (despido, permisos, modificación sustancial,…).

De este modo se consigue que la administración pública, guiada por el interés general y no el beneficio económico, recupere la gestión y control de un servicio público tan esencial como es la sanidad. Y ello sin perjudicar los derechos laborales de los empleados que venían prestando ese mismo servicio para la empresa privada y que son fundamentales para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Así, el Consell del Botànic recupera derechos privatizados, como la sanidad, convertido por el PP en un lucrativo negocio para algunas multinacionales a costa de calidad y precariedad laboral.

Urge que la legislación estatal ofrezca una pormenorizada regulación para los distintos casos de reversión de un servicio público, pues son muchas las administraciones que ansían recuperar el control público de los servicios que prestan y no son pocos los obstáculos. La ola privatizadora ha perdido fuerza, y buena parte de la sociedad ha entendido que a veces, lo barato sale caro.

Isaura Navarro es diputada de Compromís en Les Corts