Hoy es 15 de agosto
VALENCIA. La patronal autonómica Cierval y los sindicatos UGT y CC OO tendrán que seguir esperando para ingresar los 5,2 millones en subvenciones previstos para este año en la Ley de Participación Institucional. A pesar de que el reglamento que desarrolla esa ley se aprobó ya hace un mes, la Conselleria de Economía aún no ha enviado a la de Hacienda el OK definitivo para que transfiera el 50% de esos fondos, una deuda que los agentes sociales reclaman desde hace semanas y que les ha llevado a amagar incluso con bloquear el diálogo social.
El conseller de Economía, Rafael Climent (Compromís), firmó definitivamente la orden para abonar esos fondos el pasado jueves, tres semanas después de garantizarles a las organizaciones beneficiarias que ingresarían el dinero en pocos días porque Economía ya había transferido la orden a Hacienda. Pero la realidad es que el visto bueno no ha salido del departamento que encabeza Climent y allí continúa.
El argumento que Economía ha trasladado para justificar la lentitud en la tramitación ha sido la exigencia de contar con informes complementarios, primero de la Abogacía de la Generalitat y, posteriormente, de la Intervención. El ente fiscalizador ya dio su autorización para el pago hace unos días, pero los funcionarios están planteando algunas objeciones a la redacción de los documentos contables que la acompañan. Se trata de cuestiones menores o de estilo, como el uso de contracciones para citar algunas leyes, pero que en la práctica están frenando la tramitación.
Según explican fuentes conocedoras del proceso, se han producido varias de estas correcciones menores. Sin ir más lejos, este viernes aún se corrigieron algunos aspectos. La minuciosidad con la que se está tratando la documentación podría estar relacionada con el hecho de que la ley haya sido recurrida por varios sindicatos minoritarios que no están de acuerdo con la forma de repartir los fondos prevista en esa ley.
Entre ellos está Intersindical, sindicato próximo a Compromís y al que pertenecen algunos de los funcionarios que intervienen en la tramitación, como la subsecretaria de la Conselleria de Economía Conxa del Ruste. El propio conseller ha mostrado públicamente no estar de acuerdo con el contenido de la ley y aboga por repartir las ayudas por participación institucional entre más sindicatos. Este hecho ha molestado a Cierval, UGT y CC OO, que sospechan de que la demora en la tramitación obedece al escaso interés del conseller por sacar este asunto adelante.
El descontento de las organizaciones beneficiarias ha ido en aumento en las últimas semanas, sobre todo desde que Climent les prometió una pronta solución que no se ha cumplido. Este mismo viernes, representantes de la patronal y los sindicatos mayoritarios mantuvieron una reunión con la subsecretaria de Hacienda, Eva Martínez, quien les informó del estado de la tramitación y aclaró que la autorización aún no ha llegado al departamento que dirige Vicent Soler.
UGT y CC OO están a la espera de recibir 1,3 millones de euros cada uno, mientras que Cierval tiene pendiente ingresar 2,6 millones de euros. La participación institucional regula los fondos que se les entregan a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas para cubrir conceptos que van desde salarios hasta gastos de papelería o suministros, y colaboración institucional.