Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Si ha de ser ser una empresa pública, será una empresa pública. El informe de la Abogacía de la Generalitat que desmonta punto por punto el decreto-ley de la Conselleria de Economía para transformar Feria Valencia en una corporación de derecho público tutelada por la Generalitat deja tan poco margen para reconducir la situación que el departamento que dirige Rafael Climent ya se plantea renunciar a su idea y aceptar la solución que propone la Conselleria de Hacienda, que pasa por acabar definitivamente con los problemas del recinto ferial integrándolo dentro del sector público instrumental.
El informe es una enmienda a la totalidad de la norma preparada por Natxo Costa, subsecretario de la Conselleria de Economía, que había encontrado en la corporación de derecho público una suerte de "fórmula de la Coca-Cola" –según bromeó él mismo cuando presentó el borrador del decreto– para eliminar las dudas sobre la naturaleza jurídica sobre Feria Valencia y, al mismo tiempo, asegurar su viabilidad económica y financiera.
La Abogacía, tal y como publicó Valencia Plaza, niega que la Generalitat tenga competencias para crear una corporación de derecho público al estilo de las cámaras de comercio, rebate la urgente y extraordinaria necesidad de hacerlo por decreto ley y, sobre todo, cuestiona que ello vaya a servir para garantizar su viabilidad. Según el órgano consultivo, si Feria Valencia no se integra dentro del sector público, la Generalitat no podrá habilitar mecanismos de financiación como el contrato-programa ni, sobre todo, cancelar la cuenta acreedora de 474 millones a su favor que lastra a Feria Valencia y la aboca a entrar en causa de disolución si no la elimina de su balance antes de que acabe el año.
Aunque no comparte muchos de los argumentos del órgano consultivo, la Conselleria de Economía encaja ese revés y acepta la conversión de Feria Valencia en una entidad pública si esa es la solución para borrar la cuenta acreedora.
La asunción de la deuda de Feria Valencia por parte de la Generalitat y la eliminación de la mencionada cuenta acreedora eran requisitos previos para la transformación en corporación de derecho público que planteaba la Conselleria de Economía, cuya fórmula era del agrado de los empresarios porque daba al recinto agilidad para operar como una empresa privada con tutela pública.
Ante la negativa de Hacienda a eliminar la cuenta acreedora a su favor y el escaso margen que le deja la Abogacía para reconducir su proyecto, el departamento que dirige Rafael Climent dejará que sea ahora Hacienda quien proponga cuál es el siguiente paso. Este mismo miércoles tendrán ocasión de discutirlo durante la reunión del patronato para aprobar las cuentas del recinto ferial valenciano en cuyo orden del día figura un punto sobre el proceso de reestructuración.
La idea del departamento que dirige Vicent Soler es que esa reestructuración se concrete con la integración de Feria Valencia en el sector público de la Generalitat, bien mediante su transformación en una empresa pública, bien con su absorción por parte de alguno de los entes existentes, como el Ivace.
Una vez dentro del perímetro de la Generalitat, la deuda desaparecería del balance de Feria Valencia al consolidar con la administración, pero el proceso debe ir acompañado de una reducción de su estructura para adaptarse a la situación del negocio ferial tras la pandemia, marcada por menor actividad y el desplome de los ingresos.
Además, una vez el Ayuntamiento de València ha aceptado transmitir a la Generalitat, mediante una mutación demanial gratuita, la totalidad de los inmuebles que integran la concesión otorgada a Feria Valencia, la intención de la Conselleria de Hacienda es optimizar el uso de esos inmuebles, ya que las necesidades de espacio actuales de Feria Valencia están muy por debajo de su capacidad total.
De hecho, en el acuerdo por el que los edificios pasan a ser de titularidad autonómica como compensación por hacerse cargo de la deuda, la Generalitat se garantizó el derecho a desarrollar "otras actividades vinculadas o compatibles", siempre que la mayoría de los bienes sigan dedicándose a la actividad ferial. El recinto ferial ya está siendo usado como almacén centralizado de material sanitario contra la covid, almacén temporal de residuos sanitarios o almacén de monumentos falleros.
A la espera de un posible acuerdo para la creación o transformación de Feria Valencia como empresa pública de la Generalitat, la alternativa que sí está totalmente descartada es la del consorcio, a pesar de que el informe de la Abogacía la sugería como posible solución a los problemas del recinto.
Economía recuerda que en el pasado propuso esta alternativa "por activa y por pasiva", pero no se concretó porque ni el Ayuntamiento de València ni la Cámara de Comercio tienen intención de participar en el mismo.
A ello se une, además, el encaje del centenar de trabajadores que integran actualmente la plantilla de Feria Valencia, ya que la legislación exige que sean empleados de alguna de las administraciones consorciadas.
