VALÈNCIA. Como a todo buen guión, al de la reestructuración de Feria Valencia no le podía faltar un giro inesperado. Su protagonista ha sido Natxo Costa, el exdirector general de Comercio que, tras asumir el papel de subsecretario en la Conselleria de Economía Sostenible, mantuvo sus competencias sobre las ferias comerciales para participar en el desenlace de una historia que se prolonga ya más de cinco años.
Así, a la espera de que la Conselleria de Hacienda, en su papel de antagonista, quiera dar otro rumbo al relato, la película se encamina hacia un final en el que Feria Valencia seguirá funcionando como una entidad privada, sometida al derecho mercantil y sin el corsé de los controles propios de la contratación pública, pero bajo la tutela de la Generalitat. Esto es, una entidad de base asociativa privada, controlada por los empresarios, pero vigilada por la administración al prestar un servicio público, y financiada tanto con los recursos generados por su propia actividad como por subvenciones públicas vía convenios.
El referente más cercano de este nuevo encaje jurídico de las instituciones feriales de la Comunitat son los colegios profesionales o las Cámaras de Comercio, corporaciones de derecho público que colaboran con la administración en aspectos como la internacionalización de las empresas o la realización de estudios y proyectos relacionados con la actividad comercial.
Para concretarlo, la Conselleria de Economía llevará próximamente al pleno del Consell su propuesta de Decreto-Ley para transformar a IFA y Feria Valencia en corporaciones de derecho público sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar, y sometidas al derecho privado por su carácter mercantil. "Hemos descubierto la fórmula de la Coca-Cola, pero encima la podemos hacer con cosas que tenemos en la nevera", se felicitó este lunes Costa.
El planteamiento, por tanto, se aleja del anunciado hace apenas un mes por la Conselleria de Hacienda el día que firmaron con el Ayuntamiento de Valencia la cesión a la Generalitat de los edificios y los terrenos que ocupa Feria Valencia, que serán de titularidad autonómica de forma indefinida siempre que se cumpla el requisito de destinar la mayor parte de las instalaciones a la actividad ferial.
Entonces, el conseller de Economía, Rafael Climent, aseguró que el plan era integrar a Feria Valencia dentro del sector público instrumental de la Generalitat con una fórmula aún por "diseñar". Vicent Soler, titular de Hacienda, precisó un poco más al vaticinar que sería una empresa pública mercantil de la Generalitat como podría ser FGV.
Lo cierto es que la fórmula elegida finalmente para acabar con la indefinición de la naturaleza jurídica de Feria Valencia se aleja de lo defendido por Compromís desde la Conselleria de Economía durante los últimos años. En contraposición a Hacienda, que tras asumir la deuda siempre ha rechazado cualquier alternativa que implicase futuras cargas para las arcas autonómicas, el departamento de Climent siempre había defendido que, fuera cual fuera el modelo –fundación, consorcio o empresa– debía ser de mayoría y control públicos.
Ahora, con esta suerte de giro 'liberal', la Conselleria de Economía se abre a que Feria Valencia siga operando básicamente como hasta ahora, con criterios empresariales y régimen mercantil, pero sin el tremendo lastre de la deuda asociada a sus obras de ampliación.
El gobierno de la institución seguirá pues en manos de los empresarios de los sectores tradicionales vinculados a la actividad ferial y su estructura podrá ser sostenida en parte con recursos públicos, con el único límite de que las transferencias públicas mediante convenios no superen el 50% de sus ingresos para no consolidar en el balance de la Generalitat.
A primera vista, el nuevo guión agrada a los empresarios. Al menos así lo manifestaron este lunes cuando el conseller Climent y el propio Costa les presentaron el borrador de Decreto-Ley para la transformación jurídica de Feria Valencia e IFA.
A favor de Economía juega su intención de aprobarlo de forma inminente, tal y como se le respondió durante ese encuentro al empresario Vicente Lafuente, postulado en su momento por la Conselleria de Economía como candidato a la presidencia de Feria Valencia pero que declinó la oferta precisamente por la indefinición en la hoja de ruta y los vaivenes de la Hacienda y Economía.
Así las cosas, a la espera de que la Conselleria de Hacienda analice una propuesta que, asegura, conoció poco antes de que el propio Costa presentara el borrador de decreto a los medios de comunicación y a los empresarios, todo apunta a que el principal escollo puede estar en el ajuste de estructura de Feria Valencia.
Tan es así que el único pronunciamiento oficial por parte del departamento de Vicent Soler fue para recordar que cualquier propuesta se ha de ajustar a los objetivos fijados "por el conjunto del Consell".
Y entre ellos están la reestructuración de Feria Valencia para hacerla sostenible en el medio y largo plazo, lo que incluye definir su forma jurídica y asumir la deuda, pero también "analizar su modelo de negocio a futuro y evaluar sus necesidades de infraestructuras y de personal para desarrollar ese negocio".
Es sabido que Hacienda, y en particular la secretaria de Modelo Económico, María José Mira, pretende "optimizar" el uso de la infraestructura y mantener la parte que sea necesaria para el desarrollo de la actividad ferial, un ajuste de medios materiales y personales que sería más fácil de acometer –y de justificar– con Feria Valencia integrada dentro del sector público autonómico.
Para marcar el terreno, el subsecretario de la Conselleria de Economía ya avanzó este lunes que no está en sus planes promover ningún ajuste de plantilla en Feria Valencia a pesar de su inactividad forzosa por la covid y el incierto futuro de la actividad ferial en el escenario pospandemia. "Otra cosa es que a partir de ahora, por la situación provocada por la pandemia de la Covid-19 o por la evolución del mercado ferial, en el futuro haya que hacer alguna acción no prevista a fecha de hoy", manifestó.
Tal y como les dijo a los empresarios, la Conselleria de Economía quiere que su Decreto-Ley pueda ser aprobado de forma inmediata en el pleno del Consell, pero tramitado como proyecto legislativo en Les Corts para enriquecer su contenido con el debate parlamentario.
La norma entraría en vigor de manera inmediata y, en el plazo máximo de un mes desde su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), el parlamento valenciano tendría tres opciones: convalidarlo; rechazarlo o aceptarla como proyecto de ley y tramitarla para debatirla y modificarla y así acabar convirtiéndose en ley.
Del contenido del borrador destaca, en relación con el modelo de gobierno de las instituciones feriales, que el patronato, órgano supremo de gobierno y representación de la institución ferial, estará compuesto por un número no inferior a 30 ni superior a 60 vocales: un tercio representantes de las empresas expositoras; representantes de organizaciones empresariales territoriales y sectoriales; de cámaras de comercio; y de las administraciones públicas que no podrán superar un tercio de los miembros.
En cualquier caso, la propuesta de la Conselleria de Economía es un borrador sujeto a cambios antes de ser sometido a la aprobación del Consell. En manos de la Conselleria de Hacienda queda ahora pues la opción de aceptar el desenlace propuesto por Costa o seguir escribiendo páginas de un guión que ni empresarios ni Consell deseaban que fuera tan largo.
