Vicent Marzá, conseller de Educación. Foto: INMA CABALLERVALÈNCIA (EP). La Conselleria de Educación puso en marcha un control "específico" de las subvenciones al fomento del valenciano a empresas del hermano del 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, tras la denuncia de una extrabajadora, al margen de la denuncia del PPCV por presuntas irregularidades.
Este control se inició "nada más tener conocimiento de la denuncia" y está "a punto de concluir" en unos días. En función de sus conclusiones, la Generalitat "actuará en consecuencia" y procederá a reintegrar o no las ayudas, como ha garantizado la vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell.
Así ha valorado la denuncia interpuesta en Fiscalía por la extrabajadora y expareja del propietario de una empresa presuntamente vinculada a los negocios de Francis Puig. Esta mujer ha denunciado la existencia de una red de mercantiles con sede en Castellón dedicada a la obtención de subvenciones "de todas las consellerias posibles" mediante falsedades, según consta en la declaración que ha prestado ante el ministerio público.
Al respecto, Oltra ha hecho hincapié en que el departamento que dirige Vicent Marzà "está actuando" dentro de la responsabilidad del Consell de "velar por el buen funcionamiento de la administración pública" en la concesión de subvenciones. "Se actúa desde el primer momento que llega una denuncia privada", ha recalcado.
Por ello, a raíz del escrito que la testigo presentó ante la Generalitat, la Conselleria inició un plan de control específico sobre "estas ayudas en concreto", ya que el control general es aleatorio hasta que no hay denuncias.
Eso sí, este plan de control se lleva a cabo "al margen de la denuncia del PP" por estar judicializada, ya que Oltra ha recordado que en el ámbito penal la investigación corresponde a los magistrados. La Generalitat podría activar otro control específico si el caso fuera archivado por falta de indicios de delito, pero solo "por si hubiera alguna irregularidad administrativa" y no ilícito penal.
"Hasta que no acabe la parte judicializada, la obligación de la administración es trasladar al juzgado todo lo que le pida", ha subrayado la portavoz del Consell, insistiendo en que la Generalitat solo puede actuar en el ámbito administrativo.
Francis Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, está siendo investigado por un juzgado de València junto al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, tras una querella del PP por un presunto fraude en ayudas al fomento del valenciano.
