VALÈNCIA. La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) ha hecho públicos los resultados de un barómetro de opinión en el que han participado 350 empresas que advierte de que el 52 % de las pequeñas y medianas empresas de la Comunitat no podrá mantener el empleo dentro de 6 meses y que sólo el 40 % lo podrá hacer tras doce meses.
El 84 % de las pymes cree que si esta crisis se prolonga en el tiempo estaría en riesgo la supervivencia de su empresa y el 75 % califica de negativas o muy negativas las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con la crisis por la COVID19.
La falta de demanda, el cierre por obligación legal, la imposibilidad de llevar a cabo la actividad y la falta de suministros, han sido, por este orden, las principales causas de la reducción del volumen de ingresos por parte de las empresas, y además, las pymes de la Comunidad muestran su preocupación por la falta de liquidez, el incremento de la morosidad y la probable pérdida de clientes.
Un 46 % calcula que para poder salir adelante necesitarán una inyección de liquidez por valor de entre un 10 % y un 20 % de su volumen de facturación anual y un 33 % estima que incluso superará el 20 % del volumen de facturación.
Ante la falta de liquidez, el 51 % de las pymes ha solicitado financiación con aval del Estado, pero el 27 % asegura no haberla conseguido y un 47 % declara que la tramitación ha sido complicada.
Preguntadas por las medidas que consideran que el Ejecutivo debería aprobar para poder salir de la crisis, las pymes citan como más importantes las siguientes: la suspensión de obligaciones tributarias y cotizaciones sociales de las empresas y autónomos hasta el 31 de octubre (65 %); la aprobación de ayudas económicas directas a las pymes (59 %); la reducción de cotizaciones a la seguridad social (57 %) y la reducción de la carga impositiva a las empresas (55 %).
Apoyar a las pymes, dotarlas de la liquidez necesaria para asegurar su supervivencia y acompañarlas en el camino para superar la crisis económica generada por el coronavirus, es imprescindible a juicio de las empresas consultadas para, una vez pasada la alerta sanitaria, crear riqueza y empleo, soportar los costes sociales y contribuir con sus impuestos a la recuperación.
