El 66% de los juzgados de Valencia instruyen causas de corrupción

VALENCIA, (EFE). Al menos 14 de los 21 juzgados de instrucción de la ciudad de Valencia tienen abiertas causas por corrupción, casi cuarenta asuntos de los cuales la mitad tienen una amplia repercusión en los medios. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en algunos casos, como el de los juzgados de instrucción 15 o 21, se acumulan hasta seis de estas causas, lo que ha propiciado el refuerzo de tres juzgados (15, 18 y 21).

En el 15, el mismo que instruyó el conocido como caso Emarsa (algunas todavía se en fase de instrucción) se investiga a la exintendente del Palau de les Arts, Helga Schmidt, por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

También el conocido como fraude de las resonancias, en el que se procesa a 11 directivos de la empresa Eresa por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, dos piezas del caso Vaersa y una denuncia de Esquerra Unida por supuestas irregularidades en la Fiesta de la Cerveza, celebrada en la plaza de toros de Valencia entre 2011 y 2014.

Más causas

En el juzgado número 21, el mismo que investiga el accidente de metro de 2006, acumula las causas contra la exdirectora del IVAM Consuelo Císcar, a cuatro subdirectores y a un empresario por sobreprecio en la compra de obras de arte; además de dos piezas del caso Cooperación, una sobre las subvenciones para cooperación entre 2009 y 2011 y otras sobre las acciones de la Generalitat para la reconstrucción de Haití tras el terremoto de 2010.

En el listado de causas relacionadas con la corrupción hay asuntos tan variopintos como el supuesto amaño de un partido entre el Levante y el Zaragoza en 2011 (Instrucción 8), o una pieza sobre contratos entre Vaersa y la Fundación que organizó la visita del Papa a Valencia en 2006 (Instrucción 5) fruto de un hallazgo "casual" de la jueza de Instrucción 15.

El 18 es otro de los juzgados que recientemente se ha sumado a las causas mediáticas con la investigación del conocido como caso Imelsa, que supuso la detención del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, y del que se podrían derivar otras muchas causas. La primera de ellas, también de amplia repercusión, es la del supuesto blanqueo de 50.000 euros en el seno del PP de Valencia, una causa en la que ya se han iniciado los trámites para la investigación (anteriormente imputación) de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

Otros protagonistas de la política valenciana, como el expresident de la Generalitat Francisco Camps, o el exvicealcalde Alfonso Grau, también se encuentran inmersos en causas similares. Instrucción 2 investiga al expresident por supuestas irregularidades en la organización de la Fórmula 1, e Instrucción 19 a Grau por un supuesto cohecho en el que habrían participado también un empresario turístico con contratos en la ciudad.

En Instrucción 14 se sigue una causa contra el expresidente del Puerto Rafael Aznar, en el 12 hay una abierta por el presunto cobro de comisiones en ayuntamientos de la provincia de Valencia, en el 3 se investigan subvenciones a centros concertados para pagar como docentes a diez liberados de las patronales y en el 20 el posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Valencia para favorecer a una empresa de eventos.

Algunas no son públicas

Además, hay causas abiertas relacionadas con la corrupción, cuyo contenido no se ha hecho público, al menos en otros tres juzgados de la ciudad. Al margen de estos procesos, Instrucción 2 de Sagunto sigue la causa contra el conocido como "cartel del fuego" por la supuesta adjudicación irregular de contratos, en el que se encuentra investigado el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Serafín Castellano; y en Paterna hay abiertas causas por posibles fraudes en las subvenciones en centros tecnológicos.

Hay causas contra la corrupción que afectan a Alzira, Carlet, Benicolet, Benigànim, Albaida, Aielo, Gandia, Requena, Lliria, Massamagrell, Mislata, Moncada, Ontinyent, Montaverner, Picassent, Quart y Torrent.

Al objeto de facilitar la tarea de los jueces, el CGPJ creó hace un año la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), un servicio que ha sido solicitado por varios juzgados de Valencia y provincia y que ha permitido la llegada de medios humanos y materiales (escáner, fotocopiadoras, etc.) pero que, sin embargo, no es todavía plenamente conocido entre los jueces instructores.