El alquiler de cuadriciclos del cauce acusa al Ayuntamiento de València de "abuso de poder"

VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València anunció la pasada semana que había ordenado el cierre de la actividad de alquiler de cuadriciclos que se desarrollaba en el Jardín del Túria alegando que la empresa que prestaba este servicio había estado los últimos 15 años sin licencia. Según el consistorio, hasta el año 2006 la empresa prestó el servicio con la autorización correspondiente y habiéndose aprobado varias prórrogas, pero a partir de entonces caducó.

Una decisión que obligó a la retirada de los vehículos y otros elementos de la actividad, una actucaión en la que participaron efectivos de la Policía Local y personal del Organismo Autónomo Municipal (OAM) de Parques y Jardines dependiente del consistorio. La empresa en cuestión, Ecotours Cyclos, sin embargo, presentó un recurso contencioso-administrativo contra la medida de la administración local y ha cargado duramente contra la actuación del Ayuntamiento.

Así, el gerente de la firma, Vicente Montesinos, acusó este miércoles al Ayuntamiento de València de haber ejercido "un abuso de poder absoluto" y dejar así "a los ciudadanos trabajadores a merced de los cambios de política y criterios internos". En este sentido, la mercantil señaló en un comunicado que "durante todos estos años, se le ha permitido el ejercicio de la actividad", y hasta "ha sido reclamo para el turismo en València, por lo que es difícil creer que el Ayuntamiento n ole diera licencia".

Al hilo de ello, la empresa en cuestión señala que en 2011 el consistorio del Cap i Casal le otorgó permiso "para bajar dichos cuadriciclos en vehículo autorizado". Por todo ello, critica que el Ayuntamiento de València haya ejecutado el desalojo sin esperar a la resolución judicial tras el recurso presentado por la parte privada. "En el plazo de cinco días y sin esperar a resolución judicial, el Ayuntamiento a procedido a retirar la caseta de la empresa", critica el comunicado.

Esta forma de actuar, para la firma, es una nueva demostración de "los abusos de poder que realizan las entidades públicas". La empresa dice haberse visto obligada a presentar la demanda judicial y numerosos recursos ante el consistorio -"ignorados, como siempre"- y advierte de que estudia entablar la demanda correspondiente "por esta campaña de descrédito de la empresa y por todo el daño que se le está realizando a la empresa, la cual desconoce los motivos".