El auditor de Divalterra afirma que los contratos supusieron un mal uso de los recursos públicos

VALÈNCIA. Las declaraciones de los testigos este martes durante el juicio del caso Alquería contaron con una de cal y una de arena para los acusados. De un lado, compareció el que fuera auditor de Divalterra, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia en la que se produjeron las siete contrataciones de altos directivos entre 2015 y 2018 ahora consideradas irregulares. 

En el ejercicio de 2015, cuando se realizaron los contratos, explicó que parte de su trabajo fue colaborar en la realización de una auditoría financiera y de legalidad por parte de un auditor externo como marcaba la ley. Lo que quisieron poner de manifiesto tanto este último como él, expresó, fue que "a nivel económico no tenía sentido que, en una empresa que manejaba el mismo presupuesto que antes, los contratos de alta dirección pasasen de uno a diez". "Nosotros lo que veíamos ahí es que no tenía sentido que una empresa que utilizaba el mismo presupuesto que el año anterior tuviera una masa salarial de alta dirección que antes tenía una persona y entonces pasaba a diez. Ahí apalancas a la compañía en unos gastos fijos que para nosotros no obedecían al uso racional de los recursos públicos", detalló.  

Aunque no existió en aquel momento cuantificación sobre ese mal uso del dinero, el juez y la Fiscalía concluyeron durante la fase de instrucción de Alquería que hubo un perjuicio para las arcas públicas de 1,1 millones de euros debido a que las contrataciones únicamente respondieron a un reparto partidista entre PSPV y Compromís. Lo cual respondería a un presunto delito de malversación junto al de prevaricación. 

El auditor afirmó a continuación que se les transmitió que las siete personas que iban a contratar eran por afinidad ideológica a ambos partidos. "Al final en el día a día eso era conocido por mi y por todos, quiénes venían de parte del PSPV y quiénes de Compromís", indicó. 

El testigo señaló que no sabe quién hizo el encargo de los contratos que redactó la firma Tomarial y relató el episodio ocurrido en el Consejo de Administración de Divalterra de noviembre de 2016 en el que tenía que informar a los consejeros acerca de la auditoría que había realizado: "Dependiendo orgánicamente del Consejo, mi deber era participar y reportar. Llevamos unos materiales para explicar el trabajo que se había hecho hasta la fecha desde mi entrada. La idea era repartirlos para abordar el orden del día y exponer los puntos que ahí se describían. Yo llegué a la sala y cuando estaba repartiéndolos se acercó una persona y me dijo, en tono muy agresivo, que qué estaba haciendo. Luego dijo que el punto del día se iba a anular y no se iba abordar. Yo no conocía a esta persona y le pregunté quién era. Se encaró conmigo, frente con frente, y en tono agresivo me dijo: 'Soy Ricard Gallego, el jefe de gabinete del presidente (en referencia a Jorge Rodríguez). ¿Tienes algún problema?".

El auditor narró que, a continuación, le dijo que no tenía ningún problema y que cuando llegó el momento de exponer, Gallego iba pasando y cada vez que levantaba la cabeza le decía "hijo de puta" desde el otro lado de la mesa. Finalmente, según comentó, no pudo exponer el informe porque el presidente le estuvo interrumpiendo constantemente hasta que intervino y dijo: "creo que todo el mundo sabemos leer aquí, así que pasemos al siguiente punto".

El testigo remarcó que acabó abandonando la empresa en 2017 porque "tenía claro que allí no iba a aguantar mucho tiempo más" y se le "amenazaba constantemente" con que le "iban a despedir". 

"Los contratos se ocultaron"

Antes de él declaró el que fuera representante de Ciudadanos en el consejo de administración de la empresa pública Divalterra, Jorge Ochando, quien amplió la denuncia que dio inicio a la causa porque vio posible irregularidad en las contrataciones. En su intervención, destacó que tuvo en su poder tres informes sobre los contratos y otros salieron en prensa, de manera que comprobó que algunos eran contrarios. Decidió entonces poner la denuncia en la Fiscalía porque la ley hacía responsables a los administradores cuando se actuaba en contra de los estatutos de la empresa. "Desconociendo lo que podía pasar, y para salvaguardar mi responsabilidad como miembro del Consejo de Administración, decidí comunicar los hechos", expuso. 

Ochando comentó que hubiera votado en contra de los contratos si hubieran pasado por el Consejo de Administración y que tal vez los hubiera impugnado también, pero eso no ocurrió. En su opinión, se ocultaron porque no se dio cuenta a este órgano. "Las áreas sí que se expusieron, pero nunca de contratos de alta dirección en esas áreas", aseguró. Es decir, los que ahora se encuentran bajo sospecha. 

En su opinión, los cargos se repartieron entre PSPV y Compromís. "Comprobé en internet su procedencia y vi que ocupaban cargos en esos partidos. También se comentaba en la empresa, pero era tan fácil como mirar en internet", dijo. Igualmente, hizo hincapié en que la cogerente de Divalterra Agustina Brines (Compromís) nunca le habló de la posible ilegalidad y que tampoco contactó nunca con las personas contratadas como altos directivos. "A algunos los vi en la empresa. Cuando fueron despedidos Divalterra funcionó sin ellos de la misma manera", afirmó. 

Seguidamente llegó el turno de las declaraciones que resultaron favorables hacia los acusados. Una de las más destacadas fue la de la secretaria de José Luis Pellicer, otro de los denunciantes del caso Alquería que en aquel momento era responsable del departamento jurídico y secretario del Consejo de Administración. 

Esta administrativa se manifestó en la Fiscalía en el mismo sentido que Pellicer en 2018, cuando la causa todavía estaba muy en sus inicios, para ratificar las presuntas irregularidades. Pero el testimonio de este martes fue interpretado por los acusados como que, en realidad, lo hizo presionada por su superior y que con ello se destapa todo el "complot" contra ellos. En un momento dado, señaló, Pellicer le comunicó a ella y a su equipo que sus puestos corrían peligro. "Me dijo que gracias a él salvaríamos los trabajos. A nosotros nos trasladó que gracias a él no nos habían tirado a la calle", dijo.

La testigo apuntó del mismo modo a que el que fuera jefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera, se involucraba en todo y tomaba decisiones de asuntos laborales aunque no era su especialidad –algo que él negó durante su comparecencia–.

Otra de las administrativas expuso en la sesión de este martes del juicio que nunca se subió ningún concurso de alta dirección a la plataforma de la Diputación y que tampoco recibió indicaciones de Presidencia de que "no se publicara esto o lo otro".

Otra testigo fue una trabajadora de Recursos Humanos que, en la última fase, dependía del que fuera jefe de este departamento, Vicente Domingo, y contradijo sus afirmaciones de hace dos semanas. Mientras que este exdirectivo se desvinculó de las contrataciones, la administrativa comentó que estaba al corriente de todo, al igual que lo sabía José Luis Pellicer porque todo el mundo le pedía información.