Foto: Jorge Gil/ EPVALÈNCIA (VP/EP). El juicio del conocido como caso Alquería ha celebrado este lunes la primera de las sesiones dedicadas a los testigos tras las declaraciones de los acusados. Uno de los denunciantes, José Luis Pellicer, se ha sometido a un largo interrogatorio para desgranar el inicio de una causa que se centra en siete contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos en la empresa pública Divalterra –dependiente de la Diputación de Valencia– entre 2015 y 2018. Los investigadores creen que únicamente respondieron a un reparto partidista entre PSPV y Compromís con un perjuicio para las arcas públicas de 1,1 millones de euros.
Pellicer, responsable en aquel momento del departamento jurídico y secretario del Consejo de Administración desde septiembre de 2013, ha ratificado toda su denuncia ante la Fiscalía y ha señalado al expresidente de la corporación provincial Jorge Rodríguez. Cuando en 2015 se enteró de la intención de realizar las siete contrataciones, ha asegurado, la entonces cogerente Agustina Brines (Compromís) le informó "de que tenía instrucciones de Rodríguez de contratar a siete personas y me remarcó que ya tenía los nombres y apellidos".
En ese momento, ha proseguido, Brines le pidió asesoramiento jurídico y él le comentó de forma verbal que en la empresa pública no se podía contratar a esas personas y que había que cumplir con el Estatuto Básico del Empleado Público. Es decir, con los principios de publicidad, mérito y capacidad. Estas manifestaciones se las trasladó posteriormente por escrito en un correo electrónico en el que le manifestaba que "Divalterra no podía tener personal eventual".
Pese a las advertencias y a los "múltiples" informes en contra, ha dicho, los contratos se realizaron. Éstos "nunca" pasaron por el Consejo de Administración por decisión, tal y como ha repetido, del denominado Consejo de Dirección. Los investigadores sostienen que, en realidad, se trató de una "estructura de gobierno paralela a la auténtica voluntad del Consejo de Administración" de Divalterra y formada tan solo por los consejeros de PSPV y Compromís.
Pellicer ha indicado que todo fue un proceso de "ingeniería jurídica" del secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, porque no le consta que hubiera ningún tipo de proceso de selección o entrevista. Así, ha mencionado al exjefe jurídico de Divalterra José Luis Vera, quien le llegó a comentar que el asunto de las contrataciones era un "abuso" y que él no quería participar "en esa corrupción".
Pellicer ha apuntado que les ordenaban "absolutamente todo" y que existía un "ambiente de presión" para que no se cuestionara la legalidad de los contratos, por lo que le pidieron en varias ocasiones que informara favorablemente. "Me comentaron que ellos hacían el informe y que yo lo firmara", ha explicado. Ante lo cual, ha afirmado, Brines le llegó a decir que se buscara un abogado porque le habían trasladado que lo querían despedir.
Las presiones también vinieron, según su testimonio, por parte del exgerente Xavier Simón (PSPV): "Me presionaba muchísimo y me decía que era un compromiso de Rodríguez, que él quería comprar la voluntad de estas personas aunque sabía que no eran altos cargos. Me dijo que le ayudara a disfrazar la contratación de los altos cargos porque el presidente lo necesitaba. Me decían quiénes eran, los nombres, y me llegó a enseñar mensajes de teléfono en los que se le pedía que hiciera algo por dos compañeros del partido que estaban en el paro".
También mantuvo algunas conversaciones con Jorge Cuerda, quien le llegó a decir que las contrataciones iniciales eran ilegales pero que él las iba a hacer legales. Para ello, ha indicado que él y el otro denunciante de Alquería, José Luis Castellote tenían que hacer informes de legalidad y consignación presupuestaria.
El denunciante ha asegurado que entregó un informe contrario a las contrataciones a los dos gerentes (Agustina Brines y Josep Ramón Tíller) y al asesor jurídico exterior Santiago Blanes, que le expresó también sus dudas al respecto porque "no iban a ejercer como altos directivos". Preguntado posteriormente por las defensas si desconocía otros informes que sí que avalaban dichas contrataciones, ha explicado que su actuación inicialmente se limitó a "transmitir sus dudas a sus superiores". "¿Qué iba a hacer, inmolarme todos los días? Recurrían a mí porque era el tonto útil", ha dicho.
Precisamente fue Cuerda, según ha trasladado, quien le indicó, antes de pedir su despido en relación con las dos contrataciones de alta dirección que se hicieron en 2018, que "el presidente de la Generalitat era Ximo Puig, pero que el próximo presidente iba a ser Rodríguez. "Nos dijo que teníamos que colaborar con él para que llegase y que así ganaríamos todos", ha comentado. "Durante dos años y medio la empresa fue un auténtico caos, con intereses partidistas y personales", ha destacado el testigo.
"Intenté hablar seis veces con el señor Rodríguez. Le pregunté dos veces al señor Cuerda si era consciente de qué se hacía en su nombre y que quería hablar con él. Y me insultaba y me gritaban, una barbaridad. Un asesor del presidente me dijo que sí que estaba al corriente", ha señalado. Del mismo modo, ha narrado que el exjefe de Gabinete del Rodríguez le insultó con expresiones como "payaso" o "hijo de puta" y que le presionó tanto a él como a un auditor externo por cuestionar en un consejo los gastos de uno de los gerentes (Víctor Sahuquillo), aunque no reflejó lo que pasó en el acta.
Pellicer ha remarcado igualmente que los contratados no ejercían realmente funciones de alta dirección "de ninguna de las maneras" y que con algunos de ellas coincidía en la empresa y fichaban pero no hacían trabajos de alta dirección: "Una de ellas, por ejemplo, no llegó a desarrollar ningún proyecto por la guerra que había entre PSPV y Compromís", ha aseverado.
