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VALÈNCIA. El exresponsable de Recursos Humanos de Divalterra, Vicente Domingo, ha asegurado este martes que los altos directivos de la empresa pública investigados presumían de sus amistades políticas. Domingo ha declarado como testigo en el juicio del caso Alquería, centrado en siete contrataciones presuntamente irregulares en Divalterra –dependiente de la Diputación de Valencia– entre 2015 y 2018. El instructor y la Fiscalía creen que únicamente respondieron a un reparto partidista entre PSPV y Compromís con un perjuicio para las arcas públicas de 1,1 millones de euros.
"Era de sobra conocido que los contratados eran afines a los partidos. Unos provenían del PSPV y otros de Compromís. Los propios directores de área lo manifestaban y todos sabíamos de qué partidos eran", ha corroborado Domingo durante el interrogatorio, quien se incorporó a Divalterra en 2015. Ha puesto ejemplos claros. "Una de ellas me dijo que era cercana a Compromís. Otro que era amigo de Mónica Oltra y que ella lo había llevado allí. Otro decía que tenía amistad personal con Ximo Puig y que había trabajado en Blanqueries muchos años y en el Gobierno de Joan Lerma. Otro que tenía relación con Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación. Otro era teniente alcalde de Silla por Compromís y se ausentaba de las oficinas porque tenía que atender responsabilidades del Ayuntamiento", ha relatado.
En un momento determinado hubo un problema con un contrato puesto que figuraba como responsable de área y no como director. El contratado, ha incidido, aseguró que iba a protestar al partido porque era amigo personal de Oltra e iba a llamarla y solucionarlo "inmediatamente". Tras ello se modificó su contrato por orden de la entonces gerente Agustina Brines (Compromís).
Preguntado en concreto por el trabajo que realizaba esta persona en Divalterra, ha contestado que "no trabajaba" y que le decía que su tiempo lo ocupaba "en leer la prensa y en prepararse oposiciones.
Igualmente, ha detallado que otro de los gerentes, Xavier Simón (PSPV), le trasladó que "había que contratar a dos compañeros del partido". "El mandato venía de Jorge Rodríguez, lo manifestó sin género de duda", ha dicho.
Domingo ha señalado que "desde el principio era evidente que los puestos estaban otorgados con nombres y apellidos y que no se iba a sacar una convocatoria pública". "No se siguió el procedimiento reglamentario", ha añadido. Los técnicos, ha proseguido, tenían que "dar legalidad" a las contrataciones porque "eran ilegales". "Trasladamos que las cosas no se hacían así, pero no había intención por parte de la gerencia en solucionarlo", ha comentado.
El exjefe de Recursos Humanos ha hecho hincapié en que en los expedientes laborales de estas personas al principio sólo estaba el contrato, "estaban vacíos". "No había convocatoria, bases o currículum", ha destacado.
Al principio, los altos directivos "no fichaban ni respetaban las normas de control de presencia", ha explicado. Como consecuencia, Brines mandó un correo electrónico en diciembre de 2015 recordando la obligación de registrar el horario de todos los trabajadores. A partir de ahí, la mayoría de los altos cargos fichaban los días que iban", ha descrito.
Domingo ha manifestado, al igual que lo hicieron este lunes otros dos testigos –los denunciantes del caso– que en su etapa en Divalterra llegó a recibir "presiones" para hacer determinados contratos por parte de tres gerentes socialistas de la entidad. También que los propios altos directivos sabían que estaban allí de manera ilegal. "Cuando se pidieron los contratos tras la auditoría de 2015 era algo que los gerentes compartían con su equipo", ha dicho.
Los tres dirigente políticos, que suelen quedar asiduamente, comieron juntos este jueves en el centro de València; un encuentro que se produce tras la absolución de la exvicepresidenta del Consell y con las especulaciones sobre todo tipo de alianzas políticas en el aire