El Ayuntamiento de València congela el gasto en personal tras cinco años de subidas

VALÈNCIA. La pandemia de coronavirus obligó a dar un frenazo en muchos ámbitos. De cien a cero en apenas semanas. El Ayuntamiento de València también deberá abrocharse el cinturón antes de llegar a 2021 tras cinco años de carrerilla en el incremento del gasto en personal. El próximo año no podrá aumentarlo: lo congelará. 

Es la previsión que trazan las concejalías de Hacienda y de Personal, dirigidas respectivamente por Borja Sanjuán y Luisa Notario, para los presupuestos del año que viene. Así, la cuantía dedicada a pagar fundamentalmente salarios y complementos de los funcionarios -y altos cargos-, se quedará como en 2020: en 305,5 millones de euros.

Si bien podría deducirse que las contrataciones funcionariales también se estancarán, no será así, según apuntan desde las mencionadas delegaciones. Fuentes internas aseguran que en este panorama se podrá continuar dando entrada a nuevo personal para sustituir jubilaciones y plazas vacantes ya contempladas en las cuentas, entre otros movimientos.

Además, esta cifra podría depender también del posible incremento salarial que apruebe el Gobierno central para todos los funcionarios. No obstante, sobre ello, fuentes consistoriales apuntaron a las últimas noticias que informan de las reticencias del Ejecutivo de Pedro Sánchez a aprobar una subida salarial en una situación de crisis tras la pandemia de coronavirus. El Gobierno central también se plantea congelar el sueldo de los empleados públicos en 2021.

Con todo ello sobre la mesa, se romperá la tendencia alcista en esta importante partida, de la que ha hecho gala el actual gobierno municipal, conformado por Compromís y PSPV y liderado por el alcalde, Joan Ribó, y la vicealcaldesa, Sandra Gómez. Los dirigentes municipales han reiterado en múltiples ocasiones la carencia de personal de los servicios municipales, especialmente en algunos como los encargados de las licencias, servicios sociales o policía, y han incidido en su apuesta por engrosar las filas de funcionarios para desatascar trámites. Y en este sentido, 2021 será un año de avance más bien escaso.

Lo cierto es que la evolución en cuanto a gasto de personal del gobierno de izquierdas desde 2015 es notable. Si en 2015 la partida era de 230,7 millones de euros, cinco años después, en 2020, había alcanzado los 305,5 millones de euros, cifra sobradamente superior a la mejor época del ejecutivo local anterior, dirigido por Rita Barberá, que llegó a 257,7 millones de euros, y que en los últimos años de mandato había rebajado. Grandes números que carecen de eficiencia a juicio de la oposición, desde donde se denuncia que los servicios municipales no han mejorado, o al menos no en la misma medida en la que ha crecido el gasto.

También había incrementado el gasto en altos cargos. Sin ir más lejos, en el presupuesto de 2020, la partida dedicada a órganos de gobierno, coordinadores y directores generales se incrementó más de un 23%, pasando de 2,6 millones de euros a 3,2 millones de euros. Además del incremento en las retribuciones de estas plazas, también se debió a la previsión de nuevos siete nombramientos, fundamentalmente coordinadores. Esta cifra, según se prevé, continuará sin cambios.

Un escenario delicado

Los presupuestos de 2021 en los que se enmarca esta congelación del gasto en personal se aplicarán en un escenario delicado de merma de ingresos. Como publicó este diario, la previsión del Ayuntamiento de València es dejar de ingresar 60 millones de euros el próximo año entre impuestos y transferencias estatales, con motivo de la pandemia. 

Ante esta situación sólo queda o aumentar los ingresos -subir impuestos o recibir inyecciones extra- o rebajar los gastos -recortar-. Precisamente por ello, y de manera preventiva, la concejalía de Hacienda ha solicitado al resto de servicios que hagan sus proyecciones con recortes del 5% en su gasto, que más tarde podrían ser recuperadas en función de los ingresos previstos definitivos.

Todo ello a la espera de que pudiera llegar un fondo extraordinario del Gobierno, que estaba incluido en el decreto de remanentes aprobado por el Ejecutivo central y tumbado en el Congreso de los Diputados. La propuesta del Ministerio de Hacienda condicionaba parte del fondo de 5.000 millones a la población del municipio, y parte a los ahorros locales que entregase el ayuntamiento a la administración central a modo de préstamo. Finalmente no salió adelante con el rechazo mayoritario de todos los grupos excepto PSOE y Unidas Podemos, por lo que está por ver si hay un nuevo acuerdo en este sentido.