Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El augurio de que 2021 será un año difícil lo han interiorizado muchas instituciones. Entre ellas, el Ayuntamiento de València, que ya prepara unos presupuestos anuales para el próximo ejercicio que poco tienen que ver con los que el gobierno local de Compromís y PSPV han estado diseñando durante el pasado mandato. El cambio de trascendencia: una merma de ingresos corrientes por la crisis tras la pandemia de coronavirus que se cifra en más de 60 millones de euros.
Esta es la previsión con la que trabaja la concejalía de Hacienda, dirigida por el socialista Borja Sanjuán, de cara a las cuentas del próximo año. Y con lo que hay, se juega. Se trata de un descenso en los ingresos corrientes -impuestos, tasas municipales y transferencias del Estado- que condicionará el encaje presupuestario y el gasto que podrá llevar a cabo el Ayuntamiento del Cap i Casal en 2021.
La normativa que regula las cuentas locales sólo permite pagar el gasto corriente con ingreso corriente. El gasto corriente es el grueso del gasto total del consistorio: ayudas municipales, programas de empleo, pago de salarios, gastos menores, etcétera. Y todo ello sólo se puede financiar con este tipo de ingresos -impuestos, tasas y transferencias estatales-. Por ende, si estos últimos sufren una caída, los gastos mencionados deberían retraerse, por lo que las políticas municipales en este sentido podrían sufrir un importante varapalo, según las previsiones.
Una delicada situación que ha obligado a Hacienda a trazar un plan para evitar, o al menos amortiguar, el impacto negativo de la crisis en el gasto corriente municipal. Así, si hasta el momento el Ayuntamiento dedicaba parte de sus ingresos corrientes a pagar gastos corrientes y otra parte a pagar inversiones -nuevos equipamientos, obras o infraestructuras-, la intención del gobierno local es que en 2021 sólo financien los primeros. De manera que las inversiones se pagarán fundamentalmente con deuda, con dinero que el consistorio pedirá a los bancos.
Así, el Ayuntamiento prevé acudir al mercado del crédito y conseguir unos 55 millones de euros para pagar sus obras. La opción no es descabellada, señalan en la concejalía, dado que el consistorio tiene todavía un amplio margen de endeudamiento todavía dada su buena salud financiera, lo que además le permite conseguir unos buenos intereses. El motivo: se ha reducido la deuda de 780 millones de euros en 2015 a menos de la mitad, unos 330 millones, forzado el Ayuntamiento por las estrictas normas de estabilidad financiera de las leyes impulsadas por Cristóbal Montoro y debido al buen hacer el anterior edil de Hacienda Ramón Vilar en este sentido.
Una de las consecuencias de acudir a los créditos es que el consistorio 'perderá' un año en el camino de reducir la deuda que había emprendido. Ahora bien, esta tampoco aumentará. Los 55 millones de euros que conseguirá son los mismos que se preveían amortizar en 2021. Por tanto, se amortizará esta cantidad de deuda ya suscrita y se adquirirá nueva deuda por el mismo valor. Pero además, con esta operación se conseguirá mantener buena parte del gasto corriente y las inversiones. O lo que es lo mismo, se minimizaría el daño económico que obligaría a hacer importantes recortes en los servicios municipales.
Ahora bien, esta solución no es la panacea y las cuentas municipales todavía requerirán de ayuda si se pretende, al menos, mantener un presupuesto similar al año pasado -en torno a los 1.000 millones de euros- tras varios ejercicios de crecimiento. Existiría todavía un agujero presupuestario entre los ingresos que dejarán de entrar en las arcas municipales -más de 60 millones de euros- y la deuda que se adquirirá -aproximadamente 55 millones-.
Es aquí donde podría entrar el controvertido decreto de remanentes aprobado por el Gobierno de España. El Ayuntamiento de València tiene ahora mismo unos 32 millones de euros de ahorros del pasado ejercicio paralizados. Situación similar a la que viven la gran mayoría de entes locales -con cuantías diferentes-, dado que las leyes de estabilidad presupuestaria sólo les permiten dedicar los ahorros a amortizar deuda, a inversiones financieramente sostenibles o a pagar 'facturas en los cajones'.
La solución que ha aprobado el Ejecutivo central es que los ayuntamientos que quieran utilizar sus propios ahorros deberán entregarlos al completo en concepto de préstamo al Gobierno, que devolverá el 35% entre 2021 y 2021 -lo que para València serían unos 11 millones de euros- y el resto, a lo largo de los próximos 15 años, para poder gastarlo en diversas áreas concretas sin mayor restricción. Una medida que aún precisa de la aprobación del Congreso de los Diputados. Y allí, por ahora, todos los partidos menos el PSOE han manifestado su rechazo.
De aprobarse, la delegación municipal de Hacienda, pese a admitir que el decreto es "muy mejorable", estudia si le compensa acceder a esta medida para rellenar el mencionado agujero. Y aún así, con todo, se augura que podría existir una pequeña merma del presupuesto total. Esto es, en 2021 se espera un presupuesto restrictivo y no expansivo como en los últimos años, si bien la contracción podría ser de unos pocos millones de euros.
En definitiva, lo imprevisto que deberá afrontar el consistorio supondrá un frenazo de los últimos años en las políticas municipales. Y si habitualmente buena parte de los servicios municipales expresaban su deseo de incrementar sus partidas de gasto, el próximo ejercicio la proyección obligará a repartirse un presupuesto similar, si no ligeramente menor al anterior. Esto es, quizá habrá que debatir qué partida minora.
