VALÈNCIA. Era una posibilidad. Y así parece que será. El Ayuntamiento de València estudia ya un destino definitivo para los ahorros municipales. El jueves pasado aprobó en el pleno dedicar los últimos 32 millones de esta partida a pagar deuda, pero se guardó bajo la manga un as para poder prestarlos al Gobierno de España si éste llegaba a un acuerdo con la Federación de Municipios, como publicó este diario. Este lunes se la Federación aprobó la propuesta planteada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sólo con los votos de los representantes socialistas y con la abstención de Podemos, por lo que el consistorio, predispuesto a emplear esta cuantía con este fin, ya hace cuentas para revertir la modificación de la semana pasada.
El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pasa por que los ayuntamientos que quieran usar sus ahorros - obligatoriamente amasados y bloqueados en virtud de las leyes de estabilidad presupuestaria-, deberán prestarlos a la administración estatal en su totalidad. Un "préstamo", en palabras del propio acuerdo, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez devolverá a los entes locales en varias tandas: 5.000 millones entre 2020 y 2021 -a razón de un 40% y un 60% respectivamente-, y el restante a lo largo de la próxima década. En total, el sumatorio de todos los ahorros asciende a 14.000 millones aproximadamente.
Una medida que para la derecha se trata de una actuación confiscatoria por parte del gobierno central. Postura que en la ciudad de València defendió la portavoz del PP, María José Català, quien exigió explicaciones al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, miembro de la coalición Compromís, y le exhortó a que avance qué va a votar su formación en el Congreso de los Diputados, por donde debería pasar el decreto antes de su aprobación definitiva. Según Català, los socialistas confirmaron este lunes "la traición al municipalismo" en la Federación de Municipios al romper "por primera vez la unanimidad". En este sentido, dijo que el Gobierno pretende acometer la "confiscación de los ahorros de los municipios", un ataque a la autonomía local financiera.
Los ayuntamientos que se acojan a la medida, que saldrá aprobada próximamente en forma de decreto, podrán dedicar este dinero que les sea devuelto a tres ejes: agenda urbana y movilidad sostenible, ciudades de proximidad, y cultura. Ahora, el Ayuntamiento de València ya hace cuentas para decidir qué le compensa más: dedicar los 32 millones a pagar deuda o hacer este préstamo a interés 0 al Gobierno. Ya avanzan fuentes municipales que el cambio se hará. Ahora bien, con toda probabilidad no será un trasvase total, sino parcial: se moverá, al menos, parte de esos 32 millones de euros.
Ciertamente la jugada tiene varias derivadas y condicionantes, de ahí que tanto el alcalde, Joan Ribó, como la vicealcaldesa, Sandra Gómez, dijeron que preferían esperar a ver el contenido literal del decreto para tomar una decisión definitiva. Por un lado, si el consistorio decidiera seguir adelante con el plan de amortizar 32 millones de euros en deuda financiera, el próximo ejercicio tendría mayor capacidad de endeudamiento y además dejaría de pagar en 2021 varios millones en este concepto -aún sin concretar-. No obstante, este dinero ahorrado no podría ser destinado libremente a transferencias corrientes, explican fuentes municipales, sino que quedaría muy circunscrito a inversiones. Todo ello en un contexto en el que se deberán reforzar otros apartados presupuestarios.
En este sentido, ¿compensa más este ahorro que el dinero que pueda llegar del Gobierno de España, que tendrá una mayor libertad de gasto? Es la pregunta que se hacen ahora mismo los responsables municipales. A ojo de buen cubero, la conclusión es que lo más beneficioso es la segunda opción: pasar por el 'aro' de Montero y entregar los ahorros municipales para poder recuperar una porción a corto plazo y, sobre todo, una porción que poder gastar con mayor flexibilidad. Con todo, aún se precisa leer la literalidad del decreto y hacer los cálculos para concluir cuánto dinero se entregará al ejecutivo y cuánto a amortizar deuda.
Ribó apuntó que hay que "esperar a leer la letra pequeña" del acuerdo y recordó que lo aprobado el pasado jueves -para dedicar los 32 millones de euros a pagar deuda- es una medida reversible porque, aunque se ha aprobado, no se ha ejecutado. Fue más allá la vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez, que mostró la intención expresa de su formación de acogerse al decreto gubernamental. Lo hizo en un comunicado de su grupo municipal -y no conjunto del gobierno -, del que forma parte el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán.
De optarse por el 'préstamo' al Gobierno, el ejecutivo local deberá expresar el compromiso ante el ejecutivo de Sánchez antes del 15 de septiembre, en virtud de dicho acuerdo. Previsiblemente no sería necesario aprobar la modificación de crédito antes de dicha fecha, por lo que podría esperarse al pleno ordinario del último jueves de septiembre. Con todo, insistieron en el gobierno municipal, todavía falta saber cómo queda el texto del decreto para dar los pasos necesarios.
Para la popular Català, que Compromís y PSPV "se planteen entregar los ahorros de los vecinos de València a Sánchez es aceptar un chantaje" y concluyó que "el remanente de tesorería deber ir a reactivar la economía", un punto que "no aparece en ninguno de los conceptos de los acuerdos". Por ello, resulta, a juicio de Català, "inaudito e incomprensible". Los populares han propuesto en reiteradas ocasiones que el Ayuntamiento de València y el resto de consistorios pudieran usar sus propios ahorros sin limitaciones. Postura que de hecho ha sostenido el gobierno municipal en los últimos meses e incluso se aprobó una moción en el pleno en este sentido.
Una de las medidas más ansiadas en los consistorios también es la ayuda en forma de subvención directa del Ministerio de Transportes que dirige el valenciano José Luis Ábalos para los transportes urbanos. Tras el decreto para los transportes metropolitanos que ya fue aprobado el mes pasado, el acuerdo entre Hacienda y la Federación de Municipios se recoge un apartado concreto para este menester, en el que se incluye un fondo extraordinario de 275 millones para todos los ayuntamientos con transporte urbano con el propósito de "compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de competencia municipal producido durante el periodo de estado de alarma, así como el que se produzca hasta final del presente año 2020 por reducción de los ingresos por tarifa y costes extraordinarios que se hayan producido".
Así, se tratará de una línea de ayudas que se cargará a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que previsiblemente no llegarían hasta 2021. Además, se prevé la ampliación de estos fondos hasta 400 millones de euros "siempre que se justifique y acredite la insuficiencia de la dotación inicial para solventar los efectos derivados de dicha crisis". Ahora falta saber cómo se repartirán estos fondos entre los distintos municipios y qué grado de pérdidas alcanzan a cubrir.