VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ya trabaja de cara a la elaboración de una suerte de código ético para los responsables municipales. Un plan de integridad, según lo llama el reglamento de Gobierno Abierto consistorial, que elaborará y diseñará con la colaboración de la Agencia Valenciana Antifraude.

La concejalía de Transparencia de València, que dirige Elisa Valía, aprobó a mediados de 2020 el reglamento de Gobierno Abierto, que según la edil del ramo permite "reconocer las obligaciones" del gobierno municipal y que son, a la postre, "derechos para la ciudadanía" como el acceso a la información o la obligación a la rendición de cuentas por parte de la administración.

Es en este último extremo donde se enmarca el Plan de Integridad recogido en el mencionado reglamento. Esta iniciativa, a cuyo diseño está obligado el Ayuntamiento antes de verano de 2022, debe establecer "un protocolo para la prevención y detección de incumplimientos" dentro de la administración municipal. Y también deberá incluir "un protocolo anticorrupción" que aborde, por ejemplo, el conflicto de intereses y la actuación con "terceras partes que se relacionen con la administración", así como procedimientos para la prevención de riesgos penales.

En este sentido, este código ético deberá contemplar "un sistema adecuado de incentivos" al objeto de promover y fomentar "buenas prácticas y el debido cumplimiento" de la normativa, y facilitará al personal del consistorio la formación correspondiente. Y por otro lado, el Ayuntamiento tendrá que habilitar un canal de denuncias, tanto interno como externo, donde se garantice la confidencialidad y la protección de los denunciantes.

Asimismo, el plan prevé efectuar una evaluación periódica de las actuaciones llevadas a cabo y se podrá readaptar a eventuales cambios del panorama y de las normas legales vigentes. Todo un trabajo que la concejalía que dirige Valía pretende llevar a cabo con la ayuda de la Agencia Valenciana Antifraude.

Así consta en el reglamento de Gobierno Abierto también, donde se dice expresamente que para este plan el consistorio ha de promover "la colaboración, asistencia e intercambio de información" con la Agencia bien a través de un convenio, o mediante un protocolo de colaboración funcional.