VALÈNCIA. A un lado, representantes de Inmobiliaria Gaudalmedina (Igsa); al otro, un concejal del Ayuntamiento de València, un coordinador de Urbanismo y dos funcionarios. Un conflicto les trae a la misma mesa: el embrollo urbanístico de Tabacalera. La cita buscaba la semana pasada acercar posturas entre ambas partes en una cuestión que por ahora se encuentra en los juzgados: la firma pide a la administración municipal una indemnización de casi 53 millones de euros; el consistorio, pagarle con dos terrenos recién recalificados en el barrio de Penyaroja. Pero no hay acuerdo por el momento.
El encuentro con Igsa, confirmado por fuentes del gobierno municipal, trataba de "encontrar la mejor solución", de manera que estas conversaciones no se prevén las últimas con vistas a resolver una disputa que data de hace cinco años. Entonces, en 2016 el TSJ anuló el cambio de planeamiento que permitió al gobierno del PP entregar a la promotora dos solares residenciales en las naves posteriores de Tabacalera tras su derribo y un edificio municipal en Navarro Reverter a cambio de la nave central de la fábrica de tabacos, donde el Ayuntamiento ha ubicado parte de sus oficinas municipales.
El fallo llegó cuando Igsa aún no había podido materializar toda la edificabilidad a la que tenía derecho en virtud del convenio suscrito con el consistorio. Y desde entonces, la administración local debe resarcir a la compañía. Hace tres años, la concejalía de Urbanismo que dirigía Vicent Sarrià anunció que estaba trabajando en un nuevo convenio urbanístico para saldar la deuda con Igsa. Más tarde, el año pasado, la actual edil del ramo, la vicealcaldesa Sandra Gómez, insistía en sesión plenaria en que se estaba "gestionando" dicho acuerdo, pero lo cierto es que no se ha hecho realidad por el momento.
La idea del Ayuntamiento es entregar a la firma dos pastillas de suelo del barrio de Penyaroja. Parcelas que estaban calificadas como suelo educativo y zona verde pero que el departamento de Urbanismo ha recalificado a suelo residencial precisamente con la intención de dárselas a Igsa como compensación. Así, el consistorio ha aprobado esta operación, con la que además se adapta a la realidad actual el planeamiento de Tabacalera que había quedado anulado tras la sentencia.
Sandra Gómez. Foto: EVA MÁÑEZ
Con todo, la falta de un acuerdo para hacer realidad la liquidación de la deuda ha hecho que la compañía promotora, propiedad de la familia de Enrique Ballester, continúe reclamando su indemnización, que valora en 52,6 millones de euros. El rechazo del consistorio a hacer frente a esa cuantía con dinero de las arcas municipales ha motivado que la mercantil haya llevado a los tribunales al Ayuntamiento, como publicó Valencia Plaza a finales de 2020, por la edificabilidad que no pudo materializar con motivo de la anulación del planeamiento aprobado por el PP.
El litigio está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat emita una sentencia al respecto. Pero mientras, ambas partes negocian una resolución del conflicto en los despachos municipales antes de que la sangre llegue al río. Por un lado, queda por saber si el consistorio da algo más que los solares recalificados de Penyaroja, y por otro, si la parte privada está dispuesta a rebajar sus pretensiones cercanas a los 53 millones de euros.
Después, habrá que resolver por qué vía se liquida la deuda. La concejalía de Urbanismo, que dirige Sandra Gómez, tenía la intención de acudir a la vía de la expropiación contemplada en la legislación y que permite pagar al expropiado en especie: se expropiaría el suelo que Igsa mantiene en los alrededores de Tabacalera y en los que no pudo construir al convertirse en suelo dotacional tras la sentencia del TSJ y el consistorio le pagaría en compensación con el suelo de Penyaroja.
Sin embargo, no se descarta por ejemplo que además de estas dos pastillas recalificadas, se pudiera adoptar una solución mixta, con algo de metálico en la operación. Aunque fuentes del departamento de Urbanismo aseguraron que no hay nada decidido al respecto y que los contactos continúan entre ambas partes para encontrar la solución más satisfactoria.
La solución planteada por Urbanismo, también en el juzgado
Así pues, por el momento, lo que hay son dos parcelas que, propiedad del consistorio, se han transformado de uso escolar y para zona verde a uso residencial. Un cambio que no fue muy bien recibido por los vecinos del barrio de Penyaroja, que se constituyeron en plataforma vecinal para luchar contra la recalificación y se han estado oponiendo activamente tras tener conocimiento de las pretensiones consistoriales. Denuncian que la operación resta dotaciones al barrio y que los nuevos bloques se encontrarán demasiado cerca a otro antiguo complejo, las Naves de Cross.
Recreación del cambio de planeamiento
La plataforma vecinal ha tratado por todos los medios paralizar la modificación del planeamiento sin éxito. Según explicó en su momento el presidente de la asociación, José Tárrega, también se le trasladaron a la concejalía de Urbanismo diferentes alternativas que, a la vista está, fueron desechadas por el consistorio. Por eso la plataforma ha decidido llevar también a los tribunales esta modificación del planeamiento y para defender el recurso ha contratado a un abogado especialista en urbanismo, Alberto Llobell López.
Los costes del procedimiento judicial están siendo sufragados de forma íntegra por las aportaciones de "más de 800 familias afectadas", según la asociación, a través de sus comunidades de propietarios, así como a través de las donaciones a la causa, de la venta de lotería y del resto de acciones benéficas llevadas a cabo por la asociación.
Sandra Gómez. Foto: EVA MÁÑEZ
