VALÈNCIA. La recalificación aprobada por el Ayuntamiento de València para saldar su deuda con la Inmobiliaria Guadalmedina (Igsa) tras la sentencia de Tabacalera ha acabado, como era de esperar, en los tribunales. La Plataforma Vecinal del barrio de Penyaroja presentó este jueves por la tarde un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el cambio de planeamiento impulsado por la concejalía de Urbanismo de València, que dirige Sandra Gómez, y aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana.
Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hay que remontarse a 2005, cuando el Ayuntamiento de València, entonces dirigido por el PP de Rita Barberà, suscribió un convenio con Igsa según el cual la promotora entregaba el edificio central de Tabacalera y 14 millones de euros al consistorio a cambio de dos solares residenciales para sendos edificios en las naves posteriores de la fábrica que serían derribadas y un edificio municipal en Navarro Reverter.
A esta operación, calificada entonces como un "pelotazo" desde la oposición y el tejido asociativo, iba aparejado un necesario cambio de planeamiento y la desprotección de las naves anejas del complejo industrial para su derribo. La denuncia de la asociación Salvem Tabacalera concluyó en una sentencia del TSJ y luego otra del Tribunal Supremo que anulaban la modificación de la ordenación urbanística y el convenio que dependía de ella y que dejaban a medias las actuaciones previstas.
Para entonces, las naves ya estaban derribadas e Igsa ya había construido tanto el edificio de viviendas en Plaza América como una de las fincas posteriores a Tabacalera, y el Ayuntamiento ya usaba los edificios nucleares del complejo como oficinas. Pero la promotora se había quedado sin poder construir parte de lo previsto y por ello, en 2018, presentó ante el consistorio una reclamación por responsabilidad patrimonial que la concejalía de Urbanismo, que entonces dirigía Vicent Sarrià, rechazó pagar en metálico. Su idea es pagar la deuda a la empresa con suelo para evitar hacerlo con dinero de las arcas consistoriales.
Así pues, la solución adoptada por el consistorio -que para nada estaba prefijada en la sentencia de Tabacalera- era entregar a la promotora dos pastillas de suelo público del barrio de Penyaroja. Se trata de dos parcelas que inicialmente estaban calificadas como suelo educativo y zona verde y que, para poder dárselas a Igsa, requerían previamente ser recalificadas y convertidas en suelo residencial. Así pues, lo que hizo Urbanismo es precisamente un cambio de planeamiento que, además de transformar este suelo de Penyaroja en residencial, adaptó a la realidad actual la ordenación urbanística de Tabacalera y Navarro Reverter tras haber quedado fuera de ordenación al anularse lo aprobado en 2005.
Proyección del nuevo edificio en Penyaroja
Esta decisión no fue muy bien recibida por los vecinos de Penyaroja, que se constituyeron en plataforma vecinal para luchar contra la recalificación y se han estado oponiendo activamente tras tener conocimiento de las pretensiones consistoriales. Denuncian que la operación resta dotaciones al barrio y que los nuevos bloques se encontrarán demasiado cerca a otro antiguo complejo, las Naves de Cross. La plataforma vecinal ha tratado por todos los medios paralizar la modificación del planeamiento sin éxito. Según explica su presidente, José Tárrega, también se le trasladaron a la concejalía de Urbanismo diferentes alternativas que, a la vista está, fueron desechadas por el consistorio.
En el último pleno de aprobación de la operación, la Asociación llevó en su representación a quien fuera la líder de Salvem Tabacalera, la plataforma que batalló contra la operación aprobada por el PP, Victoria Marín, quien rechazó que para pagar la deuda fruto de la sentencia con Igsa se trasladara la edificabilidad al barrio de Penyaroja. "Si bien este Ayuntamiento no es responsable de las actuaciones del anterior consistorio, sí podemos considerarlo responsable de la actual propuesta y de sus consecuencias", aseveró Marín en este sentido.
En este sentido, la plataforma vecinal, explica, "ha tenido conocimiento de que algunos afectados, de forma particular, habrían interpuesto incidente de ejecución de sentencia" frente al fallo inicial de Tabacalera para "defender la postura que ya defendió Victoria Marín de que la recalificación no cumple el fallo", por lo que se solicita ante aquel Tribunal la nulidad de la recalificación aprobada ahora.
La asociación ha contratado para defender el recurso al abogado Alberto Llobell López, especialista en Urbanismo. Los costes del procedimiento judicial están siendo sufragados de forma íntegra por las aportaciones de "más de 800 familias afectadas" a través de sus comunidades de propietarios, así como a través de las donaciones a la causa, de la venta de lotería y del resto de acciones benéficas llevadas a cabo por la asociación.
Este jueves, la plataforma quiso manifestarse en torno a la detención del que fuera hasta 2020 el coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento, Rafa Rubio, uno de los artífices de la solución al embrollo de Tabacalera en el consistorio. En este sentido, aseveró que "existen graves irregularidades en la recalificación, alguna de ellas señaladas por el propio Síndic de Greuges" e instó a las autoridades a investigar la operación urbanística. En la misma línea, hizo un llamamiento al alcalde, Joan Ribó, a "reflexionar sobre los hechos ocurridos en las últimas horas y le exige que ejecute acciones urgentes e inmediatas de investigación y revisión de los proyectos urbanísticos en los que el excoordinador hubiere intervenido".
