El Ayuntamiento de València pagó más de lo debido sin contrato en su Punto de Encuentro Familiar 

VALÈNCIA. "Se observan indicios de que han tenido lugar conductas o hechos que podrían presentar caracteres de irregularidades administrativas graves ya que desde octubre de 2015 y enero de 2017 hasta al menos marzo de 2020, y posteriormente desde junio de 2020 se están prestando los servicios correspondientes al Punto de Encuentro Familiar de la ciudad de València [...] sin el correspondiente marco contractual".

Es lo que recoge la Agencia Valenciana Antifraude en su informe provisional -que podrá recibir alegaciones por el consistorio- sobre la gestión de este centro correspondiente al Ayuntamiento de València -concejalía de Bienestar Social- y la Generalitat Valenciana -Conselleria de Igualdad-. Se refiere a los servicios prestados por la asociación Alanna, diversos colegios profesionales y un abogado por los que el Ayuntamiento pagó 1,2 millones de euros fuera de contrato y por la vía del enriquecimiento injusto, una cantidad superior a la que jurídicamente estaba obligado a abonar según el criterio esgrimido por la Agencia.

Un convenio y un contrato que no se renovaron

Lo cierto es que la situación de la prestación de los servicios de los Puntos de Encuentro Familiar se encuentra en una situación de inestabilidad contractual, al estar la gestión en proceso de trasvase desde la administración municipal a la Generalitat Valenciana, quien tiene la competencia en este campo. Así pues, hasta 2016, la Generalitat, el Ayuntamiento, diversos colegios profesionales y el Consejo General del Poder Judicial habían suscrito un convenio para la prestación de diferentes servicios en estos centros.

En este convenio, el Ayuntamiento se obligaba, entre otras cosas, a pagar 245.000 euros aproximadamente, repartidos entre el Colegio de Abogados, el de Psicólogos, el de Trabajadores Sociales y el de Educadores Sociales. Todo ello hasta 2016 con la posibilidad de prorrogar el acuerdo durante un año. Sin embargo, la concejalía de Bienestar Social, que dirigía Consol Castillo, no hizo uso de la prórroga, y a partir de 2017 estos servicios se empezaron a realizar a través de encargos a los mismos colegios excepto al de Abogados, que fue sustituido por un abogado particular.

No obstante, según especifica Antifraude, las cuantías que se indicaban en el convenio se vieron incrementadas con este cambio "sin que medie explicación de los motivos del incremento, salvo que han aumentado los costes de personal y la utilización del PEF, pero no existe un estudio detallado de ese aumento". Además, la Agencia subraya que estos encargos, tal y como admite también el propio Ayuntamiento, "son una figura no prevista legalmente pero que se puede equiparar a la figura de la prórroga obligatoria", aunque también dice el consistorio que "no son propiamente una prórroga [...]" sino una situación excepcional en la que, pese a haberse consumido el contrato, era preciso continuar con la prestación del servicio por razones de interés público.

Todo ello, en cuanto al convenio. Y por otra parte, el Ayuntamiento de València había suscrito un contrato de apoyo y atención al Punto de Encuentro Familiar de València, que complementaba los servicios prestados por los colegios y que finalizaba en septiembre de 2015, con una posible prórroga de dos ejercicios que tampoco se ejerció. De manera que desde esa fecha, este apoyo se ha venido prestando "sin contrato" y sin que haya "quedado clara cuál fue la causa de esta decisión".

No fue hasta 2017 cuando el consistorio inició un nuevo procedimiento de contratación para este apoyo, lo cual según Antifraude manifiesta "una falta de diligencia en una prestación de esta naturaleza, tan necesaria y tan delicada" y que "en todo el proceso adoleció de una planificación deficiente y un seguimiento insuficiente".

Intento fallido de contratación de la Generalitat

Como la Generalitat Valenciana tiene la competencia en estos centros, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que lidera Mónica Oltra inició su propio procedimiento de contratación en febrero de 2018 para los Puntos de Encuentro Familiar de toda la Comunitat Valenciana, entre ellos el de València, y esperaba que en diciembre de ese año la licitación se hubiera resuelto. No obstante, advertía al consistorio de que si el contrato no estaba formalizado a esa fecha, no podría hacerse cargo del centro.

Pese a que faltaban 10 meses para que estuviera listo el contrato autonómico, el Ayuntamiento de València paralizó su propio proceso con la mala fortuna de que en septiembre, la Generalitat Valenciana desistió de su concurso tras anularlo el Tribunal de Recursos Contractuales por excluir a las empresas privadas del proceso. Desde entonces el Ayuntamiento ha solicitado a la Generalitat en tres ocasiones saber cómo está el procedimiento, que fue reiniciado recientemente. 

Durante los pagos que ha estado haciendo el consistorio sin respaldo contractual, el secretario del Ayuntamiento ha insistido en que "a la mayor brevedad, deberá procederse a la regularizar la actual situación", bien acordando con la Conselleria la asunción de los servicios, o bien retomando el trámite municipal para un nuevo contrato. También la Intervención ha apuntado varias veces en ese sentido.

1,2 millones y pagos en exceso

A la postre, desde que acabara el contrato de apoyo en 2015 y el convenio en 2016 y hasta marzo de 2020, el Ayuntamiento de València ha pagado los servicios prestados durante este período por la vía del enriquecimiento injusto, sin contrato, 550.000 euros a la Asociación Alana; 14.000 al Colegio de Abogados; 65.000 al abogado José Gabriel Ortolá; 270.000 al Colegio de Educadores Sociales;  270.000 al de Trabajadores Sociales; y 183.000 al de Psicólogos. En total, 1,2 millones de euros.

Pero va más allá Antifraude: el dinero que se ha estado pagando hasta ahora a partir de las facturas emitidas por los profesionales es mayor del que debería haber abonado, puesto que "la compensación económica por las prestaciones realizadas no debe ser igual al precio del contrato [...] porque estamos al margen del mismo, ya que no existe". Así pues únicamente se debería pagar el "valor de la prestación realizada o coste efectivo", excluyendo así el beneficio industrial que sí se contemplaría dentro de un contrato.

Antifraude recuerda también que esta vía de pago tiene un carácter "subsidiario y excepcional". Pero esto no se ha cumplido en este caso, dado que ha sido la práctica habitual durante cuatro y cinco años, legitimando pagos por encargo "al margen de dichos cauces legales, en colisión frontal con los principios" de igualdad, transparencia y libre concurrencia. Y además, el uso de este cauce "ha impedido el control de la ejecución" de los servicios prestados por los profesionales.

"La situación se ve agravada por cuanto a fecha del presente informe -diciembre de 2020- no se ha solucionado de ninguna forma ni se tiene constancia alguna de actuaciones previstas por la Concejalía [de Bienestar Social]", concluye la Agencia. Pese a todo, el consistorio no ha iniciado un procedimiento "para depurar las responsabilidades a que en su caso, hubiere lugar por parte de las autoridades o funcionarios", algo que ha pedido la Intervención. El organismo también critica que la Generalitat no haya asumido sus obligaciones desde 2018.