Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València seguirá pagando más de lo debido a los concejales con dedicación parcial hasta 2023, en contra de lo que establecen el Ministerio de Hacienda y el Consell Jurídic Consultiu, y en contra del criterio fijado por la Agencia Valenciana Antifraude en su último informe sobre los sueldos de los regidores desde 2015 hasta la actualidad. El gobierno municipal llevará al pleno el cambio del sistema retributivo, pero será de aplicación a partir de 2023, como publicó Valencia Plaza.
Hasta entonces, los ocho ediles del hemiciclo municipal con dedicación parcial, pertenecientes a los partidos de la oposición -PP, Ciudadanos y Vox- seguirán percibiendo sueldos que rebasan lo que proporcionalmente correspondería a su grado de dedicación, como lo llevan haciendo desde que se aprobara el actual régimen retributivo tras los comicios de 2019. Llegado 2023, habrán salido de las arcas municipales casi 400.000 euros por estos salarios excedentes indebidos.
El pleno consistorial aprobó entonces que los concejales rasos con dedicación exclusiva cobrarían 68.171,04 euros brutos al año, mientras que aquellos con una dedicación parcial del 75% de la jornada, percibirían 63.500,22 euros por el mismo concepto. Así pues, el sueldo real con 75% de dedicación parcial supone el 93,15% del que cobrarían con la dedicación exclusiva (100%).
Se trata de un desfase que, según la Agencia Valenciana Antifraude, no se adecúa a las directrices para la correcta aplicación de la 'Ley Montoro', que busca la racionalización en el gasto de la administración. Lo que significa que, a su juicio, estos concejales deberían percibir el 75% del salario general.
El organismo que dirige Joan Llinares incide en que "no hay proporcionalidad" entre el porcentaje de sueldo que se percibe y el porcentaje de jornada que se trabaja: "Se está abonando una retribución que excede con mucho el 75% de las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva, alterando el criterio de proporcionalidad" que a su juicio debe aplicarse.
Resulta especialmente sorprendente porque ni en 2007, ni en 2011, ni en 2015 ocurrió esto. En los respectivos acuerdos plenarios de estos años se especificaba negro sobre blanco que la retribución de los ediles con dedicación parcial "vendrá determinada proporcionalmente en razón de la mencionada dedicación". Es decir, a 75% de dedicación, 75% de sueldo. Un criterio que desapareció en 2019 sin motivo alguno, según la Agencia.
"Cuando lo considera oportuno, el Ayuntamiento refiere ese criterio de proporcionalidad para unos concejales y no para otros, sin explicar claramente la razón de dichas diferencias", asegura el informe de Antifraude, quien se remite también al criterio expresado por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y por el Ministerio de Hacienda en sus instrucciones para sustentar esta interpretación.
Lo cierto es que la ley no especifica claramente este extremo, pero el CJC es tajante al señalar que saltarse el principio de proporcionalidad va en contra de "la finalidad de racionalización y sostenibilidad de la administración local perseguida" por la 'Ley Montoro'. Misma opinión que la del propio Ministerio de Hacienda, que aclaró la mencionada ley sentenciando que el límite salarial para estos concejales "viene determinado por la aplicación del porcentaje de dedicación parcial -75%, 50%, 25%-".
El Ayuntamiento de València no está de acuerdo con estas interpretaciones y defiende que la normativa deja cierta libertad a los consistorios en este sentido, permitiendo que los sueldos para estos ediles excedan el porcentaje de su dedicación. La Agencia, por contra, incide en que si bien ni el CJC ni el Ministerio de Hacienda son fuentes de derecho, sus interpretaciones "se emiten con la finalidad expresa de interpretar y ayudar a la aplicación de la norma".
Por todo ello, entre las recomendaciones lanzadas por Antifraude al consistorio se encontraba la de aplicar esa proporcionalidad a los sueldos de los ediles con dedicación parcial. Recomendación que el gobierno municipal que dirige Joan Ribó ha aceptado pero que, como se ha dicho, se empezará a aplicar "en el siguiente expediente que se tramite a tal fin, cuando se produzca la renovación de la corporación con motivo de las próximas elecciones municipales". En 2023.
De esta manera, desde mediados de 2019 hasta 2023, ocho concejales de la oposición, con dedicación parcial, habrán percibido un salario por encima del que le correspondería si se aplicara un sistema proporcional como el que reclaman diversas instituciones al consistorio.
Si su sueldo bruto actual es de 63.500,22 euros (el 93,15% del total) con una dedicación del 75%, el salario proporcional ascendería a 51.128,28 euros, unos 12.400 euros brutos menos al año. O lo que es lo mismo: cada edil en cuestión está cobrando 12.400 euros brutos de más cada año, 49.600 sumarán por cabeza al cabo del mandato. En total 396.800 euros.
Los concejales en esta situación son, por parte del PP de València, los ediles Santiago Ballester, Juan Giner, Julia Climent y Carlos mundina. En Ciudadanos, a principio de mandato se dejó recaer la dedicación parcial en Javier Copoví, Rafael Pardo y el portavoz Fernando Giner, quien desde hace pocos meses le transfirió esta condición a Rocío Gil. En Vox, es su portavoz, Pepe Gosálbez, quien ostenta la dedicación parcial.
Todo ello se suma al grueso la cuestión, que al fin y al cabo es la madre del cordero de la investigación que ha llevado a cabo la Agencia Valenciana Antifraude y que se refiere al sistema retributivo que estuvo vigente desde 2015, cuando entró a gobernar la coalición de izquierdas -Compromís, PSPV y València en Comú- liderada por Ribó.
Entonces, para no perjudicar a la oposición se hicieron recaer las dedicaciones parciales del 75% en concejales del gobierno municipal, pero se les aplicó un complemento salarial no contemplado en ninguna normativa que, a la postre, les hacía cobrar como si tuvieran una dedicación exclusiva. Así, de esta manera, todos los concejales del Ayuntamiento cobraron el 100% del salario, pese a que la 'Ley Montoro' establece que ocho concejales deben cobrar menos por esa dedicación parcial.
Estos sobresueldos alegales costaron durante aquellos cuatro años 772.000 euros a las arcas municipales, según explica Antifraude. Los ocho concejales que, por ser tenientes de alcalde, se les aprobó este complemento fueron Consol Castillo, Sergi Campillo, Giuseppe Grezzi, Pilar Soriano, Glòria Tello –todos ellos de Compromís–, Sandra Gómez, Vicent Sarrià –ambos del PSPV– y María Oliver, de Podemos.
