El Ayuntamiento rechaza pedir responsabilidades por los pagos fuera de contrato en Deportes

VALÈNCIA. El gobierno municipal de València rechazará este viernes en la Junta de Gobierno Local la depuración de ninguna responsabilidad por las demoras contractuales que provocaron que la Fundación Deportiva Municipal abonara un total de 1,8 millones de euros a una empresa a lo largo de 35 meses sin contrato. La Agencia Valenciana Antifraude pidió al consistorio a finales de marzo, en su último informe sobre este caso, que iniciara los expedientes de depuración de responsabilidades correspondientes, una recomendación que el Ayuntamiento desestimará.

En este sentido, el área de Deportes que dirige Pilar Bernabé, señala sobre estos hechos -ocurridos bajo la dirección de Maite Girau- que los retrasos administrativos que se produjeron "no pueden atribuirse a un solo servicio en concreto, ni a determinados funcionarios, al haber intervenido varios servicios municipales y al haber concurrido un cúmulo de circunstancias que desembocaron en los hechos investigados por la Agencia, y que conllevarían, en todo caso, una responsabilidad diluida".

Así, la propuesta de acuerdo que va este viernes a la Junta de Gobierno abunda en que, además, "la concejala responsable del área en aquel momento -Girau- ya no forma parte de la Corporación municipal y el personal municipal que intervino en los expedientes actuó siguiendo las reglas que en aquel momento se fijaron desde la Corporación puesto que el mismo cauce fue utilizado en otros procedimientos similares".

Según Antifraude, la irregularidad administrativa tuvo lugar por una "falta de diligencia" en la Fundación. Así, aunque en 2018 la justicia no apreció delito, sí hubo deficiencias en la tramitación de los contratos de mantenimiento de edificios e instalaciones deportivas el pasado mandato, que desembocaron en la caducidad de la contrata y una dilación excesiva para adjudicar el servicio que, a la postre, supuso pagar más dinero del estrictamente obligatorio durante tres años.

En 2011, el Ayuntamiento de València, gobernado por el PP, adjudicó la prestación del servicio a la mercantil Imesapi por un período de cuatro años con posibilidad de prórroga hasta un máximo de dos ejercicios más. Un contrato que vencía en diciembre de 2015, tras siete meses de la entrada en el gobierno municipal de Compromís, PSPV y València en Comú y de que la socialista Maite Girau se asentara en la concejalía de Deportes y la Fundación.

La empresa, dos meses y medio antes del vencimiento del contrato, solicitó la prórroga, pero la demora del servicio de Deportes provocó que esta no llegara a tiempo. En palabras de Antifraude, las causas de este retraso "no están suficientemente explicitadas" en el expediente municipal. Al caducar la contrata por la demora, y como suele hacer la administración en este caso, prorrogó la prestación del servicio hasta que se celebrara el nuevo concurso público porque entendía el servicio de mantenimiento como irrenunciable en una ciudad como València. 

Todo ello supuso que, según Antifraude, que entre 2015 y cuando se formalizó el nuevo contrato, en 2018, durante 35 meses, el servicio se estuvo prestando "sin contrato y abonándose las cantidades correspondientes a dicho servicio recurriendo a la vía del enriquecimiento injusto". De esta manera, se abonaron cerca de 1,8 millones de euros en total.

Sobre todos los retrasos, Antifraude fue tajante y aseguraba que se evidencian "una falta de diligencia exigible e imputable al Servicio de Deportes". En definitiva, lo que la Agencia constata son "dilaciones poco justificables" sin que conste "la depuración de responsabilidades" por incumplir la normativa de buen gobierno en materia de gestión económico-presupuestaria. 

Todos los pagos mensuales que se hicieron sin contrato iban acompañados de un informe de la Intervención que "de forma reiterada han sido de omisión de fiscalización", puesto que se estaban realizando pagos por reconocimientos extrajudiciales de crédito, un procedimiento "excepcional" para "salvar situaciones irregulares viciadas de nulidad".

En este sentido, además de exigir una depuración de responsabilidades -que ahora el Ayuntamiento rechaza aplicar-, el organismo que dirige Joan Llinares también recomendaba al servicio de Deportes "planificar de manera adecuada" los contratos y elaborar, para ello, un plan anual de contratación. En este sentido, el Consistorio sí accederá y este viernes, la propuesta de acuerdo, contiene la aceptación de este punto.

Sobre ello, el acuerdo recoge que el servicio de Deportes, por sí mismo, carece de un plan anual de contratación y que tal instrumento debería tener ámbito municipal, siendo el departamento de Contratación el competente para tramitar este tipo de planes. "No obstante -prosigue-, el servicio de Deportes sí puede aportar una previsión de los contratos que han de tramitarse a lo largo de 2021, supeditados a que tengan suficiente cobertura presupuestaria; por lo que aquellos contratos previstos que no se doten presupuestariamente, no podrán tramitarse".