Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha recibido más de una quincena de solicitudes de licencias turísticas desde que anunciara el veto a los bloques exclusivos de viviendas turísticas en 37 barrios de la ciudad, el pasado 27 de marzo. Así lo muestra el listado de expedientes abiertos desde entonces en la concejalía de Urbanismo y que están relacionados con permisos para el cambio de uso o para la construcción de apartamentos turísticos, muchos de ellos para edificios completos de viviendas turísticas.
Concretamente, son 18 los expedientes abiertos en el mencionado departamento que lidera Sandra Gómez a este tipo de permisos y hasta final del mes de abril. Desde entonces y hasta la fecha, no obstante, se presume que han seguido entrando peticiones de licencia, por lo que con toda seguridad el montante total habrá aumentado. Así pues, el mero anuncio desde la concejalía de Vivienda, liderado por Isa Lozano, de la intención de implantar una moratoria a los bloques exclusivos de viviendas turísticas en buena parte de los barrios de València no ha ahuyentado a los inversores.
La idea planteada por Vivienda a finales de marzo buscaba suspender la tramitación y el otorgamiento de las licencias y declaraciones responsables de obras y actividades para la implantación de nuevos apartamentos turísticos en régimen de explotación hotelera en edificios de uso exclusivo durante dos años.
Una medida a aplicar en las zonas de València con calificación urbanística de Ensanche y también de Centro Histórico Protegido, excepto aquellas zonas que cuenten ya con un Plan Especial aprobado, como Ciutat Vella o en los próximos meses, el Cabanyal, que contienen sus propias medidas restrictivas para las viviendas de uso turístico. Así pues, este veto temporal afectaría a las zonas indicadas en el mapa, que se puede consultar aquí.
La intención era cristalina. Según Lozano, se quiere con ello "paralizar movimientos especulativos de fondos buitre y grandes corporaciones que para desarrollar su actividad expulsan al vecindario de los barrios de la ciudad", a la vista de algunos casos mediatizados como la reconversión de un edificio en la calle Túria del uso residencial al turístico. No obstante, el planteamiento original del departamento de Vivienda no se ha aprobado todavía pese a haber transcurrido casi tres meses.
El motivo no es otro que los reparos legales en la aplicación de esta medida. Entre las pegas señaladas en su momento por la concejalía de Urbanismo estarían que la herramienta pensada por Vivienda limitaba la competencia en una actividad económica concreta sin haber constatado previamente una saturación en aquellos barrios en los que se va a aplicar la limitación. Asimismo, señalaban que los organismos reguladores exigen que la moratoria sea el último recurso y que antes de aplicarla se haya hecho uso de las diferentes herramientas que tiene la administración para rebajar la presión sobre la vivienda como la construcción de vivienda pública.
En este sentido, la concejalía de Vivienda, tras confirmar estas discrepancias jurídicas, señaló que es una medida viable, pero ambos departamentos trabajan de manera conjunta para buscar el mejor acomodo legal de la moratoria. Para ello, la intención es hacer una zonificación previa para determinar en qué barrios se podría aplicar y en cuáles no. Ahora bien, si algo hay claro es que barrios como el de Russafa entrarán seguro.
Pero desde que se anunció el veto y hasta que se empiece a aplicar, los bloques exclusivos de pisos turísticos continúan proliferando en el Cap i Casal. El Ayuntamiento de València continúa tramitando licencias solicitadas por empresas y grupos de inversión para convertir edificios enteros en bloques para apartamentos turísticos o para construir otros nuevos. Prueba de ello son las licencias que tramita Urbanismo desde que se anunciara la medida.
También hay otros proyectos más avanzados. Un ejemplo, como publicó Valencia Plaza, se puede ver en la céntrica calle de Russafa, en una ubicación muy próxima a la calle de Colón y a la Plaza de Toros de València. Allí el servicio de Actividades del Ayuntamiento tramita, en cumplimiento de la regulación vigente, el proyecto de un edificio de apartamentos turísticos que se pretende ubicar en el número 22 de la mencionada vía, que estaría afectada por el veto temporal.
