El baile de cifras de Taula: ¿20 o 100 millones en mordidas?

VALENCIA. ¿Cuánto dinero se ha robado del erario público en el marco de la 'Operación Taula'? ¿A cuánto ascienden las mordidas? Esa es una de las preguntas claves de la que, hasta ahora, es la mayor operación contra la corrupción de la historia de la Comunitat.

Según afirmaba el magistrado instructor en un auto emitido el pasado febrero, la cifra de dinero robado a todos los valencianos estaría entre los 10 y los 20 millones de euros por ahora. Dicha cifra, nada desdeñable por otro lado, no tiene nada que ver con la que el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, asevera que se sustrajo.

Tal y como Valencia Plaza publicó, el autodenominado yonki del dinero asevera que solo en la empresa pública Ciegsa se pagó en mordidas el 2 por ciento de todos los contratos, lo que supondría alrededor de 80 millones de euros. A eso habría que sumarle lo que salga de la investigación alrededor de Imelsa y los contratos del Ayuntamiento de Valencia, lo que podría suponer más de 100 millones de euros.

Medios humanos y materiales

Fuentes de toda solvencia vinculadas a la investigación de la operación Taula aseveran que “todos los contratos derivados de estas empresas públicas, así como los gestionados por la Diputación están bajo la lupa de los investigadores”.

Entonces ¿por qué las cifras son, al menos, cinco veces inferiores a las aportadas por Benavent? La respuesta es sencilla pero muy dura. No hay medios ni materiales ni humanos para poder abordar una operación como esta. Las unidades de investigación especializadas están desbordadas.

Los agentes han mirado e investigado los contratos “más gordos”, aquellos que más dinero público han costado o que más sencillos eran de investigar. A día de hoy, ni la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ni sus compañeros de azul, la UDEF, tienen suficiente personal para poder entrar hasta el fondo de un tema tan complejo como este.

El problema básico es que estas unidades policiales tan específicas necesitan gente muy preparada, no cualquier policía o guardia civil tiene los conocimientos adecuados para realizar la investigación y, a eso, hay que sumar que desde el Ministerio del Interior no se dota de suficiente personal a estas unidades. Habría que preguntar quién sustituye a los agentes de baja por enfermedad o a las agentes de baja por maternidad.

Más casos

Valencia Plaza ya denunció una situación de paralización de una causa de corrupción por el colapso y las bajas en el personal de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) y, al parecer, con la Operación Taula está sucediendo lo mismo que con la UDEF. La unidad de la UCO que investiga la causa está saturada, no puede abarcar más de lo que ya hace, un trabajo impecable pero que si se tiene en cuenta la declaración de Benavent se queda corto, muy corto.

Ante esta situación, el magistrado instructor y el fiscal Anticorrupción no pueden hacer nada, ya que ellos son los directores de la orquesta y los garantes de la legalidad, pero ninguno de los dos es el ministro que debe aprobar el refuerzo de estas unidades tan especiales.