VALÈNCIA. Este viernes el pleno del Consell aprobará los dos decretos anticrisis elaborados por el Govern del Botànic con el objetivo de hacer frente a los problemas económicos y energéticos derivados de la invasión rusa a Ucrania. Al menos, eso es lo previsto, dado que ambos documentos recibieron luz verde este jueves en el denominado 'consellet', la reunión de subsecretarios que precede al encuentro del Ejecutivo, si bien todo es posible después de las dificultades atravesadas con estas medidas en las últimas semanas.
Así, cabe recordar que el llamado decreto ómnibus está en el candelero desde hace un mes. Desde el Gobierno valenciano, más en concreto desde la Presidencia que dirige Ximo Puig, se decidió el impulso a esta herramienta legislativa con el objetivo de introducir cambios que agilizaran la implantación de plantas de energía renovables. Una maniobra dirigida a sortear algunos problemas en la agilización de trámites para la implantación de estas infraestructuras y que, además, cobraba un especial sentido político con la crisis energética abierta por la guerra en Ucrania.
No obstante, se decidió que este decreto -que tenía su semilla también en cambios en la Conselleria de Justicia relacionados con la función pública- podía servir de contenedor para otro tipo de medidas de distintos departamentos. O lo que es lo mismo, la iniciativa terminó por convertirse en una especie de Ley de Acompañamiento B, que viene a ser un cajón de sastre legislativo en el que se incluyen distintos tipos de acciones de gobierno por la vía rápida, desde medidas sociales para ayudar a las familias y personas más vulnerables, hasta cambios en Vivienda o Memoria Democrática.
Tal y como informó este diario, de entrada la negociación no fue fácil. Los socios del PSPV en el Ejecutivo, Compromís y Unides Podem, pusieron sus pegas por las prisas emanadas desde Presidencia, lo que retrasó un par de semanas su llevada al pleno del Consell. Finalmente, el pasado 1 de abril, no sin ciertos apuros y confusión, el decreto fue aprobado por el Ejecutivo.
No obstante, pasaron los días y el documento no se publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), sin que el Consell diera explicaciones claras de los motivos para el retraso en la publicación del texto. Finalmente, según publicó Las Provincias días atrás, un informe de 116 páginas de la Abogacía cuestionaba diversos aspectos del decreto que atañían, entre otras cuestiones, a modificaciones sobre la publicidad institucional, sobre los cambios en la Ley de Memoria Democrática y en la Ley de Vivienda, o también respecto a la creación de una agencia de control alimentario, entre diversas cuestiones.
Pese a estas observaciones, los borradores que circulaban este mismo jueves por la tarde del macrodecreto y a los que tuvo acceso este diario, revelaban un texto muy similar al que en teoría fue aprobado el 1 de abril. En este sentido, altos cargos del Consell consultados por este diario señalaron que las observaciones de la Abogacía se habían "justificado", por lo que el grueso y fondo del decreto no ha cambiado, aunque no descartaban variaciones puesto que, en la tarde noche de ayer todavía se estaban realizando ajustes.
Por otro lado, el Consell también da luz verde este viernes al decreto-ley que permitirá aplicar una rebaja del 10% en todas las tasas y precios públicos de la Generalitat de aquí a final de año. Esta medida, anunciada por el presidente de la Generalitat a principios de mes e incluida en el Plan Reactiva, pretende atenuar el impacto de la elevada inflación al beneficiar directamente a más de 1,3 millones de habitantes.
La medida implica una merma de ingresos para las arcas públicas valencianas de entre 30 y 40 millones de euros. La bonificación, de carácter temporal, afecta a las tasas aplicadas por la administración, pero no a las de las entidades del sector público de la Generalitat sujetas al derecho privado: entidades de derecho público entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones.
Las tasas objeto de bonificación son de todo tipo y están vinculadas a un gran número de prestaciones y actos, desde las que se pagan por servicios administrativos como la inscripción en libros oficiales o expedición de certificados hasta las que se aplican por el uso de bienes de dominio público de la Generalitat, pasando por las de ordenación de instalaciones y actividades industriales, energéticas y mineras, entre las 70 tasas reguladas en la Ley 20/2017 de 28 de diciembre.
Se quedan fuera las las tasas por servicios universitarios, gestionadas directamente por las propias universidades y cuya cuantía se fija por los órganos colegiados correspondientes. No obstante, de acuerdo con el objeto del decreto, el presidente de la Generalitat anunció este jueves que para el curso 2022-23 se aplicará una rebaja del 10% en las matrículas universitarias que beneficiará a unos 132.000 estudiantes de grado, máster y doctorado en las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
Para las tarifas portuarias por servicios a la pesca fresca y acuicultura marina se establece una exención de seis meses, así como para las tasas por uso y ocupación de las instalaciones para la primera venta de pescado fresco, que quedan excluidas de la reducción general del 10%. Según Ximo Puig, esta medida beneficiará a 700 armadores, 1.700 marineros y 17 cofradías.