Foto PEPE OLIVARESVALÈNCIA. Un decreto ley que debía servir para pulir algunos detalles de la Ley de Función Pública tras el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat en la comisión mixta que tuvieron hace un mes, va camino de convertirse en un 'macro decreto' en el que se pretende que entren materias muy diversas, entre otras la implantación de las energías renovables. Pero tanto Compromís como Unides Podem han pedido tiempo al PSPV para estudiar con detalle un texto muy complejo por afectar ahora a áreas, consellerias y temas muy diversos, de personal de la administración a las minas. Las propuestas, además, les empezaron a llegar a principios de semana y por partes, cuentan.
Ambas formaciones creen que el texto está muy verde en algunos puntos para que este viernes llegue al pleno del Consell, remarcan que habría que justificar la urgencia de todo el contenido y recuerdan que, en cualquier caso, depués debería pasar por Les Corts sin posibilidad de ser enmendado. No hay demasiada controversia en lo referente a función pública pero sí en otros aspectos.
Falta por ver si el 'macro decreto' llega este jueves al 'consellet', la reunión preparatoria del pleno, y se frena ahí (como pasó con el tema del personal del revertido hosital de Torrevieja) o si los socialistas lo dejan para más adelante y no lo presentan. Ambas formaciones aseguran que no hay tiempo material para un acuerdo en cuestión de horas y que dejarlo pasar sin acuerdo puede traer problemas después. Al afectar a cuestiones energéticas, en el PSPV también entienden que, aunque por su parte creen que podría estar maduro, se puede esperar a las conclusiones del Consejo de Europa este viernes para hilar más fino.
Más allá de la que la intención de los socialistas sea buena, los socios minoritarios del Botànic recelan, sobre todo, de los cambios que se quieren introducir en el articulado del decreto 14/20 para la instalación de plantas de energías renovables, incluido el tamaño máximo o la pérdida de protagonismo de los Ayuntamientos en la autorización final. No creen que estén bien encaminados en algunos casos
También ven con preocupación que se quiera usar esta vía para cambiar, por ejemplo, la compleja Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, la LOTUP, que el BOE publicó hace apenas unos meses (en julio de 2021) y que tanto costó de crear pues hubo que poner de acuerdo muchas sensibilidades e intereses para lograr un equilibrio.
En ambos casos, defienden los límites que se pusieron en su día y remarcan que no ha habido demasiados proyectos rechazados por estas normas y que si los ha habido hay que centrarse en sus carencias y no en las de los tetxos legales.
En cambio, desde las empresas interesadas y desde parte del Consell se asegura que la tramitación para la implantación de estas plantas es demasiado compleja, dado que pasa por tres consellerias (Economía, Territorio y Transición Ecológica) y que habría que agilizarlo. Desde el PSPV estarían dispuestos a hacerlo y también a planterarse aumentar el tamaño máximo de estas plantas. El hecho de que sólo haya instalados 1.600 MW de los 10.000 MW que se ha fijado como objetivo para cumplir con la transición energética en 2030 o los cerca de 300 expedientes que dicen hay atascados corroboraría la necesidad de esos cambios para esa parte.
