El Consell firma con Podemos el acuerdo de Presupuestos de la Generalitat de 2019 (Fotos: EVA MÁÑEZ)
VALÈNCIA. PSPV, Compromís y Podemos lograron este martes un acuerdo para aprobar el Presupuesto de la Generalitat de 2019 tras varios días de negociación de tan alto voltaje que por momentos -siempre hay emoción con este Consell- se temió que el Govern del Botànic no sería capaz de salvar su último presupuesto. El titular de Hacienda, Vicent Soler, llevará este miércoles a Les Corts unas cuentas que, según trasladan fuentes del Ejecutivo, se han cuadrado a base de incluir ingresos del Estado que la Generalitat no tiene garantizados, como los 300 millones por la atención sanitaria a pacientes de otras comunidades (FOGA) pendientes desde hace años o los 250 millones adicionales por liquidaciones pendientes del IVA de 2017.
También se han vuelto a incluir en la previsión de ingresos otras partidas como los 300 millones de euros de las liquidaciones sanitarias de los que el propio Consell ya ha reconocido que no va a poder ingresar al menos 117 en la información que está obligado a facilitar al Ministerio de Hacienda dentro de los controles financieros periódicos. A todo ello hay que añadir los 1.325 millones "ficticios" según la oposición y "reivindicativos" según el Consell, que las cuentas incluyen como transferencia del Estado pero que el Estado no contempla transferir.
Se trata de unas cuentas en las que el criterio de prudencia se ha supeditado a la urgencia por sacar adelante un presupuesto de tinte electoralista que en conjunto sube nada menos que un 9% y con un horizonte temporal de apenas cinco meses. Eso supone unos 1.800 millones más de gasto sobre el de 2018, que fue de casi 20.000 millones. De no haber contemplado esa bolsa de ingresos prometidos pero no asegurados por el Gobierno de Pedro Sánchez, la alternativa hubiera sido prorrogar las cuentas, un escenario difícilmente justificable políticamente por un Consell que ha dedicado no pocos esfuerzos a gestionar sus discrepancias internas.
Solo de esa manera se ha conseguido dejar razonablemente satisfechos a los consellers de PSPV y Compromís, atender las peticiones de su socio parlamentario Podemos y, sobre todo, satisfacer las elevadas exigencias de la vicepresidenta y consellera de Igualdad Mónica Oltra, cuyas aspiraciones han tensado extraordinariamente la negociación en las últimas horas.
El panorama comenzó a despejarse el lunes por la tarde-noche tras un cara a cara entre Ximo Puig y Mónica Oltra en el que la vicepresidenta comenzó a virar a favor del acuerdo tras arrancar al president algunos millones adicionales a costa de restárselos a otras conselleries. Sirven como muestra los 150 millones de euros que la Conselleria de Igualdad ganó a costa de restarlos del presupuesto de Sanidad.
Así, el departamento que dirige la socialista Ana Barceló se vio obligado a recortar este mismo martes sus previsiones de ascenso de un 5% a un 3%, o lo que es lo mismo, de 350 millones de euros a 200 millones para satisfacer las posiciones de la vicepresidenta sacrificándolas de las grandes partidas de esta cartera. Un 'tijeretazo' que, sin embargo, no evita un aumento del presupuesto de una conselleria que ha crecido 1.200 millones de euros respecto a las últimas cuentas que aprobó el PP para 2015.
Con este último empujón logrado por Oltra, el presupuesto de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se elevará en 2019 un 27% respecto al de este año, de manera que la vicepresidenta podrá presumir de haber casi duplicado sus recursos desde el inicio de la legislatura. No extraña, por tanto, que fuentes de su departamento reconocieran ayer a este periódico estar satisfechas con el desenlace y apuntaran a la gestión de la dependencia y a la renta valenciana de inclusión como principales destinatarias de las partidas.
Una suerte de café para Oltra cuadrado a costa de incluir todos los recursos que el Gobierno central se ha comprometido a transferir a la Comunitat por insistencia de Compromís, que ha reclamado al PSPV que mantenga con Pedro Sánchez el mismo tono reivindicativo que hubiera adoptado si Mariano Rajoy siguiera en la presidencia.
Además del notable avance que se produce en la Conselleria de Igualdad, el Presupuesto que la Conselleria de Hacienda presentará este miércoles también contempla una subida relevante en el capítulo 1 –gastos de personal– como consecuencia de la asunción de personal que ahora depende de terceras empresas como los bomberos forestales de Tragsa, el personal de las residencias de diversidad funcional que se integrará en el IVASS o los trabajadores de las resonancias magnéticas que realiza la UTE Erescanner Salud.
La negociación del presupuesto entre PSPV, Compromís y Podemos se ha visto complicada este año, además, por el pulso que arrastran la Conselleria de Hacienda y la vicepresidenta del Consell a cuenta de asuntos pendientes relacionados con las empresas públicas. En concreto, por un decreto de homologación salarial del personal del IVASS, dependiente de la Conselleria de Igualdad, y otro decreto impulsado por Presidencia para la creación de una sociedad mercantil 100% que se subrogue a los bomberos de Tragsa.
Tal y como ha venido informando este periódico, Presidencia tiene listo desde hace un par de semanas la norma que permitirá la creación de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) para subrogarse a los bomberos forestales y cumplir el compromiso de mejorar un 30% su salario por haber asumido más competencias.
A pesar de que la fórmula cuenta con el respaldo de los sindicatos pero Compromís ha paralizado la aprobación de este decreto en los dos últimos plenos del Consell al no estar de acuerdo con la solución diseñada por la Conselleria de Hacienda.
La coalición propuso que se creara una entidad pública empresarial de carácter no mercantil como paso previo a la integración de los bomberos en la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias como personal a extinguir. Esta fórmula, tal y como ha alertado tanto la Abogacía de la Generalitat como el Consell Jurídic Consultiu (CJC) supone una puerta de entrada alternativa a la administración pública de trabajadores que no han superado ningún proceso selectivo, ya que sus plazas no pueden sacarse a concurso.
La última condición que Mónica Oltra ha puesto para apoyar la solución que propone Presidencia consiste en que la Conselleria de Hacienda dé el visto bueno a su vez a un decreto que Oltra lleva meses intentando sacar adelante para subir sueldos en el IVASS, cuya plantilla está compuesta mayoritariamente por mujeres y donde existen grandes diferencias salariales porque coexisten varios convenios colectivos.
A principios de este año, la Conselleria de Hacienda tumbó un decreto-ley diseñado por Igualdad para acabar con esa brecha salarial ante las reservas manifestadas por la Abogacía de la Generalitat sobre la legalidad del texto elaborado por Oltra para la "adecuación retributiva" de las empleadas encargadas de atender a personas con diversidad funcional.
Fuentes del Consell indicaron a última hora de este martes que los dos decretos han sido incluidos en el orden del día de la reunión extraordinaria del Consell de este miércoles para cumplir el pacto de aprobarlos a la vez, pero no se descarta que vuelvan a caerse por falta de algunos informes.
Pese a todo, el acuerdo de Presupuestos que el Consell escenificó este martes con Podemos sí incluye la reclasificación del personal del IVASS para eliminar las diferencias salariales.
Además del Presupuesto de la Generalitat de 2019, el Consell también aprobará este miércoles el proyecto de la Ley de Acompañamiento tras realizar las modificaciones oportunas que permitan salvar las observaciones esenciales que el CJC ha planteado a la legalidad del texto.
Las dudas del ente se centran en el "conflicto jurídico" que puede originarse al incorporar a las empresas públicas a como personal a extinguir a cientos de empleados de empresas privadas sin ningún tipo de prueba de acceso. Por ello, el Consell va a retirar los puntos en conflicto y va a introducir otros como la exigencia de que cualquier expediente de rescate de un servicio público privatizado deba justificarse con informes de "viabilidad económica".
