VALÈNCIA. A izquierda y derecha. La presión sobre los socialistas valencianos vuelve a acrecentarse en lo que se refiere a la eternamente pospuesta reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014 y cuya modificación se encuentra varios meses atascada en el Ministerio de Hacienda que lidera su compañera María Jesús Montero.
Así, el PSPV que encabeza el también presidente de la Generalitat Ximo Puig sufre ahora los rigores de las expectativas creadas pero no satisfechas. Desde que el Gobierno envió en diciembre –con días de retraso sobre lo prometido– a todas las CCAA su propuesta de lo que podría ser el "esqueleto" del futuro sistema, no solo no ha habido más avances, sino que se multiplican los indicios que apuntan a que el asunto quedará de nuevo olvidado en un cajón.
El movimiento del Ministerio de Hacienda, especialmente celebrado por los cargos socialistas en el Consell, parecía la evidencia de que, esta vez sí, el Gobierno de España caminaba con paso aparentemente firme hacia el cambio de un modelo que año tras año castiga a la Comunitat Valenciana como la región peor tratada junto a Murcia en financiación por habitante.
Las CCAA presentaron sus respectivas alegaciones al proyecto del Gobierno en enero y quedaron a la espera de que Montero, a través de la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se sentara a dialogar sobre una propuesta final de nuevo modelo. Este paso, de momento, no se ha producido ni tiene visos de producirse a corto plazo, ya que el departamento de Montero ni siquiera ha dado respuesta a las alegaciones.
La Comunitat Valenciana, especialmente interesada en que el los factores demográficos se impongan sobre los geográficos en el cálculo de la población ajustada para repartir los recursos en el futuro sistema, fue una de las más diligentes para plantear sus alegaciones a una propuesta que consideraron poco consistente desde el punto de vista técnico.
Casi tres meses después de recibir las alegaciones, el Ministerio de Hacienda continúa instalado en el inmovilismo. Las alegaciones autonómicas están siendo "analizadas" desde hace semanas, pero aún no hay fecha para contestar ni visos de que el Gobierno vaya a dar el paso de poner sobre la mesa una propuesta concreta para comenzar a buscar el consenso necesario para la reforma.
"No hay novedades", reconoce al respecto el departamento de María Jesús Montero. A preguntas de Valencia Plaza, Hacienda explicó que trabaja "en busca del mayor consenso", pero subraya que este "no depende únicamente del Gobierno". "También depende de las CCAA y del PP, dado que gobierna en varias comunidades", añade el ministerio en alusión a la división que existe entre las propias comunidades sobre las líneas maestras del futuro modelo.
Pero los hechos recientes demuestran que la reforma parece haber caído de la lista de prioridades de los dos grandes partidos, sin cuyo concurso será imposible alcanzar la mayoría cualificada que requiere esta reforma. El asunto ni siquiera se puso sobre la mesa en la reciente reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición y nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Los motivos son varios: en primer lugar, ambos saben que varias de las autonomías que gobiernan sus partidos prefieren no abrir ese melón en este momento; en segundo, las cercanas elecciones en Andalucía –probablemente antes de verano– y las siguientes autonómicas de 2023, aconsejan evitar los volantazos políticos o posiciones contradictorias dentro de un mismo partido en función del territorio.
Ahora bien, presidente del Gobierno sólo hay uno y ese es Pedro Sánchez. Que a Feijóo, que además encabeza el frente de autonomías que defiende criterios distintos para el reparto que la Comunitat Valenciana, no le convenga enfrentarse al debate, resulta secundario ante la responsabilidad que ostenta el Ejecutivo actual en manos de la formación socialista y de Unidas Podemos.
No obstante, los socialistas valencianos tratan de poner el foco en el líder de la oposición en esta situación de bloqueo. El propio portavoz de Hacienda del PSPV en Les Corts, José Muñoz, afirmó este miércoles que el Gobierno "ha cumplido" con el compromiso de presentar un borrador sobre el que tienen que definirse el resto de autonomías y partidos, para puntualizar que Feijóo ha venido apostando por una financiación autonómica "absolutamente contraria a beneficiar a los valencianos".
No obstante, los que siguen añadiendo presión a los socialistas son, precisamente, sus socios de Compromís. La síndica de este grupo, Papi Robles, anunció este miércoles la presentación de una proposición no de ley (PNL) urgente para su debate en el próximo pleno, con el objetivo de "escenificar" la unidad de Les Corts y retomar los acuerdos alcanzados para reformar la financiación. "Continuamos poniendo encima de la mesa la coherencia que debe tener cualquier representante del pueblo valenciano", reivindicó, para proponer un encuentro en mayo de diputados y senadores valencianos para coordinar acciones al respecto. "Compromís no es parte del gobierno en Madrid, le damos apoyo en algunas cuestiones. Los acuerdos siempre los cumplimos y así se lo pediremos al PSOE y a Unidas Podemos", resaltó.
En esta misma línea, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, anunció ayer que si el Gobierno no cumple con la financiación autonómica, la coalición le retirará su apoyo. "Es escandaloso y, lo peor, previsible, la facilidad que tienen PSOE y PP para ponerse de acuerdo en perjudicar, una vez más, a la ciudadanía valenciana aplazando la reforma de un sistema de financiación que lleva más de ocho años caducado", aseveró.
Por su parte, la portavoz de Unides Podem, Pilar Lima, criticó que el bipartidismo "una vez más" hablara pero no acometiera "ningún hecho" en materia de financiación, cuando es una reclamación "que viene de décadas y afecta a los servicios públicos". Sobre esto, lamentó que PSOE y PP decidieran "posponer este debate en Madrid", si bien conviene puntualizar que su formación forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Si estas andanadas hacia los socialistas llegaron desde sus socios, más fuertes si cabe fueron las críticas del PP que, a través de su portavoz de Economía, Rubén Ibáñez, tachó de "ridículo" el papel de Ximo Puig y su intento de "buscar culpables a su fracaso". Además, recordó que Compromís dio su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a cambio de un fondo de nivelación de 1.336 millones, de la reforma de la financiación y de que llegara el 50% de fondos estatales para el gasto de dependencia, algo que "tampoco ha llegado".
En la Conferencia de Presidentes de enero de 2017, el entonces jefe del Gobierno Mariano Rajoy puso sobre la mesa la reforma del sistema. Sin embargo, y aunque se iniciaron los trabajos en comisiones de expertos, fue la situación convulsa en Cataluña lo que sirvió de excusa para que el Ejecutivo del PP evitara acometer la remodelación. Es más, sólo hay que acudir a la hemeroteca para recordar que, entonces, Rajoy ponía la misma excusa que ahora los socialistas: necesitaban que el otro partido mayoritario se implicara en la reforma.
Finalmente, la moción de censura de junio de 2018 terminó con Pedro Sánchez al frente del Gobierno. Inicialmente descartó acometer la reforma dada su precaria mayoría parlamentaria y pospuso este debate para después de las elecciones. No obstante, la llegada de la pandemia postergó de nuevo la reforma y, ahora, las razones de oportunidad política ya empiezan a asemejarse a las mismas por las que el PP no quiso acometer la remodelación desde 2014.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral