El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz nació con un cometido bien claro: evitar que los casos de malas prácticas vuelvan a darse en las instituciones valencianas. Por eso, desde su departamento se ha emprendido una serie de medidas para elevar al máximo los controles en la administración pública. Uno de los proyectos que contempla toda la telaraña contra los abusos que está tejiendo el Consell es el denominado Buzón Responsable y de Buen Gobierno, más conocido como "Buzón Anticorrupción".
El departamento de Alcaraz sacó a exposición pública este jueves y hasta el próximo 15 de diciembre el proyecto de decreto que regula, según el propio preámbulo de la normativa, "una alternativa fiable al silencio de aquellas personas conocedoras de malas prácticas en el ámbito de la Generalitat y su sector público instrumental". Un mecanismo de carácter telemático con afección sobre las personas jurídicas relacionadas con la administración que clasificará las denuncias según sean atribuibles de malas prácticas en la administración o conlleven una actuación de posible corrupción.
La normativa, no obstante, va más allá, ya que el buzón será capaz de discriminar si los comportamientos dudosos denunciados constituyen una mala praxis administrativa o pueden suponer un caso de conflicto de intereses, es decir, de incompatibilidades. En caso que se ha fijado como una práctica de presunta corrupción, según el asunto denunciado, será enviado a la Agencia Antifraude o a la Fiscalía Anticorrupción.
El proyecto diseñado por Transparencia establece que los mensajes recibidos a través de un determinado formulario serán gestionados a través de un centro director que, según el artículo 8 de la normativa aún en período de exposición pública, será el órgano competente de gestionar esta herramienta electrónica contra el fraude. La ley, sin embargo, no concreta si se tendrá que crear específicamente, aunque sería dependiente de subsecretaría de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación de Alfonso Puncel.
Una vez se reciban los mensajes, este sistema telemático se encargará de determinar qué mensajes son verídicos y cuáles son denuncias falsas. De hecho, tal como establece el artículo 13 de la normativa "únicamente se admitirán las comunicaciones que contengan una descripción suficiente que permita identificar la conducta y que resulte verosímil". En el mismo decreto ley, se destaca que no se aceptarán aquellas "carentes de fundamento o notoriamente falsas" ni las que carezcan de "contenido esencial, contengan lenguaje inapropiado e insultante, sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado".
Para garantizar el buen funcionamiento de las denuncias presentadas y el estímulo de los ciudadanos a presentar una en caso de observación acreditada de malas praxis, el buzón garantiza la confidencialidad de los denunciantes. "La persona que realiza la comunicación tiene derecho a un canal seguro de comunicación, en el que se garantice la confidencialidad de las comunicaciones y de la identidad de la persona que expone los hechos sobre los que alerta", recoge el texto. De hecho, también se garantiza que los datos sean "tratados exclusivamente por el personal encargado de las tareas de comprobación y de formular la recomendación, salvo que resulte procedente la comunicación de los hechos y de las persones responsables, por motivos de una eventual responsabilidad disciplinaria y penal". Es decir, la garantía de confidencialidad "no impide la cesión de datos que sean requeridos por los juzgados y tribunales".
Con la misión de proteger al denunciante, como ya hace la nueva normativa de la Inspección de Servicios de la administración pública, este decreto asegura "la protección eficaz de la integridad laboral" del denunciante. Todo, para impedir que pueda sufrir "represalias, discriminación, ni cualquier otra consecuencia profesional que implique acoso o cualquier efecto negativo". Además, se garantiza la "protección de sus derechos, sin que se puedan derivar consecuencias lesivas para su esfera personal o profesional". El denunciante, a su vez, también tiene derecho a recibir información del resultado de las actuaciones.
No en vano, el anexo del proyecto recoge que los datos especialmente protegidos serán los referidos a "la ideología política, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, el origen racial o étnico, la vida y la orientación sexual, la violencia de género, los datos genéticos y biomédicos, los que afecten a menores, los que impliquen riesgos para la seguridad personal de la persona afectada, los que afecten a la exclusión social, vulnerabilidad o supuestos equiparables".
Ahora bien, ni los afectados ni los denunciantes tendrán capacidad de interponer "un recurso administrativo, ni el ejercicio de acción o reclamación a la que tengan derecho las personas que las formulen". ¿Los motivos? Según la norma, "las comunicaciones efectuadas a través del Buzón Responsable y de Buen Gobierno no comportan la incoacción de un procedimiento administrativo, ni tampoco tienen el efecto de presentación en el registro de la Generalitat".
La creación de un fichero para poder poner en marcha el buzón, sin embargo, tendrá que contar con el visto bueno de la Agencia Española de Protección de Datos, que será notificada. Además, la la creación del buzón comportará que los "órganos directivos competentes en materia de transparencia y de sistemas de información y de comunicaciones planificarán conjuntamente el desarrollo de las medidas que deben adoptarse para la creación y puesta en marcha".
Según la ley elaborada por Transparencia y siempre asegurando la confidencialidad, el departamento en honor a su nombre publicará una memoria anual que contendrá el número de comunicaciones recibidas, el sentido de la tramitación, los órganos receptores de las mismas, el ámbito subjetivo por colectivos y el ámbito objetivo por materias de las denuncias. También se publicarán las recomendaciones propuestas para las conductas de mala praxis detectadas. Una herramienta más para combatir las irregularidades en la administración valenciana.
