VALÈNCIA. Las novedades del caso Taula vuelven a marcar el calendario político del PPCV. La afirmación bien podría recordar a los vaticinios de cara a las elecciones de 2019 años atrás. Y si algo enseñó aquel momento es que las especulaciones no se cumplieron y que cualquier plazo que se tenga en mente puede saltar por los aires. Lo cual no obsta para que se hayan de tener en cuenta las probabilidades.
La pieza A de la causa, la más mediática por sus protagonistas, llevaba con la instrucción parada desde diciembre de 2018. En ella se investigaba el presunto blanqueo de capitales en el seno del grupo municipal popular en 2015 y afecta a medio centenar de personas, entre ellas exconcejales y exasesores. Además, incluye otras operativas para la financiación de las campañas de 2007 y 2011.
Hace pocas semanas tomó un nuevo impulso. El juez dictó el auto de procedimiento abreviado con el procesamiento de los acusados y, posteriormente, se conoció el escrito de calificación de la Fiscalía Anticorrupción con la petición de penas y de apertura de juicio oral.
Los siguientes pasos resultan indeterminados en cuanto a plazos, aunque en todo caso abarcarán las próximas semanas. Las partes ya han presentado sus recursos ante el juzgado y están haciendo lo propio ante la Audiencia Provincial, que habrá de resolverlos. La cuestión resulta de relevancia por el pronunciamiento de la Audiencia, que puede ratificar o no la decisión del juzgado de Instrucción número 18. Si lo hace, todo seguirá hacia adelante.
Mientras esto ocurre, el juez tendrá que dictar el auto de apertura de juicio oral contra los acusados. No tiene por qué esperar a lo que diga la Audiencia.
En el caso de que todo quede confirmado y cuando los recursos estén respondidos, habrá de fijarse la fecha juicio. Algo que con toda seguridad tardará meses en conocerse. Y aquí es donde entran en juego los cálculos de calendario.
El primer juicio de la macrocausa de Taula, que se divide en más de una decena de piezas, se celebrará en un total de 19 sesiones distribuidas entre mayo y junio de 2022 tras conocerse los procesamientos a comienzos de este año. Por lo que el cálculo del relativo al del presunto blanqueo apunta a que podría irse a mediados de 2023, año electoral. De manera que puede afectar a los comicios autonómicos, municipales –si los anteriores se adelantan– o ambos.
Son muchos los condicionantes para que esto, desde luego, se cumpla. A lo que se añade que puede producirse cualquier retraso o contratiempo. Y, aunque muchos creen que la corrupción ya ha pasado toda la factura que tenía que pasarle al PPCV en lo que a votos se refiere, resulta evidente que un juicio de estas características por esas fechas entraría de lleno en la campaña y el discurso político. El escenario es completamente abierto, pero las fechas ya están en las cabezas de algunos dirigentes populares.