La Fiscalía sostiene que el PP "consintió" la financiación en B de las campañas de València

VALÈNCIA. Anticorrupción desgrana en su escrito de acusación de la pieza A del caso Taula una mecánica de desvío de fondos, donaciones de empresarios y obtención de dinero de forma ilícita para sufragar las campañas del PP en València de 2007, 2011 y 2015. Operativa que, sostiene, se realizó con el consentimiento del propio partido. 

La Fiscalía pide por estos hechos 15 años de cárcel para el exvicealcalde de la ciudad Alfonso Grau por un delito de blanqueo, un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de cohecho; 7 para la que fuera secretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García Fuster, por blanqueo y un delito continuado de cohecho; y 4 años para un total de 45 personas vinculadas al PP, entre ellos los exediles y exasesores de la última etapa de Rita Barberá frente al consistorio, por blanqueo. A los cuales añade una multa de 100.000 euros. 

Para los exresponsables de las empresas municipales José Salinas (Fundación Turismo Valencia Convention Bureau) y Juan Eduardo Santón (Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento) solicita cinco años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos. Además, las peticiones de responsabilidades civiles para que estos tres últimos indemnicen al Ayuntamiento ascienden a 1,74 millones de euros. 

Por último, para el PP como partido –procesado por primera vez como persona jurídica– solicita una multa de 146.000 euros por un delito de blanqueo de capitales. 

"Operativa criminal"

El escrito de Anticorrupción en el que pide la apertura de juicio oral para todos ellos llega tras el auto de procesamiento del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del caso Taula. Una macrocausa que, por ahora, consta de más de una decena de piezas separadas. La A ha sido la más mediática por las personas a las que afecta (medio centenar). La parte fundamental se centra en el presunto blanqueo de capitales cometido en el grupo municipal popular en 2015 con la entrega de una donación de mil euros para la campaña electoral que posteriormente les habrían sido devueltos en billetes de 500. Pero las operativas también abarcan las elecciones de 2007 y 2011. 

La Fiscalía expone cómo las investigaciones llevadas a cabo desde 2014 por la Guardia Civil "han permitido desentrañar una operativa criminal de entregas de dinero por empresarios con fuerte vinculación contractual con el Ayuntamiento de València, así como el desvío de fondos públicos provenientes de fundaciones y asociaciones" creadas en el seno del consistorio. 

Así, apunta a la "obtención y disposición de dinero en metálico de procedencia ilícita vinculado a dádivas, premios, gratificaciones o regalos que eran entregados en consideración a las funciones que desempeñaban altos funcionarios y dirigentes pertenecientes al grupo municipal popular". Éstos habrían sido gestionados en parte en efectivo y en parte a través de una cuenta abierta que permanecía oculta a cualquier control financiero, "bien del PP, a pesar del conocimiento de su existencia, bien de la Intervención Municipal", señala la Fiscalía. Todo lo cual, prosigue, habría permitido al partido presentarse a las elecciones municipales de los años 2007, 2011 y 2015 "sufragando gastos electorales al margen de la debida contabilidad que debía entregarse al Tribunal de Cuentas". 

En los años que debían celebrarse comicios, Anticorrupción sostiene que se producía "la puesta en marcha de una maquinaria dedicada, por una parte, a obtener dinero de forma ilícita y, de otra, a hacer aflorar dicho dinero de manera que se desconociese en realidad el origen delictivo del mismo, fundado en el clientelismo político y la corrupción que imperaba en el Ayuntamiento de València, dominado en exclusiva por el Partido Popular". 

Las investigaciones efectuadas y centradas en los años 2007, 2011 y 2015 revelan, expone, "un patrón de comportamiento que difiere en algunos aspectos en la forma de obtención de dinero de procedencia ilícita y en la manera que dicho dinero era aflorado para integrarse en el circuito económico". Para ello se habrían empleado en algunas ocasiones empresas y en otras mecanismos de lavado de capitales. 

Aportaciones de empresarios y entidades municipales

Como ya se ha ido conociendo a lo largo de toda la instrucción, la Fiscalía detalla que en el año 2007 el grupo municipal popular utilizó los servicios de la empresa Laterne, dirigida por el fallecido Vicente Sáez Tormo (amigo íntimo de Grau). Junto a ella, gestionaba otras sociedades creadas "con fines puramente instrumentales que carecían de cualquier actividad real y de trabajadores para cumplir los contratos que se realizaban". 

A través del entramado mercantil de Vicente Sáez y empleando a dichas sociedades, Anticorrupción cree que Alfonso Grau "desvió fondos públicos y canalizó las generosas aportaciones que realizaban empresarios que contaban con importantes contratos con el Ayuntamiento de València". Cantidades que eran solicitadas por el exvicealcalde desde sus diversos puestos de responsabilidad en el consistorio y como persona fuertemente vinculada a Rita Barberá al tener "poder para favorecer o perjudicar contrataciones en el caso de no atender a sus solicitudes dinerarias".

Ese dinero concluye que, por un lado, fue a parar a financiar parte de la campaña electoral del PP en la ciudad y, por otro, "se incorporó al patrimonio de Alfonso Grau y de su amigo y socio Vicente Sáez".    

Junto con dicho entramado societario, Anticorrupción hace hincapié en que el grupo municipal aparece en esta causa como instrumento del PP para eludir los controles del Tribunal de Cuentas en materia electoral y del propio postulado de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Así, tenía una cuenta abierta controlada y gestionada por Mari Carmen García Fuster en la que aparecía también como autorizado Grau. En ella "se ingresaban cantidades de origen lícito e ilícito, así como dinero en efectivo procedente de comisiones y gratificaciones que se realizaban por particulares, principalmente empresarios, en atención de las funciones públicas desempeñadas o como recompensa de la adjudicación de contratos del Ayuntamiento".

Transferencias de la cuenta opaca a la del partido

Cuenta opaca, remarca la Fiscalía, "consentida por la dirección provincial del PP, dado que contribuía a sufragar gastos electorales del partido al margen de la contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas para su fiscalización". Y desde la cual se realizaron transferencias mensuales desde diciembre de 2006 a julio 2013 a la cuenta que tenía abierta el partido a nivel provincial. Esta sí, oficial.

Los gastos declarados para toda la provincia de Valencia ascendieron en esa campaña a 133.762,76 euros. Cantidad que, recuerda Anticorrupción, "no se correspondió con los gastos electorales reales en que incurrió el PP ni con los proveedores elegidos y que fueron deliberadamente ocultados".

La real, de acuerdo con el escrito, oscilaría entre los 2.683.750 euros y los 2.380.903 euros. Y fue sufragada tanto por el metálico entregado por las empresas adjudicatarias de importantes contratos con el Ayuntamiento de València a través de Grau como por dinero público distraído desde las fundaciones y asociaciones por supuestos trabajos realizados por Laterne. Concretamente, el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), la Fundación para la Innovación Urbana (Fivec) y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau. 

"Pese a la ingente cantidad de dinero que por parte de las asociaciones y fundaciones públicas fue detraído de su finalidad y del dinero entregado a Alfonso Grau por los empresarios, no alcanzó a costear la totalidad del gasto electoral. Fue entonces cuando éste exigió nuevamente a diferentes empresarios que le suministrasen dinero para pagar la deuda generada, de tal forma que, gracias a su cargo y funciones desempeñadas en el Ayuntamiento, obtuvo 350.000 mil euros en metálico que entregó a su asesor personal", indica Anticorrupción. 

"Clientelismo político"

El escrito prosigue con la operativa del año 2011, cuando el presupuesto que fijó el grupo municipal popular ascendía a 214.698 euros al margen de la contabilidad oficial del partido. "En esta ocasión, el exvicealcalde de València fue designado nuevamente coordinador de campaña en la ciudad. Habiendo desparecido la empresa Laterne y dejando a los trabajadores sin abono de parte de sus salarios y el resto de sociedades creadas, contrató a la agencia de comunicación Trasgos". 

La mercantil, señala la Fiscalía, también formaba parte de un entramado empresarial. Los pagos se cargaron a la cuenta opaca del grupo, que volvió a nutrirse de "cantidades de procedencia ilícita correspondientes al clientelismo político instaurado en el Ayuntamiento de València". El dinero recaudado de esta forma entre el 22 de julio de 2010 y el 13 de mayo de 2011 asciende a un total de 174.856, 80 euros contabilizados como aportaciones CyA (“colaboradores y allegados”), metálico que era ingresado por ventanilla por García Fuster. 

"Pese a la existencia de una causa judicial abierta en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la que se investigaba, entre otros, el delito electoral de las municipales del año 2007, nada hizo el Partido Popular para investigar las cuentas , financiación y gestión electoral por cuanto era el beneficiario real", afirma Anticorrupción.

"La actividad delictiva fue consentida por la dirección del PPCV, que ninguna actuación eficiente y eficaz tomó ante la situación por el evidente beneficio electoral que le había reportado"

Por último, se encuentran los comicios de 2015. En esta campaña se fijó para toda la provincia de Valencia como límite de gasto electoral la cantidad de 140.000 euros. La cual fue "ampliamente sobrepasada por medio de la contabilidad en B que llevaba el grupo municipal procedente de la actividad delictiva, consentida por la dirección del PPCV, que ninguna actuación eficiente y eficaz tomó ante la situación por el evidente beneficio electoral que le había reportado", expone el escrito. 

La Fiscalía incide en que el grupo poseía una capacidad económica importante: manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos y recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes. En definitiva, "disponía sin el debido control del PP, que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos para conocer de dónde salían los recursos económicos dados los resultados electorales que cosechaba gracias a las ingentes sumas de dinero que invertía en las campañas electorales, al menos desde el año 2007". 

Para Anticorrupción, ante la necesidad de "aflorar el dinero negro en metálico procedente de la actividad delictiva desplegada en la contratación del Ayuntamiento para utilizarlo en los gastos de la campaña electoral", decidieron usar el llamado "pitufeo". Así, emplearon a un número reducido  de personas "para que realizasen aportaciones dinerarias fraccionadas y no de elevada cuantía para no levantar sospechas en los reguladores financieros y, de esta forma, poder introducir en el circuito financiero el dinero ocultando su origen". Una determinación que "sólo pudo partir de los cargos más antiguos y relevantes dentro del grupo, afines a la alcaldesa Rita Barberá".

Aquí es donde se habían producido las donaciones de 1.000 euros por parte de medio centenar de personas –entre ellos concejales y asesores– que posteriormente les habrían sido devueltos en billetes de 500. "Los acusados realizaban las entregas sabedores de que se les devolvería con el metálico que disponía el PP y procedía de la actividad delictiva que se desplegaba en el seno del grupo a través de las operativas de captación de fondos descritas", asegura la Fiscalía. 

"La falta deliberada de control del PP ha permitido la utilización de fondos de procedencia ilícita no sólo para sufragar gastos electorales, sino para dar cobertura a operativas de blanqueo provenientes de comisiones por favores políticos"

En su opinión, el PP "no sólo no ha realizado ningún control efectivo que le hubiera permitido de forma sencilla conocer la cuenta opaca que llevaba el grupo, sino que pese a la propia normativa legal de la Ley de Financiación de Partidos Políticos no cuenta con ningún programa de cumplimento normativo de prevención de la comisión de delitos". Tampoco "se ha interesado por conocer la financiación y efectivo gasto electoral en la provincia de Valencia pese a ser conocedor de las investigaciones judiciales en este sentido", destaca.

Una "falta deliberada de control y de cumplimiento legal" que ha permitido "la utilización de una cuenta abierta con el nombre del grupo para ingresar fondos de procedencia desconocida e ilícita". Y utilizarla, añade, "no sólo para sufragar gastos electorales, sino para dar cobertura a operativas de ingreso en el circuito económico de cantidades provenientes de comisiones y dádivas como consecuencia de la adjudicación de contratos o favores políticos por los dirigentes del partido en el Ayuntamiento, creando un clima de desconfianza hacia las instituciones".