El CEU también pide la suspensión cautelar del veto a las prácticas en hospitales públicos

VALENCIA. La Universidad CEU Cardenal Herrera también pidió la suspensión cautelar de la decisión de la Conselleria de Sanidad Universal que ponía coto a la realización de prácticas universitarias a los estudiantes de la rama sanitaria de las universidades privadas en los centros sanitarios de la red pública. Lo hizo una semana después que la Universidad Católica, quien este jueves recibió la contestación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV) aprobando esta petición. 

Sin embargo, al ser recursos contencioso-administrativos planteados de forma individual, cada universidad afectada tendrá que recibir la contestación del TSJCV para que de forma judicial esa decisión tenga validez. No sirve un recurso presentado a una universidad para aplicar la misma situación a la otra, pero es de esperar que a supuestos similares reclamados la postura del alto tribunal para el CEU sea similar. 

"Coincidimos con el Tribunal Superior de Justicia al estimar como irreversible el daño que la decisión de la Generalitat podría ocasionar a los alumnos de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de las universidades privadas de la Comunidad Valenciana", apuntan fuentes de la Universidad CEU. Sin embargo, destacan que en ningún momento las prácticas de esos estudiantes han estado comprometidas, aunque su organización presentaba "muchas dificultades de gestión". 

No obstante, esperan que el recurso presentado por la universidad tenga una respuesta similar por parte del TSJCV a la Universidad Católica a pesar de que esperan seguir manteniendo conversaciones con la Conselleria de Sanidad para encontrar un marco definitivo para desarrollo de las prácticas de los estudiantes de Medicina y Enfermería. 

Además, reconocen que las líneas de trabajo abiertas en junio y julio por el CEU van a seguir su curso, desde los acuerdos con los hospitales privados y de concesión administrativa, hasta las nuevas aulas de simulación para la realización de prácticas dentro de la propia universidad. "Del mismo modo, seguiremos trabajando por defender los derechos de nuestros alumnos en cualquier escenario en el que se vean amenazados".

La Generalitat no cede ante la suspensión cautelar

La Generalitat Valenciana también anunciaba este jueves que la suspensión cautelar dictada por TSJCV será recurrida por la Abogacía de la Generalitat basándose en distintos hechos y fundamentos jurídicos, que son los que han defendido desde que empezaran a defender su postura. La primera es la Ley 53/84 de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, apuntan.

Esta norma impide que profesionales de la Sanidad pública puedan ejercer un trabajo en su horario laboral, -tutelar a estudiantes- para centros privados. Que dicho profesorado prestara sus servicios en horario de trabajo para alumnos de un centro privado había originado una situación anómala y manifiestamente irregular. 

Otro marco normativo al que aluden es el Real Decreto 420/2015, de obligado cumplimiento, que obliga a reformular los conciertos entre las universidades y la Administración para regular las prácticas. El citado real decreto, en su disposición final tercera establece que "un hospital universitario solo podrá estar vinculado por concierto o convenio a una universidad para la impartición de una misma titulación". 

La Generalitat también alude a otra serie de irregularidades que, según apuntan, están resolviendo. Los convenios de colaboración vencidos y sin vigencia, circunstancia que se puso en conocimiento de la Universidad Católica de Valencia el 31 de mayo de 2016. "La falta de vigencia de los mismos no ha sido objeto de alegación alguna por parte de la citada universidad", reprochaban. 

También destaca la inexistencia de comisiones mixtas, como las que sí existen en las universidades públicas, "que permite un marco de relación transparente y de diálogo entre las dos partes". Se suma a ello la realización de prácticas en hospitales públicos sin participación de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES), órgano competente en la materia; o el nombramiento de profesorado sin pasar por procesos reglados y selectivos mínimos.  No obstante, insistieron en que velan por que todos los alumnos que ya han comenzado sus estudios puedan acabarlos y no se vean perjudicados por "el sistema irregular de prácticas que existía".