Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. El Consell Jurídic Consultiu dictaminó por unanimidad el pasado 21 de abril que "sin perjuicio de la competencia de la Diputació de València para adoptar, en última instancia, la decisión que estime más oportuna, razones de prudencia aconsejan, en el estado actual de la actuación de la Variante Sur de Pedralba, suspender o desistir de dicha actuación".
Esta es la respuesta a la consulta que lanzó el presidente, Toni Gaspar, para tratar de adoptar la mejor solución sobre un proyecto aprobado hace siete años y que se ha ido enquistando, fundamentalmente por la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria que tramita la Conselleria de Medio Ambiente.
Aun así, el órgano consultivo ha sido tajante en cuanto a que la actuación "cumple con todos los requisitos legales para llevarse a cabo", si bien aconseja a la institución provincial no continuar con las actas de ocupación de terrenos y el posterior inicio de las obras ante la aprobación de un nuevo PORN que previsiblemente "obligaría a paralizar las actuaciones".
El Consell Jurídic Consultiu tiene en cuenta las advertencias que la conselleria lanzó a la Diputació en diversas cartas, donde admitían el "amparo normativo suficiente" para llevar adelante la ejecución de la obra, aunque instaban al área de Infraestructuras a considerar otras alternativas y aludían a la "responsabilidad y altura de miras como promotor" del propio diputado.
El responsable provincial de Carreteras, Rafa García, ha defendido siempre, al igual que sus antecesores, la necesidad de seguir adelante con este proyecto de Variante Sur con el fin de "dar respuesta a la demanda de las vecinas y vecinos de Pedralba, que quieren desviar el tráfico de su municipio para vivir más tranquilos y seguros". No obstante, ante la incertidumbre que genera la tramitación del PORN y la respuesta del Jurídic a la consulta realizada por el presidente, el titular de Infraestructuras cree que es momento "de no precipitarse y actuar con criterio y sentido común".
"Por fin tenemos un criterio jurídico claro sobre el futuro de la Variante de Pedralba", apunta García, quien considera que el dictamen "saca a la Diputación de la inseguridad jurídica provocada por la indefinición de la Conselleria de Medio Ambiente, y aporta la seguridad que no hemos tenido como administración en los últimos años".
El diputado de Carreteras descarta la posibilidad de que la obra entre en colisión con el futuro PORN del Turia, atendiendo la recomendación del Jurídic, y avanza el escenario que se abre desde este mismo momento, que no es otro que "trabajar para solucionar de forma urgente el grave problema que sufren las vecinas y vecinos de Pedralba, impulsando unas obras que saquen el tráfico del casco urbano, como hemos hecho siempre".
El dictamen no solo constata que el proyecto de la Diputación es "acorde con la legalidad medioambiental" sino que afea a la Conselleria la omisión de respuesta a la corporación provincial cuando esta solicitó, en marzo de 2019, la revisión de los informes favorables oportunos para continuar la tramitación tras el fin de los tres años de suspensión cautelar previstos por la ley, como consecuencia del inicio del proceso de modificación del PORN del Túria.
A pesar de todo, el Jurídic tiene en cuenta las advertencias del 13 y el 18 de noviembre de 2020 de Medio Ambiente a la Diputació, en las que se deja entrever que el nuevo PORN podría tumbar el proyecto que hoy se ajusta a la legislación vigente. "Tal advertencia justificaría la no continuación por la Diputación del proyecto de ejecución, atendido que el interés que prevalece no es otro que la protección y conservación del medio ambiente, principio previsto en la Ley 21/2013".
Con este escenario, y para evitar una hipotética Declaración de Impacto Ambiental desfavorable en un futuro, el CJC ofrece a la Diputació dos posibles vías que igualmente plantean detener el proyecto. La primera sería desistir de la Variante Sur de Pedralba aprobada en noviembre de 2014, forma jurídica que conllevaría la indemnización a la mercantil que fue contratada para ejecutar las obras. Este gasto se sumaría al medio millón de euros que lleva invertidos la corporación entre los costes de desarrollo del proyecto y el retraso en los plazos de ejecución.
También podría la Diputación, en opinión del Consell Jurídic, suspender temporalmente la actuación mientras se produce la aprobación definitiva del PORN del Túria, lo que permitiría mantener vivo el proyecto y considerar otras alternativas en función de las nuevas determinaciones del PORN, "en el caso que fuera jurídicamente posible".